Niños del Sename: reportaje denuncia irregularidades en informes para internación en centros

Autor: La Tercera

Según un reportaje de Canal 13, los organismos privados que elaboran documentos con los que los jueces deciden el futuro de los menores están mal hechos. No existe fiscalización en un tema en que el Estado gasta 1.350 millones de pesos al año.

Esta noche, un reportaje de Canal 13 reveló importantes fallas en el sistema que opera para internar niños vulnerables en centros del Sename. Los jueces de familia deciden el futuro de los menores solamente en base a un informe realizado por organismos privados colaboradores. El problema, según la investigación, es que en la mayoría de los casos son mal hechos o derechamente están copiados.

La jueza de familia Mónica Jeldres señaló que los informes “dan cuenta de una situación superficial, y con esos informes resolvemos”.

“Es una audiencia donde el principal respaldo es un informe escrito, por lo tanto, todos hablan de ese informe sin tener al niño al frente y sin tener a las profesionales que hicieron y que pueden responder profesionalmente de él”, aseguró Claudio Valdivia, director de la Clínica Jurídica UC, quien agregó que en muchos casos se trata de informes copy/paste y, además, se desatiende la obligación legal de escuchar a los menores involucrados.

El reportaje señala que esta situación se da en gran parte por el afán de tales organismos privados de cobrar recursos, sin fijarse en la calidad del trabajo realizado. El Estado paga 150 mil pesos por informe. Al año, esto corresponde a 1.350 millones de pesos, mientras tres instituciones concentran estos recursos: Opción, con 5.820 millones; Ciudad del Niño, con 4.216 millones, y Mi Casa con 3.192 millones.

Sin embargo, no hay regulación. Cristopher Soto, trabajador social de uno de estos organismos, cuenta que el tiempo para redactar tales informes es muy poco, pues atienden 40 casos al mes. Es decir, casi la mitad de un día por cada niño.

Lucha Venegas, exsicólogo de uno de estas entidades, comentó que “a mí se me obligó a mentir con respecto a intervenciones que no se estaban realizando para poder cobrar los recursos. Subir información falsa en la plataforma. Se le mentía a los tribunales”.

“¿Por qué aquellos programas que están interviniendo niños no hacen ese trabajo de diagnóstico de evaluación no solo de los padres, sino de forma más extensa, tienen otras opciones como ir con una tía, con una abuela?”, planteó Valdivia quien agregó: “El estándar de exigencia es muy bajo, pero el niño paga el costo”.

La magistrado Jeldres aseguró, tajante: “No existe una fiscalización externa de estos programas”.

Seguir leyendo