En diez años, el tiempo en que se desarrollan los juicios orales en lo penal que terminaron en condena se incrementó un 154%. Si en 2015 el promedio de días llegaba a 87, la cifra pasó a 221.

Esa no fue la única cifra en relación a tiempos judiciales que aumentó. De acuerdo a datos del Poder Judicial, los casos que terminaron en sobreseimiento tuvieron un aumento del 242%. De 243 días se pasó a 833 en una década. De hecho, hay casos donde esas cifras se quedan cortas. Entre los más recientes, el juicio por el caso SQM llegó a durar dos años y ocho meses, mientras que el juicio contra el exteniente coronel Claudio Crespo por las lesiones a Gustavo Gatica se extendió por 14 meses. En ambos casos, los intervinientes criticaron su excesiva duración, considerando las comparecencias presenciales.

El amplio gasto de recursos públicos, el deterioro de las pruebas por el paso de los años y la situación de las víctimas y los imputados, son parte de las críticas de los actores del sistema judicial que rechazan estos plazos. Dicen sus críticos que va en contra del debido proceso amparado en la Constitución y el derecho a ser juzgado en tiempo razonable respaldado en tratados internacionales.

Es con esa problemática que a fines de 2025 la Academia Judicial evacuó la “Guía para la conducción de la audiencia de juicio oral”, donde, entre otras cosas, a modo de sugerencia ponen el acento en estrategias para evitar dilaciones en los juicios.

El informe de 190 páginas fue redactado por las juezas Paola Schisano y Anamaría Sauterel, del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Además, contó con la revisión de varios jueces orales a lo largo de Chile y con la ayuda de abogados profesores de derecho como María Elena Santibáñez, Joanna Heskia, Cristián Riego y la fiscal Ximena Chong, entre otros.

Quienes conocen la interna del Poder Judicial sostienen que no es fácil para la mayoría de los jueces seguir estas directrices y cambiar sus modos de trabajar, ya que sus prácticas y formas de llevar los juicios están arraigadas durante años. Después de todo, dicen las mismas fuentes, “es natural resistirse a los cambios”, pese a los beneficios que estos puedan conllevar.

Sin embargo, ya hay un primer caso donde un magistrado tomó las sugerencias de la Academia Judicial, acortando los plazos que incluso habían sido acordados al inicio del proceso.

Se trata del juicio contra el exdirector de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, que fue llevado por el magistrado Cristián Soto, del 4° Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago y cuya proyección se estimaba para 90 días y terminó realizándose en 25. Clave para esto, dice el juez Soto a La Tercera, fue una reunión de coordinación semanas antes de la realización del juicio y después de la audiencia de preparación de juicio oral.

“Esto se hace en otros países también para casos complejos. Se sugiere ahí, por ejemplo, definir todos los temas de los horarios de funcionamiento, cuántas partes habrá, recibir a la cantidad de abogados que realmente se van a presentar, la cantidad de imputados, definir las medidas de seguridad, el acceso a público, declaraciones de alguien a través de videoconferencias. En el fondo es como una anticipación de lo que va a ocurrir, porque así se evita que el día de inicio del juicio tengamos que detenernos porque hubo problemas con el auto de apertura”, explica el juez.

Casi 20 páginas dedica el informe a estas reuniones de coordinación. Allí se plantea que son instancias menos formales que una audiencia y que pueden sostenerse en una oficina. Es justamente en esas reuniones que las partes consensúan cómo irán presentando sus pruebas y argumentos. Incluso, con un rol proactivo, el juez puede proponer concentrar las presentaciones de documentos bancarios y acotar la multiplicidad de peritos que van a referirse a las mismas pruebas.

“Estas reuniones se están utilizando, pero todavía es una práctica nueva. Todavía hay que tener más desarrollo, más habilidad en eso”, dice Soto, quien recuerda que un mecanismo clave para llevar de manera más expedita el juicio contra Espinosa fue que pidió no leer la acusación de 73 fojas porque ya era conocida por los intervinientes. Les pidió hacer un resumen de 11 páginas y las partes lo aceptaron.

“Cuando tienes una acusación de 500 páginas de la Fiscalía, otra del Consejo de Defensa del Estado de otras 500 páginas, y de los acusadores particulares que a veces son idénticas, puedes tener semanas en su lectura. Y no aporta en nada al juicio porque las partes ya conocen las acusaciones, es nada más que ritualidad”, explica.

Críticas y recomendaciones

Una de las críticas que hace el informe a los juicios es la incapacidad de poner límites a parte de los interrogatorios: “Las partes deben proponer la duración de sus contra exámenes. Uno de los factores que explican la duración de los juicios está relacionada con la falta de control de su duración, la cual tiende a repetir de manera excesiva el examen directo, y los jueces, por evitar restringir el derecho de la defensa, no establecen limitaciones“.

También se pide que los jueces tengan un rol proactivo para el avance de los juicios y no solamente mantener una actitud receptiva de pruebas y alegatos.

La guía pide que la reunión previa quede registrada en una minuta, donde estarán contemplados los acuerdos logrados. Allí de hecho, las partes ya se debieron haber comprometido con plazos en que se extenderían en sus presentaciones. “El juez presidente instará a las partes a ser breves y precisas en sus alegatos de apertura, ciñéndose a los tiempos acordados previamente o al que se les fije de manera equilibrada por el tribunal, oyendo sus planteamientos”, dice otro punto de la guía.

Similar a los alegatos de clausura, donde se pide que las partes se refieran a los puntos controvertidos, si el imputado entrega palabras al cierre del juicio, la guía pide que estas no debiesen ser una nueva declaración formal, sino que “últimas palabras”.

En cuanto a la prueba documental, se sugiere que se haga una lectura resumida en atención a que la plenitud de esos documentos está en acceso de las partes. “Esta lectura resumida como método de incorporación de documentos implica que se valorará el documento en su totalidad, no sólo la parte que se ha leído”, plantea el texto.

La abogada y profesora de derecho de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, valora este tipo de iniciativas: “Me parece muy positivo, pues la excesiva duración de los juicios, así como el retardo en su realización, constituyen uno de los principales problemas del sistema procesal penal, que estaba pensado, más bien, como uno en que la solución de los conflictos penales fuera dentro de un plazo razonable”.

“El que los juicios y las audiencias de preparación de juicio estén siendo tan largos en los casos complejos deslegitima al sistema, porque lo hace percibir como un sistema que no tiene sentido, que no funciona bien”, dice por su lado el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego.

“La prolongación de las audiencias es un desastre completo. Pero además no es necesario, es producto de malas prácticas”, apunta Riego, quien destaca el trabajo de la Academia Judicial. Eso sí, dice que esta guía debiese ir complementada por reformas legales.

“Lo que quiere hacer la Academia Judicial es abrir instancias para conversar del tema. Esta no es la última palabra, pero sirve para debatir, porque en Chile tenemos cada vez juicios más largos”, remata el magistrado Soto.