El empresario Manuel Cruzat viene hace al menos tres años criticando duramente el sistema de distribución de causas civiles del Poder Judicial.

Cruzat asegura que hay un “gravísimo caso de corrupción” en el algoritmo que asigna las causas de tribunales civiles. Esto, en el marco de las resoluciones de tribunales por las quiebras de dos de las empresas donde ha sido accionista: Curauma y Latam.

Con esos argumentos, en 2022 presentó una querella por delitos informáticos contra quienes resultaran responsables de esos hechos. Una causa que finalmente terminó con una decisión de no perseverar por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, Cruzat no se ha rendido y junto a su abogada Jésica Torres volvió al ataque y presentó una nueva querella en el Séptimo Juzgado de Garantía, ahora contra funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

En la acción penal, admitida a trámite el 31 de julio, apunta contra al exdirector de la CAPJ Ricardo Guzmán y la directora suplente del organismo Andreina Olmo -y contra todos quienes resulten responsables- por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Los detalles de la querella

Según el texto de la acción penal, la CAPJ en el marco de la investigación penal que llevaba el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Jaime Retamal “se ha negado directa e indirectamente a proporcionar la información técnica completa, veraz y suficiente para poder determinar y/o auditar cómo operó el sistema de distribución de causas, respecto de las causas civiles, ambas asignadas al Segundo Juzgado Civil de Santiago”.

"En sus respuestas a los requerimientos investigativos los querellados no sólo se niegan entregar la información requerida por el Ministerio Público, sino que incurren en una entrega asaz parcial de los antecedentes”, se lee en la querella.

Además, el empresario plantea que “los querellados cometen abiertas contradicciones, lo que configura una acción voluntaria de obstruir la investigación e impedir contar con la información requerida para una cabal investigación y/o para una auditoría externa”.

Según la querella, las causas de insolvencia transnacional de Latam y la quiebra de Curauma S.A. debieron ser conocidos por el 6° y el 15°Juzgado Civil de Santiago respectivamente y no por el 2°.

“Antecedentes aportados en solicitud de información a la Corte Suprema, entre marzo y julio de 2022, (fecha en que esta parte toma conocimiento), dan cuenta y confirman que dichas causas debieron ser conocidas por esos tribunales y no por el Segundo Juzgado Civil de Santiago”, dice el texto.

El querellante afirma que el fiscal Retamal encontró “reticencia” de parte de la CAPJ en la solicitud de información de la primera querella. En el texto se detalla de manera cronológica los requerimientos que hizo el fiscal, pero que la CAPJ, en varios de ellos, no cumplió.

“La falta de información dificulta la pericia realizada por la PDI. Es más, se reconoce que, no se realizó un análisis del código fuente del sistema ya que ella misma reconoce que no tiene las capacidades técnicas para ello”, dice otra parte del texto, citando un informe policial.

En un oficio, que también está contenido en la querella, la CAPJ explicó que “el sistema asigna aleatoriamente la causa al tribunal con menor número de ingresos en esa materia”.

“Si hay varios tribunales con igual carga, se asigna a cualquiera de ellos. Si hay más de uno que cumple esta condición, se asigna a cualquiera de ellos por ser candidatos a recibir este ingreso”, se señala.

“Existe un intento de explicar lo inexplicable. El contraste entre los oficios revela un esfuerzo deliberado por no reconocer la alteración del sistema. Las respuestas, lejos de ser técnicas y verificables, se apoyan en expresiones vagas y genéricas, impropias de un protocolo informático que debe ser objetivo e inalterable”, afirma la abogada del empresario, Jésica Torres. En las solicitudes de la querella la abogada pide que se requiera información a la empresa que elaboró el software sobre el sistema de distribución de causas.

“Estas contradicciones y omisiones constituyen actos positivos de obstrucción a la investigación, pues impiden que el Ministerio Público y peritos externos cuenten con la información necesaria para verificar la trazabilidad y legalidad de las asignaciones de causas cuestionadas”, agrega la querellante.