Patricio Bernedo, profesor del Instituto de Historia UC y director del Centro PUC para el Diálogo y la Paz, entrega esta entrevista en la Casa Central de la Universidad Católica, donde hace clases en la Facultad de Comunicaciones. A principios del año pasado comenzó su labor como miembro del comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, creado en 2023. Está enfocado en los detenidos desaparecidos durante la dictadura. El comité lo integran nueve personas.

Bernedo dice que la labor de ese comité es “seguir, apoyar, supervigilar y criticar” el trabajo del Plan. A él lo nombró el Presidente Gabriel Boric a partir de una quina de académicos. Es un trabajo ad honorem, señala Bernedo.

El Plan está inserto dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Este 2025 se le asignaron $ 313 millones de pesos para establecer convenios con hasta 11 personas naturales para investigación, asesorías legales, archivo u otros. Por otro lado, se le asignaron $ 439 millones de pesos para gastos en bienes y servicios.

Bernedo explica que la cifra de detenidos desaparecidos durante la dictadura asciende a 1.469. De ellos, aún no se sabe el paradero de 1.162. Esa es la cifra que empujó la creación del Plan.

¿Qué objetivo tiene el Plan?

Vimos la necesidad de generar una política de Estado para centralizar la información y poder avanzar en determinar la trayectoria de las personas detenidas desaparecidas.

El objetivo es poder entregar la mayor certeza respecto de las trayectorias de las personas que desaparecieron forzadamente: cuándo y dónde se les detuvo, por qué partes pasaron y cuál fue el último lugar donde se les vio con vida. Esas trayectorias estaban, pero descentralizadas. Y ese punto ya se completó.

El Plan busca ser una instancia que coordine esfuerzos, y que desde esa perspectiva genere una política de Estado que ojalá permanezca en el tiempo.

Según el exministro de Justicia Luis Cordero, había más objetivos además de las trayectorias: construir la nómina única y ubicar los restos. ¿Cómo van los avances de esos otros dos puntos?

La nómina única ya está completa a partir de la información que se recogió y siempre está, obviamente, en revisión. No obstante, dentro del plan también tenemos la posibilidad de recalificar casos.

¿Y sobre el tercer punto? Hasta ahora no se han encontrado los restos de ninguna persona.

Es que allí hay que tener mayor paciencia, porque las investigaciones siguen. Además, en la práctica esto requiere de una organización, de una implementación, de una coordinación, de alinear instituciones, voluntades y presupuestos.

Pero yo creo que el gran salto que se podría dar en esta materia de hallazgos podría eventualmente provenir de las personas que hicieron desaparecer a los detenidos desaparecidos.

¿Cuáles son los sitios de mayor interés para el Plan?

Los sitios más importantes están ubicados en la mina La Veleidosa, en Tocopilla. Y el otro es Colonia Dignidad. Ese también es un sitio relevante para efectos de posibles hallazgos.

Y, por favor, no quiero levantar expectativas falsas, pero por lo menos en Colonia Dignidad hay un foco prioritario, que esperamos dé algún tipo de resultado o de avance positivo.

A dos años de iniciado el Plan, ¿cree usted que se debió moderar la expectativa de encontrar a alguno de los desaparecidos?

A ver, la expectativa del momento que tú escuchas que hay un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, efectivamente se eleva de inmediato. Es natural que sea así, como noticia. Y efectivamente esa expectativa se levantó y no se ha morigerado. Creo que se debió haber explicado mejor los tiempos que trabaja el Plan.

¿El gobierno no tiene responsabilidad de esta alta expectativa?

Diría sinceramente que no. En materia de comunicaciones este tema se ha manejado de una manera muy sobria y muy responsable.

Usted dice que la información la tienen los que hicieron desaparecer a esas personas. ¿Dónde está, entonces, esa información, y cómo se consigue?

Si queremos avanzar de manera más rápida en encontrar detenidos desaparecidos o que se diga qué se hizo, si se lanzaron al mar, por ejemplo, la información ya sabemos dónde está: en Punta Peuco y Colina. Ahí es donde uno puede decir: aceleremos quizás por ese lado. Pero es un tema sensible. Porque quienes hablan por esos militares es que nunca se les ha ofrecido nada a cambio. Pero los familiares por su lado dicen: estas personas están presas y no han reconocido, no han pedido perdón y no han entregado información. Es en ese punto de desencuentro donde creo que la institución más indicada para generar esa conversación es la Iglesia Católica.

