“Informe de Balance Proceso de Reconstrucción megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024″. Ese es el nombre del documento que la anterior administración de Gabriel Boric entregó el 6 de marzo a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que hasta aquí pasó desapercibido, sin gran atención mediática.

Y es que si bien en ese entonces la cartera envió un comunicado anunciando su entrega el pasado 6 de marzo, el documento no se encontraba en la página web y estaba en proceso ser subido al sistema. Tampoco se hizo un gran anuncio sobre él.

El documento de 235 páginas entrega una evaluación global del Ejecutivo al proceso de reconstrucción que tuvo lugar en la Región de Valparaíso, particularmente en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana tras el megaincendio de febrero de 2024. A diferencia de balances del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incluyen cifras y porcentajes de reconstrucción, este documento es un análisis más cualitativo de los errores y aprendizajes del proceso.

Dicha reconstrucción ha sido calificada de “lenta” por la actual administración comandada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Pero en este balance de la antigua administración, si bien hay espacio para autocrítica, también hay valoraciones positivas de lo que hizo La Moneda.

La premisa que marcó el gobierno fue que “la reconstrucción debía ser un proceso integral que recuperara condiciones de vida, seguridad y estabilidad y que al mismo tiempo abordara los factores que amplificaron la catástrofe”. De ahí que el plan se dividiera en siete ejes, entre ellos lo habitacional, bienestar integral, entorno urbano, entre otras.

Una de las primeras conclusiones es que “la reconstrucción es sobre todo un problema de gobernanza. Su avance depende de la calidad de la conducción, la claridad de roles, la resolución de nudos críticos, la coordinación intersectorial y la trazabilidad de la información”, añadiendo que “el componente habitacional concentró las mayores complejidades por su dependencia de suelo, habilitaciones, definiciones técnicas y coordinación institucional”.

Las primeras críticas

El informe parte señalando que “el Estado debió desplegar una respuesta de gran escala” y que “la magnitud del daño, la diversidad de realidades territoriales y la necesidad de actuar con rapidez instalaron desafíos complejos”.

Ya al momento de hacer un balance por la reconstrucción, el documento dice que “se desarrolló en un escenario político institucional marcado por altos niveles de desconfianza ciudadana hacia el Estado, sumado a un entorno de intensa exposición pública y circulación de información fragmentada, amplificada por la coincidencia con ciclos electorales”.

Se agrega que “la relación entre comunidades e instituciones quedó especialmente expuesta a interpretaciones de lentitud, falta de coherencia o expectativas sobredimensionadas, lo que tensionó la legitimidad del proceso”.

En ese sentido, se concluye que “la emergencia desbordó las capacidades previstas y que, durante las etapas iniciales, la coordinación interinstitucional no siempre permitió ordenar mensajes, prioridades y rutas claras de atención”.

Otra autocrítica apunta al rol de los instrumentos de política habitacional, entre ellas las distintas soluciones de construcción. Así, se detalla que “la reconstrucción terminó encontrándose con déficits estructurales acumulados que exceden el ámbito de la emergencia” y que “la trayectoria no fue lineal ni inmediata, ya que la disponibilidad de subsidios debía articularse con procesos previos de regularización, verificación y viabilidad técnica”.

En las páginas siguientes se hacen menciones negativas de diversos aspectos. Por ejemplo se releva que “la velocidad del proceso de reconstrucción habitacional se explica menos por la disponibilidad de instrumentos y más por la complejidad real de hacerlos operativos en condiciones altamente heterogéneas (...) Para numerosas familias, esto significó atravesar durante meses un proceso predominantemente administrativo”.

En cuanto a lo comunicacional, se admite que “los distintos servicios no siempre lograban explicar el recorrido completo de la reconstrucción”, además de “dificultades para traducir la complejidad técnica y administrativa del proceso en un relato público”.

En cuanto a gobernaza se establece que hubo una “tensión persistente” para ser capaces de “sostener procesos de alta complejidad sin depender de correcciones sucesivas”.

Los aprendizajes

Dentro del apartado de aprendizajes se destaca que “el desempeño de la reconstrucción se mide tanto por lo que repone como por lo que logra ordenar”, y que “la reconstrucción se define por gobernanza, no por suma de proyectos (...) El proceso mostró que la reconstrucción se acelera o se traba, principalmente por la calidad de su gobernanza”.

Además añaden que “cuando la gobernanza es difusa, el sistema tiende a fragmentarse en carteras y urgencias paralelas”.

Se agrega que “los instrumentos habitacionales deben estar preparados para operar en emergencia con flexibilidad real y verificable”.

Por último, se concluye que “en un país recurrentemente expuesto a desastres, la reconstrucción debe sostenerse como política pública continua, articulando prevención, preparación, respuesta y recuperación”.

Sorbe el informe, el actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, es tajante y señala que “es puro humo. No hay ningún dato. La reconstrucción fue un desastre de gestión. Es de un ministerio que no tuvo ningún rol en la reconstrucción más que coordinar algo que nunca se coordinó. Los atrasos son gigantescos. No tiene ninguna cifra. Es pura retórica”.