La Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló finalmente este jueves su informe preliminar del nuevo Estudio de Mercado sobre Educación Superior, luego de haber aplazado dos veces la entrega por recursos de protección interpuestos por tres instituciones -UC, Usach y U. Chile- contra la solicitud de información de la FNE. Esas acciones, finalmente, fueron rechazadas bajo el argumento de que la entidad fiscalizadora se apegó a las atribuciones que tiene por ley.

En su informe, la Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo, lo que a su vez provoca que la elección de las personas no siempre aumente sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduzca necesariamente en una remuneración superior a la que hubiera alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.

“Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país”, afirma el fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

En los resultados del estudio, la FNE primero contextualiza la realidad chilena y señala que el sistema mueve al año en torno a los US$ 6.800 millones, está compuesto por 132 instituciones vigentes y 126 con matrícula (el resto en proceso de cierre), de las cuales 55 son universidades, 31 institutos profesionales y 40 centros de formación técnica, los cuales en su conjunto vieron matricular 1.277.000 personas en 2024, con 55% de ellas haciéndolo en universidades.

A su vez, se reseña que en conjunto las instituciones ofrecen más de 5 mil programas de pregrado, con un arancel promedio cercano a los $ 4,2 millones anuales en el caso de las universidades y de $ 2,4 millones en los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

Diagnóstico

El estudio diagnostica que entre 2007 y 2024 aumentó la cobertura de educación superior de 54% a 102%, que se calcula dividiendo todos los matriculados en las personas en edad de estudiar (18 a 22 años).

Así también, se señala que se han reducido la cantidad de CFT de 84 en 2007 a 25 en 2024, universidades privadas de 45 a 37, e IP de 37 a 31.

Del mismo modo se analizó que los aranceles promedio, presentados en millones de pesos anuales, crecieron en todos los tipos de instituciones.

También crecieron en todos los tipos de instituciones los ingresos promedio anuales.

Según la FNE, todos esos factores son sintomáticos de falta de competencia, pero en un sector como la educación superior podrían explicarse por progresos en la calidad, que desde la perspectiva de libre competencia es lo que resulta relevante para las personas cuando toman sus decisiones de carrera e institución. En esa línea, el análisis de los factores que determinan la calidad -se asegura- permite descartar que síntomas de falta de competencia se expliquen por mejoras en la calidad. En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.

Según la encuesta que se realizó con motivo de este estudio a más de 21 estudiandes, los factores que más pesan a la hora de elegir una carrera son la vocación o interés por la carrera (53% de personas lo considera relevante); habilidades para esa carrera (45%); empleabilidad (42%); amplitud del cambio laboral (39%); expectativa salarial (36%); y el arancel (27%).

En el mismo sentido, los factores que más pesan a la hora de elegir una institución son el reputacional (41%); arancel (37%); prestigio (36%); oportunidad de inserción laboral (35%); ubicación de sede (35%); y nivel de preparación de los profesores (35%).

Con esa encuesta la FNE observó que los estudios superiores y las ocupación laboral están desalineados: dos de cada cinco personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios y uno de cada dos personas indica estar sobrecalificada.

Por otra parte, el estudio determinó cuánto aumenta el sueldo de una persona que estudia una determinada carrera respecto de quién no lo hizo, comparando personas similares. Y así, en términos porcentuales, en una universidad esto es 46%, en un IP 20% y en un CFT 16%. En todo caso, los porcentajes en el caso de universidades e IP bajan respecto de 2010, cuando eran 53% y 21%, respectivamente.

El mismo ejercicio se hizo acerca de la empleabilidad, analizando cuán más probable es encontrar trabajo si se estudia una carrera en la educación superior versus si no estudia, también comparando personas similares. Y así, para el caso de los CFT es de 1,38 veces; en los IP 1,5 veces; y en las universidades 1,65 veces.

