Su arribo al gobierno no fue fácil. En enero de 2023, y tras la crisis política generada por los indultos, llegó como ministro de Justicia del gobierno del Presidente Gabriel Boric el abogado especialista en derecho público Luis Cordero.

Esa vez, su llegada al Ejecutivo implicó un salto inesperado desde la academia y la litigación a La Moneda. Desde entonces todo ha sido un huracán. De imprevisto, tras el caso Monsalve, se transformó en subsecretario del Interior y terminó convirtiéndose en el primer ministro de Seguridad. A días de que termine el gobierno, Cordero revisa su gestión y saca cuentas alegres de su paso por Ejecutivo.

Cuando asumió en Seguridad su misión era instalar el ministerio. ¿Misión cumplida?

La ley del Ministerio de Seguridad Pública no solo es crear el ministerio, sino que crear un nuevo modelo de gobernanza y de gestión en materia de seguridad pública, que es el modelo que hemos estado implementando. Desde el punto de vista del mandato del presidente y lo que queda para la próxima administración, los ejes centrales de la instalación del ministerio y sus instituciones están plenamente operativas y sobre todo la consolidación de un modelo de gestión.

¿Sirvió hacer la separación entre Interior y Seguridad Pública?

La decisión de haber separado, para la trayectoria de Chile, ha dado buenos resultados. ¿Cuál era uno de sus primeros propósitos? Sacar a seguridad de La Moneda, porque la seguridad pública es más que control policial y es más que persecución penal. Tiene una dimensión más global. Sacarlo de La Moneda tiene simbólicamente el tema de que los temas de seguridad pública exigen una visión de mediano y largo plazo, pero exigen gestionar diariamente la contingencia. Uno tiene que andar gestionando un vehículo que tiene como tres momentos distintos durante el día. Tiene que administrar la contingencia, tiene que mirar el mediano plazo para algunos instrumentos y tiene que tener en cuenta que hay algunas cosas que son de largo plazo. Mantener la seguridad pública en Interior era hacer de esos aspectos exclusivamente la contingencia política diaria. Este es un gobierno que va a entregar los números en seguridad a la baja. La gran herencia, además de eso, es haber dejado un sistema de seguridad pública integrado.

Comenta lo de las cifras a la baja, pero el presidente electo habla de un gobierno de emergencia. ¿Existe tal emergencia?

El concepto de gobierno de emergencia es una expresión que tiene un sentido electoral. Yo simplemente dejo a disposición el número de normas aprobadas en la instalación del ministerio, en el presupuesto y el descenso de los delitos violentos. Solo dejó ahí a disposición la modesta verdad de los hechos.

Va a entregar la Macrozona Sur bajo estado de excepción. ¿Qué le parece que se haya usado una herramienta excepcional de la forma menos excepcional posible?

Eso es enfrentar la realidad con pragmatismo. Es un hecho que la Macrozona Sur es un modelo que al amparo del estado de excepción lo que se hizo fue gestionar integradamente a distintas instituciones con buenos resultados para el país. Eso es enfrentar las cosas con pragmatismo.

¿Le costó mucho dejar los asuntos de justicia para sumergirse en la seguridad pública?

He estudiado el derecho público y siempre he tratado, en mi labor profesional y académica, de juntar el mundo del derecho y las políticas públicas. De esas cosas he escrito y más o menos todo el mundo sabe. Hoy puedo hablar del sistema penitenciario con tranquilidad, porque lo conozco bien mientras estuve en Justicia y me voy con el privilegio de haber estado en tres sectores que para mí son el ciclo de cumplimiento de la ley. ¿Qué voy a escribir a partir de eso? Va a ser otro tema.

Fue conocido como el bombero de La Moneda o el abogado del gobierno. ¿Considera que eso se dio así porque llenó un vacío por la inexperiencia de algunos en el gobierno?

