ESTE AÑO se cumplió una década desde que se implementó en Chile el sistema de construcción y administración de cárceles bajo el modelo concesionado. El programa original impulsado por el gobierno del Presidente Ricardo Lagos contemplaba poner en marcha 10 de estos recintos mediante esta modalidad; sin embargo, hasta la fecha se encuentran operativos ocho, y el modelo ha dejado de ser impulsado por el Estado.

Si bien se trata de un sistema perfectible, la concesión de cárceles ha demostrado haber cumplido con los objetivos previstos, principalmente en ampliar la red penitenciaria para albergar a reos según la mayor demanda existente, mejorar la calidad de la infraestructura, el manejo de la población carcelaria y la calidad de su estadía en estos recintos. Asimismo, su construcción y posterior gestión ha cumplido con los estándares impuestos por el Estado para la ejecución y administración de estos centros de reclusión, a un costo similar al de cárceles construidas por el Estado.

Algunas voces advierten que el sistema presenta ciertas falencias que es necesario corregir, como es el caso de no contar con los espacios adecuados para rehabilitar a los reclusos. También se reprocha la calidad de los materiales utilizados en la construcción, que no han impedido la elaboración de armas hechizas. Lo cierto es que el diseño de los recintos concesionados se hizo a partir de los requerimientos establecidos por el Estado, y por lo tanto no cabría atribuir responsabilidad de la concesionaria. Tampoco podría ignorarse que la sobreocupación de las cárceles complota para un funcionamiento normal de los recintos.

El Estado define los criterios técnicos para la construcción de las cárceles y fija los parámetros de funcionamiento; por ello, los problemas parecen derivar de la insuficiencia de Gendarmería como contraparte. En cualquier caso, estas dificultades no justifican que el modelo de concesiones carcelarias se haya detenido, por lo que cabe al gobierno explicar esta determinación.