Por el contrario, hay situaciones curiosas al ver el retorno económico de ciertos programas: 35% de los que se imparten en las instituciones de educación superior entrega un retorno económico negativo a los estudiantes. En otras palabras, la persona que la estudió hubiese estado en mejor pie si hubiese entrado directamente al mercado laboral. Y mientras el porcentaje de estudiantes que ingresó a carreras con retorno negativo en 2012 fue 22%, en el análisis reciente llegó a 40%.

Competencia

En el presente ejercicio la FNE identificó potenciales limitantes a la competencia, englobados en tres grandes áreas: problemas en el proceso de toma de decisión de los estudiantes; actores del sistema no divulgan toda la información relevantes para los estudiantes; y barreras regulatorias que dificultan la competencia.

Sobre lo primero, se ahonda que los atributos que valoran las personas cuando entran a una carrera cambian en el tiempo, específicamente en la actualidad. Asimismo, se señala que hay baja utilización de herramientas informativas, o que las mujeres eligen carreras con retornos significativamente más bajos que las de los hombres: si se compara la matrícula de primer año, el retorno ponderado de los hombres es de 104 millones y el de las mujeres es de 23 millones. Esta elección podría explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Según el estudio, para los hombres el retorno promedio de las carreras es un 8,5% superior que el de las mujeres. En otras palabras, si cada carrera tuviese igual número de mujeres que hombres, la diferencia en los retornos obtenidos sería también de un 8,5%.

Sobre la falta de información, se pesquisó que la difusión que realizan las instituciones no responde a las inquietudes de los estudiantes; o que los temas que interesan a los estudiantes se difunden principalmente de manera genérica.

Finalmente, acerca de la regulación que dificulta la competencia se especifica que algunas de las reglas aplicadas a las universidades estatales, propias de la regulación de los servicios públicos, pueden afectar su desempeño competitivo, como restricciones para compras internacionales o los múltiples controles a los que son sometidas, ejemplificando que la toma de razón del nombramiento de profesores tarda en promedio tres meses.

Recomendaciones e impacto

Sobre el final, la FNE realiza nueve recomendaciones -tres por área- para atacar las problemáticas identificadas.

Y así, para abordar la toma de decisión de los estudiantes se sugiere reforzar la orientación vocacional idealmente durante toda la enseñanza media; capacitar a docentes en herramientas informativas disponibles; y crear un sistema de información personalizado que incluya un test vocacional incluyendo recomendaciones basadas en datos de empleabilidad, ingresos y deserción.

En tanto, sobre la poca divulgación de información relevante, la fiscalía dice que sobre lo existente se debe implementar una plataforma digital centralizada, interactiva y personalizada, que permita comparar los programas en función de las variables relevantes; establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación donde el estudiante conozca en detalle la carrera e institución a la que llegará; y mejorar transparencia en variables fundamentales para los egresados, como programas de seguimiento que midan su satisfacción, la inclusión de la satisfacción estudiantil en los criterios de acreditación, o un cálculo del valor económico agregado del programa.

Finalmente, en la problemática de la regulación, la FNE señala que se debe perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales: reformar el Aporte Fiscal Directo debido a que está desactualizado; y mejorar en diversos parámetros el sistema de títulos y grados.

Si estas recomendaciones se siguieran, dice la entidad fiscalizadora, se mejorarían las percepciones subjetivas sobre la experiencia en la educación superior, mientras que si se lograra reducir en 10% la tasa de deserción del sistema de educación superior, el cálculo es que se ahorrarían US$ 27 millones anuales por el gasto que se dejaría de hacer por concepto de arancel y matrículas.

“Estamos haciendo recomendaciones para este sector porque hay evidencia clara sobre el impacto que puede tener la educación superior en el desarrollo de las personas si es que la elección de la carrera está bien enfocada. Este es un tema de política pública de primer orden que permitirá impulsar la movilidad social”, agregó Grunberg.

Este informe preliminar será sometido a consulta pública hasta el viernes 12 de diciembre y al término de ese proceso, la FNE publicará el informe final y enviará sus recomendaciones definitivas al Ejecutivo para que se evalúe su implementación.