La teleserie por la megatoma de San Antonio continúa. Luego de que esta semana se dieran por fracasadas las negociaciones entre los representantes de la inmobiliaria dueña del terreno y el Ministerio de Vivienda encabezado por Carlos Montes, el avance hacia un desalojo era el paso venidero. Sin embargo, la cartera informó este viernes que el secretario de Estado se reunió con los dueños del paño, Esteban Solari y Ricardo Posada, con el afán de acercar posiciones y buscar alguna salida.

En esa cita, Montes se comprometió a enviar el próximo martes una minuta con alternativas para acercar a las partes, mientras que los propietarios accedieron, al menos hasta ese día, a no presentar la solicitud del “cúmplase” de la sentencia definitiva.

Durante la reunión, el ministro hizo entrega del informe final evacuado por la Comisión Técnica del Minvu—instancia que durante 17 sesiones revisó condiciones de venta, precios y eventuales garantías para una posible compra del terreno de 260 héctareas—.

En ese escrito se detalla que, si bien hubo avances en el proceso de negociación, también existieron dificultades, las que en opinión de los representantes del Minvu se produjeron por concebir la operación como una compraventa tradicional. “A lo anterior se suma una posición inflexible respecto a los plazos de la operación y condiciones comerciales, que son inviables”, se lee.

Asimismo se detallan aquellas dificultades, como el precio, que hoy se expresa en una diferencia de 15 mil millones de pesos.

El documento también pone sobre la mesa las condiciones que fijaron los dueños, como vender todo en un solo acto, lo que fijaba una barrera, a juicio del informe. Además, se explicita que los propietarios exigieron certezas de que la operación sería financiada por BancoEstado. Eso, según la cartera, sí se aseguró, pero que no había posibilidad de explicitar la participación como querían los dueños, puesto que ello dependía de la definición del precio.

“Se hace presente que, para esta parte, no es efectivo que no se haya logrado ningún avance, ni tampoco que no existan propuestas concretas, como se ha sostenido”, se lee en la parte final del informe entregado por Montes.

Posteriormente se integró a la conversación el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien expuso a las partes las implicancias y dificultades que tendría un eventual desalojo, proceso que, según los cálculos del Ejecutivo, podría extenderse por años y requerir el despliegue de miles de efectivos policiales.