El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó penas que, en conjunto, alcanzan los 37 años de presidio para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el marco de una acusación particular presentada ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago este domingo.

El libelo, que cuenta con la firma del procurador fiscal Marcelo Chandía y al que accedió La Tercera, da cuenta que el representante del Fisco solicita una condena aún más dura que la presentada por el Ministerio Público, institución que a fines del año pasado pidió 23 años de cárcel para la exjefa comunal.

El énfasis puesto por el querellante institucional está en la cantidad de dinero que había estado sin control por parte de Barriga cuando ocupó el sillón edilicio de Maipú. En el documento se detalla una serie de delitos vinculados a actos de corrupción, entre ellos cometer un fraude a gran escala, falsificación de instrumentos públicos y uso irregular de recursos municipales.

Según el CDE, Barriga encabezó -junto a otros exfuncionarios municipales- una estructura administrativa diseñada para eludir los controles financieros internos, permitiendo la ejecución de gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre los años 2016 y 2021.

No son hechos aislados

En la acusación se sostiene que los delitos no corresponden a hechos aislados, sino a “una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta, orientada a liberar artificialmente recursos para financiar programas, eventos y contrataciones sin contar con financiamiento real”.

Para el CDE el perjuicio fiscal sería de $ 32.884 millones producto de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas de la contabilidad oficial y la utilización irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.

Contundentemente el acusador fiscal sostiene que Barriga desplegó “una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado”.

Entre los gastos observados se incluyen actos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos, generando una deuda que terminó siendo traspasada a ejercicios presupuestarios posteriores.

La investigación ya fue cerrada y la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 2 de febrero de 2026. En esa instancia se definirán las pruebas que serán rendidas en juicio y se debatirán tanto la acusación de la Fiscalía Oriente como la presentada por el CDE y otros querellantes particulares.