El martes 5 de agosto la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), advertía a través de una declaración del profundo agujero económico que dejaría la eventual salida anticipada de Enjoy del casino de juegos de la comuna.

“Las autoridades tampoco comprenden la magnitud de las consecuencias de lo que están votando, o bien no tienen todos los antecedentes para responder a la pregunta de cuál es el plan para abordar los cerca de 200 millones de dólares que le van a quitar a la ciudad de Viña del Mar. Ninguna autoridad, hoy día, cuenta con la capacidad de responder eso”, señaló.

Esta semana, lo anticipado por la edil se concretó. El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó -por tres votos a favor, uno en contra y una abstención- la solicitud presentada por Enjoy para renunciar de manera anticipada al contrato que se extendía hasta 2036. De esa sesión participaron la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Berstein, quienes votaron a favor del requerimiento de Enjoy. El gobernador Mundaca votó en contra y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, se abstuvo.

En lo concreto, la compañía continuará operando el recinto hasta 2028, pero la decisión supone un duro golpe para la Ciudad Jardín, ya que el municipio dejará de percibir cerca de 33 mil millones de pesos anuales, monto que según Ripamonti amenaza con provocar un descalabro financiero de gran magnitud.

Uno de los factores que detonaron la salida de Enjoy, justamente, fue la oferta económica presentada en la licitación de 2023, en la que la empresa comprometió entregar cada año a la municipalidad 831 mil UF ($32.609 millones). Ese dinero, han dicho desde Enjoy, solo pueden entregarlo por tres años más debido a su situación financiera.

Enjoy se trasformó en una de las principales fuentes de ingreso para la comuna. Con la nueva decisión, la empresa seguirá operando el casino durante los próximos tres años, periodo en el que continuará pagando el mismo monto anual al municipio, mientras la SCJ prepara una nueva licitación.

Una de las mayores preocupaciones en las autoridades es este agujero financiero que supone dejará la salida de Enjoy en la municipalidad a cargo de Ripamonti. Tal es la molestia que la misma edil apuntó contra el gobierno, de su propio sector político.

“Nuestra expectativa es sencilla: que el gobierno y especialmente Hacienda emitan una declaración pública donde se comprometan con Viña del Mar. Necesitamos una declaración, ya que tenemos experiencia escuchando palabras que luego se las lleva el viento”, declaró durante la tarde del lunes. Y sumó: “Quiero ser clara: el gobierno tiene en sus manos dos medidas concretas que puede adoptar hoy día mismo; establecer una oferta mínima garantizada, que asegure, como la ley exige, los ingresos de la ciudad de Viña del Mar y, en segundo lugar, adjudicar una nueva licencia este mismo año, acelerando todos los plazos”.

Mientras tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encendió las alarmas afirmando que “los ingresos del Casino de Viña del Mar significan prácticamente entre un cuarto y un tercio del presupuesto municipal. Por tanto, es una amenaza directa a las finanzas de la comuna”.

Además, abordó el impacto laboral que trae esta decisión: “Hoy día nadie garantiza la continuidad del empleo de más de mil trabajadores del casino de Viña del Mar. Ellos han estado completamente ausentes de esta discusión y nadie les asegura que se les dará continuidad laboral”.

Algo que también ha levantado que diputados de la zona se involucren y apunten a la administración de la alcaldesa. Andrés Celis (RN) es crítico: “Se abre un escenario complejo para la ciudad. No estamos hablando solo de un cambio de empresa, sino de un impacto económico directo, recursos que históricamente han sido fundamentales. Esto ha sido parte de la identidad de Viña del Mar, pero también de su estructura financiera”, dice.

A eso agregó que “con vacas gordas ya se han recortado sueldos de funcionarios; el municipio debe convocar a todos los parlamentarios, sin importar su sesgo político, para preparar a la comuna ante esta baja en el presupuesto. Cuando se llame a una nueva licitación no se espera que llegue la misma oferta, y la reducción será significativa”.