El abogado Eduardo Lagos, uno de los principales imputados en la denominada trama bielorrusa, está en pie de guerra contra el fiscal del caso, Marcos Muñoz. Esto, luego de enfrentar lo que a su juicio fueron apremios ilegítimos en el marco de la declaración que prestó durante la jornada del martes 6 y miércoles 7 de enero.

En medio de la diligencia el imputado permaneció más de diez horas esposado y engrillado de pies, lo que le ocasionó -de acuerdo con su relato- intenso dolor y lesiones. Ello lo motivó a presentar un amparo judicial y una denuncia para que la situación sea indagada, aunque durante la jornada del miércoles 14 de enero decidió ir más allá e ingresó una querella en contra del persecutor ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Principalmente, como se advierte en las acciones interpuestas por Lagos, apunta en contra del fiscal porque habría sido él quien le negó reiteradamente el retiro de las medidas de seguridad, pese a que se encontraba en un recinto policial donde eran, a su juicio, totalmente innecesarias.

Producto de la presentación del amparo, como pudo conocer este medio, la jueza Carolina Gajardo aceptó la competencia para conocer los antecedentes y resolvió que se notificara lo ocurrido a la Defensoría Penal Pública.

Asimismo, solicitó a Gendarmería que se remita informe de salud del imputado dentro del plazo de 24 horas, fijando audiencia de cautela de garantías para el próximo martes 20 de enero a las 12.30 horas.

El relato de Lagos

En medio de las acciones interpuestas por Lagos, redactadas por él mismo, se hace una descripción de los hechos.

Así, asegura que el día 6 de enero fue trasladado hasta dependencias del OS7 de Carabineros y que “al inicio de la declaración, y atendida la extensión previsible de la diligencia, solicité expresamente al fiscal que dispusiera el retiro de las esposas y grilletes, por cuanto me estaban provocando un daño físico, particularmente en mis tobillos, generándome dolor intenso y lesiones visibles, lo que hice saber de manera expresa a los presentes en dicha diligencia".

“Pese a lo anterior, la solicitud fue rechazada sin fundamento, y ante la negativa procedí a mostrar al fiscal y a los funcionarios policiales las lesiones visibles que ya se estaban produciendo en mis tobillos producto de la presión de los grilletes”, agregó el imputado.

Según el relato, la diligencia se extendió por un lapso de aproximadamente 10 horas continuas y, como precisó el abogado, en múltiples ocasiones le manifestó al persecutor “que el dolor en uno de mis tobillos era intenso e incapacitante, señalando que no me encontraba en condiciones físicas de continuar declarando bajo dichas circunstancias”. No obstante, continúa el testimonio, “el Fiscal no adoptó medida alguna, manteniendo las condiciones descritas e ignorando reiteradamente mis solicitudes, negándose a acceder a ellas”.

Así, Lagos hizo presente que “la mantención de dichas medidas de coerción por un periodo tan prolongado, pese a la existencia de dolor manifiesto, lesiones visibles y solicitudes reiteradas, configura un trato cruel, inhumano y degradante, incompatible con el estatuto constitucional y legal que rige la privación de libertad de una persona imputada. Las condiciones descritas exceden con creces cualquier finalidad de seguridad o custodia, transformándose en una forma de aflicción física ilegítima que vulnera mi integridad física y psíquica, cuyo control corresponde ejercer directamente en virtud del amparo judicial que se interpone".

¿En qué quedó la declaración?

Presentado el amparo, durante la tarde del miércoles 14 de enero -tras la formalización de Sergio Yáber, Yamil Najle y Harold Pizarro- el fiscal Marcos Muñoz fue consultado al respecto, aunque se limitó a sostener que sólo tenía información a raíz de publicaciones de prensa.

“Respecto del amparo, no tenemos ningún conocimiento formal. No tenemos conocimiento oficial y certero de que exista una acción de ese tipo”, precisó el fiscal.

Adicionalmente, Muñoz explicó en qué estado se encuentra la declaración que entregó Lagos, dado que el imputado no firmó el documento dado la molestia que existía respecto de las condiciones.

“Cualquier diligencia de investigación que se realice por la Fiscalía o la policía está sujeto a un deber de registro. Por lo tanto, esa diligencia se registró y actualmente se encuentra bajo reserva”, sostuvo el persecutor.