El fiscal regional de la zona Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, formalizó por los delitos de asociación criminal, soborno, cohecho simple y agravado e infracciones patrimoniales, a los 47 gendarmes y 23 civiles implicados en la red de corrupción que operaba en cárceles y que fue desbaratada en el marco de la llamada Operación Apocalipsis.

“La presente investigación, que abarca hechos delictuales ocurridos al menos desde enero del 2020 hasta la fecha de la detención de los imputados, forma parte del foco investigativo de la Región Metropolitana sobre cárcel y crimen organizado, asignado especialmente a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente”, explicó ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Pastén precisó que la indagatoria permitió identificar en distintos penales “la existencia de varias organizaciones de sujetos que, con diversidad de roles y acción sostenida en el tiempo, a través de un entramado de corrupción, conforman un sistema criminal que cobra y controla el tráfico de bienes y servicios ilegales o controlados reglamentariamente”.

Estas organizaciones operaban en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Internos y gendarmes se coludían para ingresar a penales comida, alcohol, drogas, teléfonos y otros elementos prohibidos.

Los celadores comercializaban seguridad y ubicación de los presos en los penales, hacían entregas de requerimientos personalizados y ocultaban requisas de elementos prohibidos para revenderlos.

“Este proceder transforma los mecanismos institucionales de control en oportunidades de beneficio económico personal”, puntualizó Pastén.

El persecutor detalló las organizaciones, sus labores y los roles de sus integrantes.

En el CPF de San Joaquín, por ejemplo una organización liderada por la interna Dora Jiménez definía los precios y gestionaba la recepción y la distribución de los fondos.

“Estas actividades se desarrollaban de manera continua y organizada, a requerimiento de internas que ejercían liderazgo al interior del penal y solicitando a las internas el pago de diversos montos de dinero, generalmente transferidos por familiares o cercanos de las privadas de libertad, utilizando cuentas de terceros para ocultar el origen y destino de los fondos. A través de este negocio ilegal, la organización y sus integrantes obtuvieron importantes ganancias”, puntualizó el fiscal Pastén.

En Santiago 1, en tanto, el grupo conocido como Los Colombia, realizaba una actividad similar. Además, mediante el pago de sumas de dinero a funcionarios de Gendarmería, miembros de la asociación, gestionaron el ingreso irregular de visitas al CDP, que Pastén describió como “entre paréntesis, gatitas”.

“A través de este negocio, ilegal, la organización y sus integrantes obtuvieron importantes ganancias. La organización contaba con un centro de operaciones consistente en el kiosco Los Patos, ubicado en la inmediación del CDP Santiago 1″, indicó el fiscal, precisando que los líderes eran Jorge Humberto Herrera y Blanca González.