El Estado ha pagado $ 1.735 millones en indemnizaciones por minas terrestres

Una de sus primeras incursiones ocurrió en abril de 1974. Fue en Calama, cerca de las 22 horas. Juan Francisco Vega era entonces un subteniente de 24 años. Hoy suma 68. "Nos avisaron que un grupo de conscriptos había entrado en un campo minado y no podían salir. Había mucha tensión". El oficial partió y estuvo al frente del equipo de rescate. Todo terminó bien.

Distinto fue lo que pasó en mayo de 1976. En una zona fronteriza de la misma región, Vega seguía en el comando de ingenieros del Ejército. Estaba encargado de levantar -vale decir limpiar- un campo minado. Y no con lo medios tecnológicos actuales. Una pala, un casco y unos cuantos utensilios de fierro, más parecidos a los de un jardinero, eran su equipamiento técnico. Y pasó lo que podía pasar. Rozó un explosivo y perdió un pie. Fueron largos años en rehabilitación en Chile y Alemania. Pero se armó de ánimo y siguió con su vida.

Juan Francisco es una de las 108 personas que actualmente, entre 2018 y el presente año, han recibido una indemnización por parte del Estado chileno como víctimas de las minas terrestres, en su gran mayoría del tipo antipersonales. "Es una gran noticia que el país limpie las zonas de minas y se preocupe de quienes las sufrieron", dice el capitán (R) de Ejército, quien valora los $ 1.735 millones que, según ratificó el Ministerio de Defensa, ya se han cancelado.

Las minas antipersonales (incluso algunas de las antitanques) son explosivos que buscan herir más que directamente causar la muerte. Su objetivo es desmoralizar al enemigo. En términos humanitarios se las considera una aberración, propia de otra época. Ni para la guerra.

En este tema hay dos ejes que marcan la realidad nacional. Uno tiene que ver con su destrucción. Chile aprobó y suscribió, en 2002, la denominada "Convención de Ottawa". Se trata de un protocolo que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. El compromiso de Chile es eliminar todas las que existen en el país, concentradas fundamentalmente en sus fronteras norte y sur.

Según la Comisión Nacional de Desminado (Cnad), dependiente del Ministerio de Defensa, hasta el pasado 31 de julio se han destruido 168.704 de las 181.814 sembradas, más de un 90%. El objetivo es llegar al 100% para 2020 (ver infografía). Es decir, quedan 19 áreas por despejar, con 13.110 minas en su interior.

El segundo eje de este tema es el trabajo de reparación con las personas que han sido víctimas de las minas terrestres. Según información oficial del Ministerio de Defensa, las 108 personas que han recibido un pago indemnizatorio (de entre 600 y 900 UF) corresponden al 53% de los 201 casos registrados en la Subsecretaría para las FF.AA., de los cuales 117 han cursado su solicitud formalmente. Hay otros nueve que se concretarían en el corto plazo y 84 ciudadanos que no han presentado los antecedentes necesarios para acceder al beneficio. Además, de los $ 1.735 millones pagados en indemnizaciones, la mayor parte ($ 1.253 millones) se tramitó durante este 2019.

Todo esto deriva de la Ley 21.021, aprobada en agosto de 2017, que proporciona una "reparación económica y asistencia en rehabilitación e inclusión social a las víctimas sobrevivientes, y beneficiarios de aquellos que han fallecido, a causa de la explosión de minas antipersonales u otros restos explosivos de guerra", explican en Defensa.

El 21 de noviembre de 2018, de hecho, se aprobó el reglamento que establece el procedimiento para hacer efectivos los pagos y beneficios.

El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, destaca que el derecho "es tanto para civiles como para uniformados, quienes, con ocasión de su servicio, han sufrido accidentes por artefactos explosivos".

También indica que "la idea es no solo entregar un apoyo económico, sino también un reconocimiento a su calidad de víctimas, ya que el Estado tenía una deuda con ellos".

Por eso, este viernes 23 de agosto se efectuará en el Ministerio de Defensa un seminario sobre el tema del desminado, al cual también asistirán autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se le entregará un certificado a cada víctima.

José Calderón, de 63 años, es otro de los indemnizados. Su accidente ocurrió en 1985, en la Región Metropolitana, cerca de Peldehue, mientras cortaba leña. "Toqué la espoleta de una munición y perdí la vista. Que bueno que todos esos explosivos se estén acabando", cuenta.