Ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el abogado y exfiscal de Los Andes José Villagrán Reyes interpuso una querella, admitida a trámite, en contra del prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), y el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de investigación policial de la institución.

La querella interpuesta en representación de un funcionario de la PDI acusa a los jefes policiales de haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

El abogado indicó que los hechos denunciados se relacionan a un sumario administrativo seguido en contra del funcionario de iniciales L.L.T., que fue sancionado con su expulsión.

De acuerdo con la acción presentada, ambos oficiales omitieron dar curso a una denuncia formulada por el subalterno ante una supuesta falta de probidad administrativa en que habría incurrido Haeger.

Según el letrado, Haeger, actuando fuera de sus atribuciones, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora en el proceso disciplinario. Esa conducta configuraría una falta de probidad y una actuación ilegal y arbitraria, expuso.

El abogado indicó que el prefecto regional desestimó tramitar la denuncia y adoptó la propuesta de su superior de destituir al funcionario, sanción que se encuentra en apelación.

Villagrán sostuvo que los hechos revisten especial gravedad, dada la jerarquía de los involucrados.

“Queda muy claro que el alto mando regional ha protegido al alto mando nacional precisamente el que infringió el deber de probidad administrativa”, manifestó.

El delito por el que fue interpuesta la querella por definición corresponde a un hecho en el cual un profesional realiza una acción a sabiendas que esta es injusta o contraria a la ley. Se trata de conductas en las que pueden incurrir jueces, árbitros judiciales, abogados en el libre ejercicio de su profesión o funcionarios públicos que tienen poder de resolver.

“Es un delito normativo. No es que ellos hayan ejecutado algo que haya cambiado el mundo externo, sino que han omitido realizar una acción expresamente señalada en la ley”, precisó Villagrán.

“No tengo recuerdos, en 25 años, de haber presentado o visto una querella por prevaricación administrativa en contra del tercero de la PDI y en contra de un prefecto regional”, agregó.

Según una publicación en Los Andes online, el sumario lleva más de cuatro años siendo tramitado, situación que motivó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso a acoger un recurso de protección presentado por el funcionario.