El Ministerio Público ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una ampliación a la querella de capítulos que ya presentó en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En el nuevo requerimiento del ente persecutor, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, detalla antecedentes que se sumaron en la indagatoria de la trama bioelorrusa y que involucran a la removida magistrada.

Los nuevos hechos por los que la Fiscalía busca que el tribunal de alzada de Santiago de luz verde para solicitar medidas cautelares en contra de Vivanco, se basa en los antecedentes recogidos del informe de la Comisión de Ética del máximo tribunal.

El Ministerio Público también suma en su escrito el presunto pago de US$ 15.600 en favor de la exjueza, el cual fue dado a conocer en la formalización de su pareja, Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, pero que no fue incluido en la querella de capítulos original.

Ese hecho, según se dio cuenta durante los ocho días de formalización de los imputados del caso, ocurrió el 4 de julio de 2023. Según la Fiscalía, tras dar un voto favorable en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM) y en contra de Codelco, la entonces ministra Vivanco habría concurrido a la oficina de Lagos y Vargas, quienes representaban a CBM para recibir el pago, lo que se basó en informes de georreferenciación de Carabineros.

Según la defensa de Migueles, y como lo ha sostenido la propia Vivanco, aquello no habría ocurrido. La exjueza ha dicho que nunca ha ido a la oficina ubicada en El Regidor 66 y que la georreferenciación que la ubica en ese perímetro se debe a que asistía regularmente, y más de una vez a la semana, a una peluquería a solo metros de la oficina de Vargas y Lagos.

Pese a eso, en la ampliación de la querella de capítulos, la fiscal Wittwer plantea que “posteriormente, con fecha de 5 de julio de 2023, la exministra Vivanco concurrió con su voto a rechazar la nulidad procesal solicitada por Codelco para invalidar la vista de la apelación del recurso de protección antes referido del día 30 de junio de 2023, con infracción a sus deberes del cargo en tanto no informó su inhabilidad”.

Además de aquello, la acción penal plantea que “el día 5 de julio de 2023, Migueles recibió de Ángela Vivanco la cantidad de US$15.600 a sabiendas de su origen ilícito por tratarse de una retribución económica a la exministra por infringir sus deberes del cargo al no inhabilitarse e intervenir en trámites de un recurso que patrocinaban sus amigos los abogados imputados Lagos y Vargas y en el cual todos tenían interés pecuniario”.

“Este dinero lo adquirió y usó el imputado Migueles con ánimo de lucro, procediendo a su venta en efectivo el mismo día 5 de julio de 2023 en la sucursal El Rodeo del Banco BCI transformándolos a moneda nacional por un total de $12.331.020″, concluye la querella.

Tramitar esta querella de capítulos es un paso fundamental para que la Fiscalía, cuando formalice a Vivanco, pueda solicitar la prisión preventiva. Esto debido a que tanto jueces como fiscales tienen una protección especial -parecida al fuero parlamentario- que los protege de las acciones que cometen en el ejercicio de sus funciones.

Pese a que Vivanco ya no forma parte del Poder Judicial, los hechos imputados por el Ministerio Público ocurrieron cuando ejercía sus funciones de ministra de la Corte Suprema.