La Superintendencia de Educación respondió a la investigación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) que detectó falta de fiscalización por parte de la institución en los establecimientos educacionales que presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias por violencia escolar.

“Respecto a la supuesta falta de fiscalización en establecimientos con alto número de denuncias por convivencia, es necesario aclarar que esa acción sí se realiza en estos recintos y que nuestro servicio actúa constantemente en ellos”, precisó Pamela Adriazola, superintendenta (s) de Educación.

En esa línea, explicó que “el servicio desarrolla programas de fiscalización para aumentar nuestra cobertura. Pero en aquellos establecimientos que registran alta cantidad de denuncias, como los liceos emblemáticos, estos procedimientos se realizan a través de las mismas denuncias para evitar agobiar a los equipos directivos con duplicidad de fiscalizaciones”.

Asimismo, Adriazola aclaró que en el caso de las denuncias de convivencia se trabajan principalmente mediante la gestión colaborativa de conflictos, por lo que “solo un porcentaje acotado de ellas pasa a fiscalización”.

Desde la institución afirmaron que siempre van a “priorizar la conciliación en materia de gestión de denuncias de convivencia escolar para apoyar a los establecimientos en la resolución interna de sus conflictos y con esto quitar sobrecarga administrativa y excesiva burocracia, consecuencia de una tramitación de una denuncia, evitando el exceso de fiscalización y un posible proceso sancionatorio por parte de esta Superintendencia”.

“Con lo anterior queremos dar una señal clara a las comunidades educativas, que nuestro foco está en acompañar en el cumplimiento de la normativa y no solo fiscalizar y sancionar”, sentenciaron.

Cabe señalar que fue la Contraloría quien, en el informe N°660 de 2025, verificó las acciones efectuadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación. En dicho documento reveló que existía falta de fiscalización por parte de la superintendencia, informando que solo el 10% de las acusaciones terminó en una investigación por parte del servicio.