La última semana de febrero comenzó en una celda distinta para Ángela Vivanco en la cárcel de San Joaquín. La exministra de la Corte Suprema lleva 28 días privada de libertad tras ser detenida por cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, pero lejos de acostumbrarse a la soledad del encierro, ha enfrentado una serie de situaciones que han agitado su paso por el penal.

La última, el ingreso de una adolescente imputada por homicidio al módulo 14. Ese lugar era el que había albergado a Vivanco desde el lunes 26 de enero, cuando se desarrolló la primera audiencia de formalización en su contra.

La exmagistrada estaba recluida en la primera celda de dicha sección del recinto penitenciario. Aunque no le tocaba compartir ese espacio, sí comenzó a acompañarse de dos médicas extranjeras -imputadas en el caso de licencias falsas- que ocupaban la pieza número dos. Ellas llegaron al lugar el viernes 30 de enero, y desde ahí trazaron algunos lazos.

Pero la sintonía que habían alcanzado las tres imputadas se tensionó con la llegada de la menor de edad, la noche del miércoles pasado. De inmediato las tres activaron a sus defensas para que se tomaran acciones, estimando que los antecedentes de la nueva inquilina distaban en términos de peligrosidad de los de ellas.

La defensa de Vivanco, encabezada por Jorge Valladares, presentó al día siguiente una cautela de garantías para que se abordara la situación ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Aunque luego se desistió.

La decisión, como indican desde el entorno de la exministra, obedeció a que desde Gendarmería actuaron preventivamente y trasladaron a la abogada -y a las dos médicas- hasta otra zona de la unidad. Según pudo recabar este medio, ahora las tres permanecen en el módulo 7, destinado a imputadas de alta connotación pública.

Será en ese lugar -donde también permanece sola en una celda- que Vivanco deberá prepararse para la audiencia del 17 de marzo, donde el Ministerio Público la reformalizará, junto a Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por otros delitos de cohecho y lavado.

Antes de ello, eso sí, Vivanco tendrá que alistarse para otro proceso paralelo donde también tiene calidad de imputada. Se trata de una causa que data de septiembre de 2024 y que se relaciona con la libertad que se otorgó hace años a Hugo Bustamante, condenado por el homicidio de Ámbar Cornejo.

De acuerdo con la querella que dio pie a esa indagatoria, ingresada por Bárbara Romero, la exjueza Vivanco habría actuado coordinada con abogados que apoyaban a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien fue acusada en 2020 constitucionalmente por haber presidido la comisión que concedió la libertad condicional a Bustamante.

Como se describe en esa querella, la exministra habría mantenido contacto permanente sobre el asunto con el hermano de la jueza, Samuel Donoso, y Luis Hermosilla, quienes obraban como una suerte de defensa en las sombras. En esa acción penal se citan, a modo de ejemplo, conversaciones de Vivanco con Hermosilla.

En el marco de ese proceso se han realizado una serie de acciones, aunque recientemente el fiscal Javier Sola, de la Fiscalía Regional Centro Norte, informó sobre una arista que implica a la exjueza: comunicó al Séptimo Juzgado de Garantía que se requirió el traslado de la exministra para que declare.

“Cumplo con informar que se agendó el traslado de la Señora Ángela Vivanco Martínez hasta dependencias de la Fiscalía Regional Centro Norte el día 10 de marzo de 2026 a las 15:00 horas”, se lee en el escrito enviado por el persecutor.

Si bien la diligencia se encuentra programada, no está claro que la exministra declare, ya que podría hacer uso de su derecho a guardar silencio.