Poco más de 48 horas han pasado desde la tarde del miércoles, día en que fue agredida la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su visita a la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Valdivia (UACh).

A pesar del poco tiempo, el trabajo de las policías ha avanzado a contrarreloj y, según fuentes policiales consultadas por La Tercera, ya existen al menos tres personas sospechosas que se encuentran identificadas y que serían “sujetos de interés” por su presunta participación en el ataque a la ministra Lincolao.

Preliminarmente entre los antecedentes de las policías hay seis personas que tendrían participación, aunque hasta ahora la atención se ha enfocado en tres estudiantes de la UACh que han podido ser reconocidos a partir de videos e imágenes que se capturaron en el momento de lo ocurrido y cuya eventual participación fue reconocida a través de labores de inteligencia.

Conocedores de la indagatoria en manos de la Fiscalía de Los Ríos comentan que si bien se trata de antecedentes de inteligencia, igualmente podría ser integrada a la investigación penal, dado que las policías tienen canales establecidos para compartir este tipo de antecedentes.

El reconocimiento de quienes tendrían participación en lo ocurrido el pasado miércoles, ya había sido adelantado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI). “Ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles y existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación”, afirmó el jueves la autoridad de gobierno.

Los sujetos de interés

La primera de las personas reconocidas, quienes hasta ahora están vinculados preliminarmente en los hechos, es el estudiante de la carrera de Administración Pública de la UACh, Maximiliano Andrés Herrera Catalán.

Herrera, según los antecedentes que tuvo a la vista este medio, también ha sido reconocido por las policías por su extensa participación en diversas manifestaciones. Ejemplo de aquello sería que en 2023 lideró los denominados “mochilazos” en Valdivia, así como también encuentros respecto a demandas de pueblos originarios.

Por otro lado, también se pudo distinguir en esta etapa de la investigación a María Jesús Madariaga Rojas. La estudiante de Antropología, según los primeros antecedentes, sería quien lanzó agua a la ministra durante su huida. Al igual que Herrera tampoco cuenta con antecedentes penales. Madariaga tiene un reconocido paso por los movimientos feministas de la zona.

La última persona que, hasta ahora, ha sido identificada preliminarmente por la policía como una de las posibles participantes a la agresión de la autoridad de gobierno, es Nataly Santander Santibáñez, también sindicada como una de las presuntas agresoras directas de la ministra. A diferencia del resto, Santander sí cuenta con antecedentes policiales. En 2025 fue detenida tras ser detectada realizando rayados a una comisaría. Junto con eso, también es conocida por su activismo en favor de los pueblos originarios y ha participado de una manifestación por la búsqueda de Julia Chuñil.

En paralelo al avance de la investigación, este viernes la fiscal jefa de Valdivia, Alejandra Anabalón, tomó la declaración del rector de la UACh, Egon Montecinos. “No sé de militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”, dijo Montecinos a la entrada de la Fiscalía.

Conocedores de la causa comentan que a la declaración del rector se suma la de personas que estuvieron ese día en la universidad y quienes, por voluntad propia, se han acercado a la Fiscalía para señalar que “no tuvieron nada que ver” con el ataque a la ministra.

El mea culpa de Montecinos

En conversación con Radio Duna, Montecinos confirmó que fue él quien solicitó activar el protocolo institucional el mismo día del incidente, dando curso a una indagatoria liderada por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Posgrado de la casa de estudios. Allí, el rector explicó que la universidad cuenta con un reglamento de derechos y deberes estudiantiles que contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de los hechos. No obstante, enfatizó que cualquier medida deberá adoptarse tras un debido proceso, en línea con lo que también desarrolla el Ministerio Público.

Uno de los elementos clave que está siendo investigado, y que el rector calificó como “de suma gravedad”, es la apertura de una puerta lateral del Aula Magna, la que, según aseguró, solo puede ser accionada desde el interior. Este hecho habría permitido el ingreso de un grupo de manifestantes que interrumpió la ceremonia y derivó en los episodios posteriores. Montecinos indicó que este antecedente será puesto a disposición de la Fiscalía.

El rector sostuvo también que existen dos niveles de participación: una manifestación inicial que describió como “relativamente pacífica”, y un segundo momento marcado por hechos “repudiables e inaceptables”. En ese contexto, no descartó la participación de personas externas a la universidad, tanto en las protestas como en la agresión, lo que también forma parte de las diligencias en curso.

Finalmente recalcó que la institución está colaborando activamente con la investigación penal, mientras avanza en su proceso interno para esclarecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones. Asimismo, reconoció que la estrategia inicial de privilegiar el diálogo para contener la situación “falló”, lo que obligará a revisar los protocolos frente a futuros escenarios de conflicto.

Pese a la investigación de inteligencia levantada por las policías, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y el Ministerio Público se encuentra estableciendo las identidades y la participación específica en los hechos, lo que ha llevado a retrasar eventuales órdenes de detención de los presuntos implicados. Por eso las detenciones podrían concretarse la próxima semana.