La ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por  el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos que pasaron por el centro de detención de Londres 38 entre enero y septiembre de 1974.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

En la sentencia condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de Osvaldo Andrés Zamorano Silva, Viola del Carmen Todorovic Gallo, Mario Enrique Aguilera Salazar, Silvia Rosa Vergara Rifo, Fredy Fernando Salgado Urriola, René Enrique Altamirano Cornejo, Óscar Waldemar Troncoso Muñoz, Atenas Margarita Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Antonio Houston Dreckmann, René Patricio Lizama Lira, Mario Reinaldo Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes y la sustracción de menores de Mónica Emilia Alvarado Inostroza y Hugo Anselmo Chacaltana Silva.

En tanto Nelson Alberto Paz Bustamante fue condenado a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Mario Enrique Aguilera Salazar.

La investigación de la magistrada estableció que la DINA implementó y administró distintos centros de detención clandestinos como el llamado “Cuartel Yucatán”, en calle Londres 38, donde se practicaron de manera sistemática detenciones ilegales, interrogatorios con métodos de tortura física y psicológica, apremios ilegítimos, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas.

“Se trataba de una organización jerarquizada, en la que existía una cadena de información y mando, mediante la cual los agentes debían reportar a sus superiores las acciones realizadas en cada operativo, de modo que las autoridades de mayor rango tenían conocimiento y control de las prácticas ejecutadas”, se plantea.

Al mando del llamado grupo Halcón, centrando en la represión de militantes del MIR, Krassnoff, hoy de 79 años, habría sido responsable directo de los crímenes en ese lugar.

Aparte de su participación en las desapariciones, diversos testimonios lo han sindicado como torturador, entre ellos el del exministro PS Osvaldo Andrade, y se le ubica también en los centros de detención de Villa Grimaldi y José Domingo Cañas.

En mayo de 2022 se le condenó por el homicidio calificado de Miguel Enríquez.

Más recientemente, en febrero del año pasado, se le condenó por secuestro de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller.

También fue condenado por el homicidio calificado del la integrante del MIR, Lumi Videla Moya y el  secuestro calificado de su marido, Sergio Pérez Molin.

El retirado oficial del Ejército suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 1000 años de cárcel.