No lo sé. No soy yo la persona que le corresponde hacer esa evaluación. Uno tiene que tener prudencia para evaluarse a sí mismo.

Cuando llegó al Ejecutivo el gobierno ya había dado un giro en materia de seguridad. ¿Cómo vio al presidente en esa reflexión?

Una de las cosas que deja este gobierno en materia de seguridad es que es posible abordar los problemas de seguridad y obtener resultados fortaleciendo el Estado de Derecho y no el cesarismo de la autoridad. La seguridad no es un tema que esté confinado exclusivamente a la derecha, eso es un error. Y creo que una de las reflexiones que termina decantando cuando se mira la agenda de este gobierno en materia de seguridad es que el progresismo tiene mucho que decir en seguridad.

¿En qué sentido?

Este gobierno no solo deja un modelo de gestión. No solo dice es posible abordar la seguridad fortaleciendo el Estado de Derecho y es posible tener resultados teniendo un Estado más ágil, sino que la seguridad la deja como un derecho humano, con una idea hacia el progresismo muy clara de que los afectados son los más vulnerables, a los cuales la izquierda tradicionalmente ha enfocado su preocupación. Por eso, yo creo que se comete un error muy grave desde la izquierda cuando se mira a las policías como si fueran estrictamente temas de orden, porque si hay instituciones que conocen la capilaridad de los sectores vulnerables, de la inequidad de los territorios, son las policías.

¿Le costó a la alianza de gobierno, a la izquierda o al presidente apropiarse de esta reflexión?

Al presidente no, porque ha tenido una visión bien prospectiva en esto, porque tomó una decisión muy temprana que fue fortalecer las instituciones y no ser ambiguo en esto. A la reflexión política del progresismo le falta mirar con más orgullo lo que se ha hecho en materia de seguridad. Los resultados tienen que seguir mejorando en Chile, pero va a ser un gobierno progresista el que va a dejar instalado un modelo de gestión en materia de seguridad pública que fortaleció el Estado de Derecho y que promueve un Estado ágil para obtener resultados en una dimensión donde la seguridad tiene que ser vista como un sistema de distribución y cohesión social para los más vulnerables. Entonces, hay buenas razones para que el progresismo mire y se apropie de esa dimensión. Por eso creo que al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad. En América Latina, Chile es de los países que, fortaleciendo el Estado de Derecho, obtuvieron resultados. Y yo creo que esa es una de las grandes herencias de este gobierno.

¿Esa reflexión también permeó respecto de la violencia en la política, a propósito del estallido?

Este ha sido un tiempo donde el país ha tomado conciencia de que la violencia, como ese mecanismo de constricción absoluta al otro para suprimir una diferencia, no es aceptable, y forma parte más bien de una evaluación colectiva.

¿Faltó convicción política para avanzar en la regularización de los 180 mil empadronados?

Es una decisión indispensable. Su regularización resulta clave y creo que más que un problema de convicción son los tiempos políticos. Al final esta es una administración que tuvo elecciones todos los años. La próxima administración tiene la virtud de que su próxima elección es en 2028.

¿Por qué rechazó el ofrecimiento del presidente para asumir como consejero en el Consejo de Defensa del Estado?

Me sentí muy honrado con el ofrecimiento que me hizo el Presidente Boric, y si bien no fue una decisión fácil de tomar, dada la alta valoración que tengo por el trabajo que realiza el CDE, creo que no era el momento. Quiero volver a mi trabajo de abogado y escribir mis columnas sobre fallos judiciales de la Tercera Sala de la Corte Suprema, así como sobre las determinaciones del Tribunal Constitucional y de la Contraloría. Además, creo que en el CDE hay muy buenos funcionarios de carrera que pueden cumplir esta función. El presidente decidió nombrar al abogado Jorge Escobar, quien fue el consejero suplente luego de la partida de Jaime Varela. También está mi convicción de que uno no puede saltar, de inmediato, desde un cargo ministerial a uno de la importancia del CDE.