A través de una declaración pública, tres organizaciones -ligadas al transporte y al mundo forestal- manifestaron su descontento con el gobierno debido a la situación que aqueja a la Macrozona Sur, recordando el reciente homicidio del guardia forestar Manuel León.

Se trata de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), representada por su presidente Sergio Pérez; la Asociación de Contratistas Forestales (Acofor A.G.), por su director ejecutivo René Muñoz; y el Sindicato Profesional Interempresas de Choferes de Camiones (Sitrach) por su presidente José Sandoval.

En el comunicado, las organizaciones responsabilizan al Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad -liderado por Luis Cordero- del “grave daño que se sigue causando a los trabajadores” de la zona.

“El brutal asesinato del guardia forestal Manuel León vuelve a dejar en evidencia que el actual estado de excepción en la Macrozona Sur, sin el debido respaldo y atribuciones a las Fuerzas Armadas, no cumple con el objetivo de brindar seguridad a las familias que habitan y trabajan en la zona”, comienza el escrito.

“Responsabilizamos al gobierno y al Ministerio de Seguridad por el grave daño que se sigue causando a los trabajadores y comunidades de la macrozona, que viven bajo permanente amenaza”, continúa.

Luego, se agrega: “Desde mayo de 2022, el estado de excepción constitucional debe ser renovado cada 30 días en el Congreso, lo que obliga al Parlamento a postergar la tramitación de otras leyes, sin que ello se traduzca en medidas efectivas. Esta prórroga permanente solo asegura la presencia militar, pero impide que se actúe con inteligencia y con el pleno uso de las facultades que la ley entrega”.

“El gobierno ha optado por una estrategia de uso gradual de la fuerza, que en la práctica ha demostrado ser ineficaz. Lo que debe priorizarse es la seguridad y los derechos fundamentales de todos los chilenos”, aseguran.

“Los crímenes que se cometen en la macrozona son obra del narco-terrorismo, que mantiene a los ciudadanos en un verdadero secuestro por el miedo, limitando la libertad de circulación y el derecho al trabajo, especialmente en horas de la noche. Tal como señaló el almirante Edmundo González, con las facultades plenas las Fuerzas Armadas podrían erradicar a estos grupos terroristas en 72 horas. Es esa decisión la que falta·, añaden.

“Las leyes en tramitación, como la de infraestructura crítica o las reglas de uso de la fuerza, son importantes para fortalecer el orden público, pero no resuelven la emergencia en la Macrozona Sur, donde la lista de asesinatos sigue creciendo. Hoy es el narco-terrorismo quien decide dónde, cuándo y cómo se puede trabajar y vivir en el sur de Chile”, lamentan.

En esa línea, recalcan: “Exigimos al gobierno actuar con decisión y entregar a las Fuerzas Armadas las herramientas necesarias para recuperar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores del país, que merecen vivir en paz”.