A 24 horas de escuchar el veredicto que absolvió a los ocho acusados del caso SQM, el abogado Ciro Colombara, quien representó a Marco Enríquez-Ominami, reflexiona sobre lo que fue una investigación que se extendió por más de 10 años.

Para Colombara no fue sorpresivo que la jueza presidenta del tribunal, María Teresa Barrientos, hiciera un duro reproche a la Fiscalía por la extensión del juicio, ya que había interpuesto más de una acción en ese sentido. “Son cuestiones básicas en un Estado social de derecho”, dice en diálogo con La Tercera.

Más allá del resultado del fallo, ¿usted esperaba que el tribunal hiciera esta crítica sobre la extensión del tiempo?

Sí, porque nosotros, incluso desde antes de que comenzara el juicio oral, señalamos que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el plazo razonable es un derecho fundamental en el caso de las personas que son acusadas de delitos. Son cuestiones básicas en un Estado social de derecho. Al comienzo del juicio oral interpusimos los recursos de amparo que llegaron a la Corte Suprema, señalando la violación al plazo razonable. Lo señalamos en el Tribunal Constitucional también y presentamos un requerimiento de inaplicabilidad a propósito de la obligación inicial de que las personas acusadas estuvieran presencialmente durante todo el juicio. Afortunadamente, también tuvimos resultados favorables en el Tribunal Constitucional. Incluso hace tres años presentamos este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está tramitando el caso, como violación al plazo razonable como parte de los derechos humanos de las personas acusadas.

Pero en esa extensión de tiempo también hubo solicitudes de la defensa, entre medio estuvo la pandemia. ¿Hay responsabilidad compartida en esta extensión?

No, en absoluto. Primero, dentro de las premisas del plazo razonable, no se le puede reprochar a una persona que se ha acusado injustamente de un delito, una persona inocente, defender sus derechos. En segundo lugar, no es cierto que la pandemia haya impedido avanzar en este caso. De hecho, durante la pandemia nosotros tuvimos otro juicio oral, defendiendo el señor Marco Enríquez-Ominami de una acusación también falsa. Y ese juicio fue un juicio en que los jueces estuvieron por Zoom.

¿Cuál cree usted que fue la principal complejidad que tuvo su representado en este caso?

Soportar una acusación injusta basada en una motivación política, haber destruido o intentado destruir su imagen personal, política, familiar, mediante acusaciones falsas, con filtraciones a la prensa, con afán de figuraciones de algunos de los abogados de la Fiscalía, sobre todo en los inicios del juicio. Después, la demora creo que tiene otras explicaciones, como, por ejemplo, la decisión de agrupar casos disímiles respecto de personas que nada tenían que ver y con conductas que nada tenían que ver entre sí. Decisión que tomó el abogado Pablo Gómez (exfiscal regional) en el año 2018. Esta en la génesis del comienzo de la irregularidad de este proceso.

¿Quién tenía esa motivación política?

Se tomó la decisión de dejar fuera del caso a algunas personas como la expresidenta Bachelet o el expresidente Piñera, e involucrar directamente al señor Marco Enríquez-Ominami. Y excluir a personeros políticos tanto de izquierda como de derecha que estaban exactamente en la misma situación. En ese minuto, la investigación estaba a cargo de Pablo Gómez. Eso evidentemente responde a una motivación política. No hay ninguna justificación racional o jurídica para frente a la misma situación o conducta formalizar algunos, incluso sin querella del Servicio de Impuestos Internos.

Ayer usted habló de estudiar acciones, ¿piensa demandar al Fisco?

Nosotros, desde hace mucho tiempo venimos iniciando acciones en el sentido de que esta era una acusación falsa. Dicho eso, lo que debe ocurrir ahora es que el Ministerio Público investigue las actuaciones de algunos de sus miembros, algunos de los cuales aún están en el Ministerio Público y otros ya no están, con el objeto de establecer las infracciones o las causas de las irregularidades en esta investigación. Y, obviamente, en el caso que corresponda aplicar las sanciones. Nos parece que el Ministerio Público institucionalmente debe hacerse cargo de esto. Ese es uno de los pasos y evidentemente vendrán más acciones, pero lo inmediato quien tiene que responder por lo que ha ocurrido institucionalmente es el Ministerio Público.

¿Quién debe hacerse cargo de este fracaso para las pretensiones de la Fiscalía?

La Fiscalía tiene que investigar y sancionar a los responsables internos de las irregularidades del caso SQM. Establecer la irregularidad y sancionar a los responsables que aún están en el Ministerio Público.

¿El exfiscal Pablo Gómez debería hacerse cargo del fracaso para la Fiscalía en este caso?

Entre otras personas, sí. Pero no solo él.

¿El exfiscal nacional Jorge Abbott también?

Eso va a ser parte de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. Es natural que lo haga después de lo que ocurre.

Volviendo al caso en sí, ¿cree que la Fiscalía pueda recurrir de nulidad?

Tienen el derecho a hacerlo. Esa es una decisión autónoma, pero tengo la certeza de que en este juicio no hubo ninguna causal para que se anule.

Ayer el exfiscal Carlos Gajardo planteaba que el veredicto instala una idea de impunidad en casos que involucren a políticos. ¿Qué piensa usted de esta idea de que la justicia no es igual para todos?

En este caso es absolutamente falso. La tesis de que estas conductas en que se pretendió reprochar el financiamiento legal de la política son un delito o una infracción tributaria, pues es errónea. Esta es la génesis de estos casos, y los tribunales, incluso la Corte Suprema, lo han dicho no una, sino muchas veces. De manera tal que todo parte de una premisa errónea. Sobre las opiniones, cada uno tiene derecho a decir lo que se le ocurra.