Abrir una conversación

¿Quiénes son los militares en Punta Peuco que podrían tener esa información para dar con hallazgos?

Sinceramente prefiero no dar nombres.

Pero los tienen identificados.

No a todas las personas que podrían entregar información. Esa lista sería incompleta. Si la Iglesia generara este espacio de conversación, creo que recién cabría allí armar una lista de posibles personas con las cuales iniciar conversaciones.

Además, lo que yo estoy planteando no necesariamente sería una iniciativa del plan propiamente tal, sino que sería un efecto del plan, pero fuera del plan, donde la Iglesia tome la iniciativa.

Como una especie de comisión.

Por ejemplo. Es como una suerte de consecuencia, si tú quieres, generada por el plan. Pero no está amarrada institucionalmente. Y esto yo lo digo a título personal.

¿Se puede confiar en los militares que están condenados?

Por eso es determinante el papel que puede jugar la Iglesia. Es un punto de encuentro que parte por generar una base de confianza. También es importante que muchos de ellos son católicos. Y allí un sacerdote puede cumplir un rol central: espiritualmente, ¿en qué está esa persona?

Esos militares tienen una edad avanzada, y algunos tienen mala salud.

Pero por lo menos podría ser un punto de partida para ir chequeando la información.

Esos militares, como hemos reporteado, van a poner sobre la mesa la entrega de beneficios. ¿Usted cree que hay que abrirse a otorgarles algo a cambio?

Yo creo que sí, abrirse a dar beneficios a militares es parte de la conversación. Y eso lo quiero puntualizar muy bien. Yo creo que ahí se podría generar información veraz y útil. Pero eso ya tendría que ser una cuestión regulada legalmente, de las posibilidades de entregar ciertos beneficios a esas personas por cooperar. Esto, entendiendo que hay mucha gente que tiene mucho dolor en esta materia.

Lo que yo planteo no es una negociación, sino que es abrir un punto de encuentro para generar conversaciones que pueden ser relevantes.

La Iglesia

El Plan no está en la agenda de todos los candidatos presidenciales. ¿Habría que despolitizarlo para asegurar su continuidad?

Es que este problema se sigue entendiendo como un problema político, y no ético, o espiritual.

Y despolitizarlo sería en el sentido que yo decía, darle un sentido distinto. De decir: han pasado cincuenta y tantos años del Golpe. Como sociedad tenemos que abordar estas conversaciones que son necesarias, de una manera mucho más madura. Y yo creo que el Plan te entrega una estructura bien armada de política pública, y que está funcionando, que eso es interesante.

¿Por qué la Iglesia Católica tendría la legitimidad para mediar entre militares, el Plan y los familiares?

En primer lugar, la legitimidad de la Iglesia Católica en Chile viene con el trabajo desde el momento mismo del Golpe, especialmente con lo que significó la Vicaría de la Solidaridad. Y en segundo lugar, porque el actual arzobispo de Santiago, cardenal Chomali, es muy sensible también con el tema de la violación de los derechos humanos en dictadura. Tema sobre el cual, entre otras cosas, él tiene un documental.

¿Se le planteó esta idea a la Iglesia?

No, pero yo creo que debería tener eventualmente una buena acogida.

¿No se sienten presionados en cuanto a tiempo, por la situación de salud que tienen los militares?

Sí, eso le pone urgencia a generar este espacio de conversación. Como dijo hace un tiempo atrás Alfredo Zamudio en una columna: lo importante es que los victimarios no se lleven sus secretos.

¿La posibilidad de entregar beneficios se la plantearon al gobierno?

Es que esto no se ha conversado directamente, que yo conozca por lo menos.

¿Con quién ha compartido usted esta idea?

La he sostenido informalmente con el sacerdote Tomás Scherz (miembro del Comité de Seguimiento). Él de hecho publicó hace un tiempo atrás una carta planteando este tema. Pero siempre como una cuestión entre nosotros dos. Tratando de imaginar cómo instalar esta conversación.

¿A los familiares no se lo han comentado?

Yo por lo menos, no.

¿Y cuál cree que va a ser la respuesta de ellos?

Prefiero por ahora no adelantar un juicio al respecto.

¿Es viable esta política sin esa colaboración de los militares?

Sí, efectivamente sigue siendo viable. Pero sus avances serían obviamente mucho más lentos. En la medida que se pudiese lograr este punto de encuentro, yo creo que ahí sí se podrían obtener resultados mucho más pronto. Habría un cambio de velocidad probablemente.