El lunes 13 de febrero de 2023, pasado el mediodía, se inició formalmente en el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el juicio por cohecho y delitos tributarios respecto de ocho acusados en el denominado caso SQM.

982 días después y luego de casi 560 jornadas de audiencias, este miércoles se conocerá el veredicto en la causa en la que se investigó el presunto financiamiento irregular de políticos desde la minera no metálica.

El caso contó con cerca de 14 de aristas, hubo una decena de condenados en procedimientos abreviados, más de 60 sobreseimientos y un centenar de involucrados accedieron a suspensiones condicionales.

En el juicio, el Ministerio Público presentó más de 14.000 documentos, 650 testigos y 50 peritos.

Los alegatos de clausura partieron en junio.

La investigación se inició como una arista del llamado caso Penta, a inicios de 2015, luego que María Carolina de la Cerda, cuñada del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, declaró ante el Ministerio Público, involucrando a la minera en la emisión de boletas ideológicamente falsas.

Contesse, el principal apuntado

En abril de 2015 fue formalizado Patricio Contesse, el hombre que por 25 años fue gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y mano derecha de Julio Ponce Lerou. Un mes antes, en una reunión de directorio de la empresa se determinó sacarlo de ese puesto.

Contesse quedó entonces con arresto domiciliario total, una medida cautelar en la que se mantuvo hasta el 2 de mayo de 2016. Luego, hasta febrero de 2022, cumplió con una modalidad de encierro domiciliario parcial nocturno, entre su casa en Lo Barnechea y su fundo en Curicó.

Su defensa sostiene que, al menos en lo que concierne a los delitos tributarios, ya habría cumplido su castigo ante la justicia, considerando que el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó por estas conductas una pena de cinco años de cárcel.

En julio de 2018 la Fiscalía de Valparaíso presentó acusación, señalando que Contesse empleó “documentos dolosamente encaminados a defraudar el verdadero monto de las operaciones realizadas”. Esto, en relación a dineros que SQM -Salar, S.A., Nitratos e Industrial dispusieron para financiar campañas de una serie de políticos

El Ministerio Público pidió para él dos penas. Como autor de delitos tributarios reiterados solicitó siete años de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de $1.193 millones, la mitad de los tributos presuntamente eludidos por él en el caso.

Además, pidió otros 818 días por el presunto delito de soborno al exsenador Pablo Longueira en la tramitación del proyecto de royalty minero. En total, nueve años y 88 días.

Los otros acusados

Los otros acusados son el exministro y exsenador Longueira, su otrora jefa de gabinete Carmen Luz “Titi” Valdivieso, el actual candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, su exasesor Cristián Warner, el agrónomo Roberto León Araya, hijo del exdiputado DC del mismo nombre, el exembajador Marcelo Rozas, un histórico DC que asesoraba a Julio Ponce Lerou desde los años noventa y la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres.

En la antesala de la comunicación del veredicto por parte del tribunal, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami aseguró que espera que con este cierra pueda competir por La Moneda “sin el peso de una causa que nunca debió existir”.

De acuerdo a un análisis hecho por la propia empresa SQM tras el escándalo, se habrían destinado dineros a al menos 159 figuras del mundo político. El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD.

En agosto de 2021, ante la ausencia de querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación desformalizada que realizó respecto a 34 personas presuntamente involucradas en la trama, entre ellos el exministro Rodrigo Peñailillo.

Según la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, persecutora a cargo de la indagatoria “el caso SQM permitió evidenciar una forma de corrupción que afectó de manera importante los recursos públicos”.

En enero de 2019, recién asumida en el cargo de fiscal regional de Valparaíso, Perivancich se hizo cargo de la labor de su antecesor, Pablo Gómez, que había liderado la indagatoria.

Por la arista Royalty, SQM accedió a una suspensión condicional del procedimiento, que implicó el pago de $2.550 millones: $900 millones al Estado y $1.650 millones a fundaciones de beneficencia.

Por otro lado, en septiembre de 2018, la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos (SEC) informó que el otrora gerente general de SQM aceptó pagar US$125 mil para poner fin a los cargos por corrupción de los que el regulador norteamericano lo acusaba.