La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, reaccionó este lunes a la denuncia realizada por la senadora Camila Flores (RN) por la difusión de material privado en redes sociales y servicios de mensajería, condenando los hechos y recordando que este tipo de acciones constituyen una forma de violencia digital sancionada por ley.

A través de una declaración, la secretaria de Estado sostuvo que lo ocurrido con la parlamentaria es “inaceptable” y enfatizó que la difusión no autorizada de contenido íntimo constituye una vulneración grave a los derechos de las mujeres.

“Inaceptable. La difusión no consentida de contenido íntimo es una forma de violencia contra la mujer. Condenamos lo ocurrido a la Senadora Flores. La Ley 21.675 sanciona estos actos y establece responsabilidad penal para quien exhiba, envíe, publique o difunda este contenido”, afirmó Marín.

La reacción del Ejecutivo ocurrió luego de que Flores denunciara públicamente que registros audiovisuales privados comenzaron a circular durante esta jornada y acusara directamente a su exmarido, Percy Marín, de estar detrás de la divulgación del material.

En un video difundido en sus redes sociales, la senadora aseguró que las imágenes fueron obtenidas “de manera ilícita e ilegal” y que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la justicia.

“Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”, sostuvo la legisladora.

La parlamentaria añadió que la situación responde a un acto de “despecho” y cuestionó que se intente perjudicarla públicamente tras el término de la relación.

La representante de la Cámara Alta también aseguró que existirían antecedentes judiciales relacionados con un supuesto caso de violencia intrafamiliar, indicando que tras una denuncia presentada en diciembre se decretó una orden de alejamiento.

Reacciones transversales

Las declaraciones de la ministra Marín se sumaron a una serie de respaldos y condenas transversales desde distintos sectores políticos.

La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, calificó la situación como “repudiable” y recordó que la legislación vigente contempla sanciones específicas para este tipo de hechos.

“Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21.675. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia”, señaló.

Desde la oposición, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también expresó solidaridad con la parlamentaria y condenó duramente la difusión del contenido.

“Esto es inaceptable. Toda mi condena a este acto tan vil y miserable”, manifestó.

Asimismo, la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), declaró que “todo tiene un límite. Estamos frente a un delito contra la vida privada e intimidad de la persona, especialmente para quien lo grabó, obtuvo o difundió sin autorización. Que caiga todo el peso de la ley. Muchas mujeres lo viven y debemos frenarlo, en la justicia inclusive”.

En tanto, la diputada Francisca Bello (FA) enfatizó que las diferencias políticas no pueden relativizar la gravedad de la vulneración denunciada por Flores.

“No comparto las posiciones políticas de la senadora Camila Flores, pero eso no cambia algo fundamental: nadie merece ver vulnerada su intimidad ni ser expuesta públicamente de esta forma”, indicó.

La legisladora agregó que la violencia digital ya se encuentra reconocida en la legislación chilena y llamó a condenar estos hechos “sin ambigüedades”.

“La difusión de imágenes privadas sin consentimiento constituye una grave vulneración de la privacidad y de la dignidad de las personas. Nuestra Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce la violencia digital y contempla sanciones para este tipo de conductas”, afirmó.

Finalmente, y en el mismo tenor, la senadora Karol Cariola (PC) repudió la situación que afecta a su par en el Congreso y expresó su solidaridad “más allá de nuestras profundas diferencias políticas”.

“Ningún contexto justifica la filtración ni difusión de imágenes íntimas y sensibles de una persona. Esta es una forma de violencia que afecta especialmente a las mujeres y que hoy está sancionada por ley”, dijo.

Ley Integral y violencia digital

La Ley 21.675, mencionada por las autoridades y parlamentarias, incorporó formalmente la violencia digital como una de las formas de agresión contra las mujeres, estableciendo sanciones para quienes compartan o difundan contenido íntimo sin autorización.

La normativa contempla responsabilidad penal para quienes exhiban, publiquen, transmitan o distribuyan imágenes, videos o registros de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona afectada, especialmente cuando ello implique daño, humillación o afectación a la integridad psicológica de la víctima.