El suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, está empecinado en que ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel declaren a su favor.

El sumario que lleva adelante la fiscal judicial Carla Troncoso en su contra está en fase de prueba. Esto se activó luego de que la magistrada formulara cargos en contra del abogado, imputado en la trama bielorrusa, por faltas a la probidad.

En los cargos la fiscal judicial, según un escrito ingresado por la defensa de Yáber, “imputan a nuestro representado integrar una supuesta ‘red de tráfico de influencias’ al interior del Poder Judicial. Valiéndose de dicha red, sostiene la señora fiscal que el señor Yáber habría accedido al cargo de Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Puente Alto obteniendo los votos necesarios para ser seleccionado en la terna respectiva”.

Por eso fue que Yáber, quien en esta instancia es representado por los abogados Guillermo Chahuán y Sebastián Contreras, pidió ante Troncoso que las ministras María Carolina Catepillán, Sylvia Pizarro, María Soledad Espina y el ministro Roberto Contreras acudieran a declarar ante la fiscal judicial.

La lógica de la defensa de Yáber, de acuerdo a lo que ellos argumentaron en un escrito que enviaron a Troncoso, apunta a que dado que los cargos abordan una supuesta red de tráfico de influencias para acceder al cargo, entonces la fiscal judicial debe interrogar a los magistrados que votaron por él para llegar a ese oficio.

“Bajo dicha premisa, los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel que participaron en la votación del concurso para proveer el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, realizada con fecha 23 de julio de 2018, en la cual resultó nombrado el señor Yáber, formarían parte de dicha red ilícita. De otro modo, la imputación carecería de coherencia interna”, se lee en el escrito.

Según la defensa, una manera de desvirtuar ese cargo es “la declaración de los referidos ministros a fin de consultarles directamente si recibieron presiones, solicitudes o insinuaciones, ya sea del señor Yáber o de cualquier persona que actuara en su nombre, para votar a su favor en dicho concurso”.

El problema de Yáber es que habiendo propuesto la declaración de los magistrados, la semana pasada ninguno de ellos compareció ante Troncoso. Por eso la defensa del abogado sostiene que no corresponde que los jueces de hayan excusado. De esta forma expone que la ministra Catepillán señaló “declinar la petición” por “no tener asunto alguno que aportar”. El ministro Contreras informó estar “cumpliendo funciones en la Corte Suprema”, además de estar “inhabilitado de participar”. Por otro lado, la ministra Pizarro indicó no poder asistir por “impedírselo el horario de las audiencias” y porque “con posterioridad a ella tengo hora para realizarme exámenes médicos impostergables”. Finalmente, la ministra Espina comunicó únicamente no tener antecedentes que aportar y declinó la “invitación” para prestar declaración en calidad de testigo.

A juicio de la defensa “las excusas aportadas por los ministros carecen de la entidad suficiente para producir efecto liberatorio y constituyen una afectación grave al derecho de defensa de nuestro representado, al permitir que testigos legalmente citados se resten de comparecer”.

De acuerdo a lo expuesto por los abogados de Yáber “al aceptar que los señores ministros están habilitados de declinar la citación, se está privando a esta defensa de una prueba directa e idónea para desvirtuar la imputación de tráfico de influencias: la declaración de los supuestos influenciados negando haber recibido presiones”.

Bajo esa argumentación, la defensa de Yáber plantea que “validar las excusas esgrimidas implica vulnerar gravemente el derecho a producir prueba de descargo, dejando a esta defensa en una situación de desmedro al verse impedida de controvertir las imputaciones de la formulación de cargos, lo que indefectiblemente vicia el presente procedimiento”.

Por eso es que Yáber solicita a Troncoso que reitera la citación a los magistrados “bajo las formalidades legales correspondientes”. Pese a la insistencia de Yáber, fuentes judiciales comentan que la jugada del conservador de Puente Alto tendría como propósito descartar ministros para que resuelvan su sanción. Esto debido a que cuando la fiscal despache su informe final, será el pleno el que vote la sanción y si los magistrados declaran hay quienes sostienen que deberían inhabilitarse al momento de resolver la sanción del sumario.