De un total de 1.428 campamentos existentes en Chile, 447 enfrentan una situación crítica: están bajo amenaza de desalojo. Esto significa que hay órdenes vigentes, juicios en curso o procesos administrativos que podrían derivar en el desalojo forzoso de las 43.733 familias que hoy habitan en asentamientos precarios a lo largo del país.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, Región de Valparaíso, donde actualmente el gobierno mantiene negociaciones con los propietarios del terreno para evitar el procedimiento. Desde distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, la posibilidad de expulsar a más de 10 mil personas de ese lugar ha sido calificada como una “crisis humanitaria”.

La preocupación también fue manifestada por el director ejecutivo de Techo Chile, Gonzalo Rodríguez, quien en entrevista con este medio señaló que “el desalojo debe ser la última opción. Y cuando ocurre, debe hacerse con anticipación, resguardando los derechos de las personas, especialmente de los niños, permitiendo retirar sus cosas y ofreciendo soluciones habitacionales para que no queden en la calle”.

Según el Catastro 2024-2025, elaborado por Techo Chile y presentado la semana pasada, la región con más campamentos bajo amenaza de desalojo es Valparaíso, con 98 casos. Le siguen Biobío (65) y Antofagasta (60), transformándose en las zonas más afectadas por esta situación.

En tanto, la Región Metropolitana también presenta cifras preocupantes: hay 54 campamentos con órdenes vigentes. Luego viene Atacama con 46, seguida de Los Lagos (26), La Araucanía (24), Tarapacá (22) y O’Higgins (16).

Más abajo se ubican Los Ríos (11), Arica y Parinacota y Coquimbo (9 cada una), Ñuble (3), Maule y Magallanes (2), mientras que Aysén es la única región que no registra campamentos amenazados por desalojo.

Zoom en las capitales regionales

La distribución de los campamentos con amenaza de desalojo varía entre regiones: en algunas el fenómeno se presenta de forma más equitativa entre las comunas, mientras que en otras se concentra de manera mucho más marcada.

En la Región de Valparaíso, Viña del Mar lidera con 29 casos, seguida por Valparaíso (20) y San Antonio (10). Más abajo aparecen Quilpué (7) y Villa Alemana (6).

En el Biobío, la distribución también se concentra en comunas con alta densidad poblacional. Curanilahue (11) y la capital regional, Concepción (10), encabezan la lista. Les siguen Arauco y Lota, con 8 campamentos cada una, y Talcahuano, con 6. En conjunto, estas cinco comunas reúnen más de la mitad de los casos a nivel regional.

En Antofagasta, región que registra 60 campamentos con amenaza de desalojo, la concentración es aún más drástica: la capital regional, Antofagasta, agrupa 53 de los 60 casos totales. Muy por detrás aparecen Tocopilla (4) y Calama (3), mientras que comunas como Mejillones o San Pedro de Atacama no presentan amenazas activas.

En el caso de la Región Metropolitana, que suma 54 campamentos con órdenes vigentes, la distribución es más dispersa. Si bien no se concentra en la capital comunal -Santiago-, sí lo hace en comunas periféricas o de crecimiento reciente. Lampa lidera con 8 casos, seguida por Maipú (6), La Florida y Puente Alto con 4 cada una, y Colina, también con 4.

Desde Techo-Chile, la directora del Centro de Estudios de la fundación explica que la concentración de amenazas de desalojo en algunas regiones no solo responde al número de campamentos: “hay una relación con que son las regiones con más campamentos, pero también donde hay una alta demanda habitacional, no solamente por los campamentos, sino que también es donde hay mayor porcentaje de déficit habitacional en general”.

¿Quiénes están en riesgo?

Además del número de campamentos, el catastro da cuenta del perfil de las familias que habitan en estos asentamientos en riesgo. En total, son 43.733 grupos familiares los que podrían verse afectadas por procesos de desalojo en distintas regiones del país. Entre ellas, 16.860 corresponden a familias migrantes. En detalle, hay 8.115 adultos mayores y 30.627 niños, niñas y adolescentes, grupos particularmente vulnerables ante procesos de expulsión forzada que no contemplan soluciones habitacionales previas ni medidas de protección específicas.

Uno de esos casos es el de Alejandra Naguil, dirigenta del campamento Aldea Las Mulatas, ubicado en Valdivia. “La gente tiene temor”, dice. “Desde que se formó el campamento hemos escuchado amenazas de desalojo. El ministro Montes nos dijo que mientras este gobierno esté en funciones no iba a ocurrir, pero este año vienen las elecciones y no sabemos lo que pasará”.

El asentamiento comenzó a formarse en 2019, cuando Naguil y su familia llegaron al terreno —entonces propiedad de Bienes Nacionales— y poco después comenzaron a sumarse otras familias. En agosto de 2020 ya eran 45; luego llegaron a 150, muchas con niños pequeños, personas mayores y familias migrantes. “Hay de todo. No todos cumplimos los requisitos que exige el Estado para postular a una vivienda, pero eso no significa que no necesitemos una”, comenta. Hoy el terreno está bajo la administración de Vialidad. Y aunque el campamento ya fue reconocido oficialmente, siguen sin una solución concreta.

Alejandra Naguil vive con sus cuatro hijos y su madre de 60 años, quien quedó con secuelas tras un accidente. “Mi mamá no tiene pensión por discapacidad. Estamos esperando que le salga una jubilación. Acá la mayoría trabaja como puede: hay emprendedores informales, recolectores, adultos mayores que viven con lo justo. No alcanza para una casa usada, y tampoco queremos irnos a otra ciudad a empezar de cero”.

“Estamos cansados y con miedo. Buscamos terrenos, tocamos puertas, pero todo es lento, frustrante. Queremos un terreno, pero uno que podamos pagar. No somos ricos, somos gente de esfuerzo. Lo que pedimos es voluntad política y que las promesas se cumplan”, concluye.

La directora social de la fundación, Isidora García, afirma que “los desalojos no resuelven el problema, lo trasladan. En la práctica hemos visto que desalojos sin soluciones alternativas producen un ciclo de precariedad que profundiza la vulnerabilidad de las familias quedando en situación de allegamiento, hacinamiento extremo o, incluso, instalándose en carpas o en situación de calle”.

Explica que ”debe implementarse una política intersectorial que logre una mayor presencia del Estado en estos lugares que hoy presentan mayor abandono”, añade. Eso implica “una mayor presencia institucional con programas sociales integrales (...) además de una política habitacional robusta que priorice a los que más lo necesitan, distinga entre la gran diversidad de campamentos que existen actualmente y entregue soluciones acorde a sus características y la viabilidad técnica de las mismas”.