Los cuestionamientos por los embargos de cuentas corrientes asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) llegaron este lunes hasta el comité político ampliado de La Moneda.

Durante la reunión, dirigentes de los partidos oficialistas plantearon al gobierno -en particular, al jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz- su preocupación luego de un fin de semana marcado por la difusión de testimonios de personas que denunciaron retenciones y embargos de fondos en sus cuentas bancarias por deudas asociadas al CAE.

En concreto, pidieron revisar eventuales situaciones en que las medidas de cobro forzoso por parte de la Tesorería General de la República (TGR) hayan afectado a personas que no estaban dentro de los grupos priorizados por la autoridad, considerando que la estrategia inicialmente estuvo enfocada en deudores con rentas superiores a $ 5 millones mensuales que, pese a haber sido notificados, no regularizaron su situación a través de un convenio de pago.

La situación fue abordada por el diputado RN Diego Schalper, el senador Andrés Longton (RN), el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y la diputada del Partido Cristiano -colectividad en formación- Francesca Muñoz, entre otros dirigentes presentes en la cita.

Al término del encuentro, Ramírez explicó que los partidos pidieron revisar los casos de personas que podrían haber sido afectadas fuera de los criterios originalmente definidos por el gobierno.

“Si el gobierno hace un anuncio respecto de a quién les va a cobrar, la intención que tiene es cobrarles a esas personas y no a otras, y por lo mismo se pidió mayor prolijidad. El gobierno va a analizar la situación para ver cuántos casos realmente pudieron haber caído dentro de un grupo de personas que no estaba contemplado que se cobrara todavía”, sostuvo.

Schalper, en tanto, señaló que “las atribuciones de la TGR tienen que aplicarse con prudencia. Y si hay personas que tenían rentas inferiores y han visto embargado gran parte de su presupuesto familiar, eso tiene que revisarse, especialmente por los límites de la legislación laboral”.

Según el parlamentario, el gobierno se comprometió a revisar la situación y a estudiar mecanismos para canalizar los casos que puedan haberse visto afectados.

La respuesta vino del propio ministro Quiroz, quien al término del comité político abrió la puerta a revisar situaciones particulares, aunque descartó retroceder en la estrategia de recuperación de deuda.

“Si hubiera gente que gana bajo los $ 3,5 millones de pesos voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta, pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme. Se van a dar todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, sostuvo.

Dentro de los relatos viralizados hubo uno que particularmente concentró atención. En un video difundido en redes sociales, un hombre aseguró que la TGR le retiró la totalidad de los recursos que mantenía en su cuenta corriente.

“Al ver eso, obviamente entré en colapso, fui a la Tesorería y me dijeron que no hay manera de que me devuelvan esa plata”, relató. Según explicó, le informaron que el dinero retenido sería descontado de la deuda total que mantiene con el Estado. “Tengo un hijo de un año y esta noticia me devastó”, agregó.

Historias similares se multiplicaron durante los últimos días y dieron pie a críticas desde la oposición, que incluso ofició a la Tesorería para solicitar antecedentes sobre los procedimientos utilizados.

En todo caso, desde la TGR señalaron que el proceso de cobro continuará desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales. Además, que el hecho de que las medidas de embargo hasta aquí hayan sido focalizadas en personas con mayores niveles de ingreso “no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar”.

Quiroz: “Menos de 1.500 personas han sido embargadas”

El gobierno ha defendido la estrategia. La ofensiva de cobro forma parte del plan impulsado por la TGR desde el inicio de la administración de José Antonio Kast para recuperar parte de los recursos adeudados por los cerca de 550 mil morosos del CAE que existían al asumir el actual gobierno.

Según explicó este lunes Quiroz, “menos de 1.500 personas han sido embargadas, buena parte de ellos ganan arriba de $ 3,5 millones al mes, gente que no se ha acercado”. La TGR, a las horas, dijo que eran más de 1.500 las personas embargadas, “un 5% de los casos que han regularizado su deuda a través de convenios”.

La explicación que entregan conocedores del proceso es que Tesorería suele buscar primero los activos más líquidos, como los fondos depositados en cuentas corrientes, antes de avanzar hacia procedimientos más complejos vinculados a bienes raíces.

La semana pasada, de hecho, la entidad anunció que comenzaría el embargo de propiedades de personas que mantuvieran deudas asociadas al CAE y que no regularizaron previamente su situación. La medida ya había sido ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y se informó que sería extendida progresivamente al resto del país.

“El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente”, señaló entonces la institución.

La estrategia se inició en abril con una primera etapa dirigida a 1.340 personas que registraban ingresos superiores a $ 5 millones mensuales y que, pese a haber sido notificadas, no regularizaron sus obligaciones. Posteriormente se incorporaron nuevas medidas de cobro, como la retención de activos financieros, ampliando el universo de afectados.

Antes de avanzar hacia las acciones de cobro forzoso, la Tesorería ofreció nuevos convenios para regularizar las deudas. Aunque numerosos deudores manifestaron no contar con capacidad financiera para adherir a ellos, la entidad informó que más de 18.700 personas habían regularizado su situación hasta finales de la semana pasada.

Según Quiroz, la cifra actualmente es superior. “Prácticamente 30.000 personas se han acercado, han estado poniendo su cuenta al día; va a seguir llegando más gente. El mejor camino es acercarse a reprogramar. Todo aquel que quiera reprogramar va a poder”, sostuvo. Durante la tarde la TGR señaló que eran más de 32 mil.

Los últimos convenios de pago ofrecían cuotas mensuales con un tope del 10% de la renta y límites de pago para el pie inicial obligatorio para acceder al convenio: para rentas de menos de $ 1 millón tanto el pie como sus cuotas mensuales comenzaban en 1 UTM ($ 71.506), para rentas entre $ 1 y $ 2 millones el pie máximo era $ 1 millón. Y para rentas superiores a $ 2 millones el pie máximo era de $ 1,5 millones.

Sin embargo, durante el fin de semana también aparecieron casos de personas que aseguraron no encontrarse en situación de morosidad prolongada -entendida como tres o más cuotas impagas- sino simplemente atrasadas en algunos pagos. Asimismo, surgieron denuncias de personas con ingresos inferiores a $ 1 millón que igualmente habrían sido objeto de medidas de embargo.

Son precisamente esos casos los que los partidos oficialistas pidieron revisar este lunes en La Moneda. Aunque Hacienda accedió a analizar las situaciones que puedan haberse producido fuera de los criterios originalmente definidos, en el Ejecutivo remarcan que la política de recuperación de deuda seguirá adelante.

El biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, remarcó la postura del jefe de Hacienda. “En la medida que sean personas con esos niveles de ingresos que se les hacen los llamados a reprogramar y no se acercan, indudablemente se ejercerán las medidas coercitivas que correspondan y que autorizan la ley”.

Al cierre de su gira por el norte, el Presidente José Antonio Kast replicó con más dureza a quienes han cuestionado los cobros. “Veamos si aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la Tesorería o no. Si sabían o no que tenían una deuda (...). Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta al desarrollo y progreso de la nación”, aseveró.

En el gobierno, en todo caso, recalcan que desde la activación de las facultades de cobro de la Tesorería, la recaudación fiscal diaria asociada al CAE ha aumentado de manera significativa, transformándose en uno de los principales argumentos para mantener la estrategia pese a las críticas.

Debate por legalidad

La agresividad de las medidas que ha adoptado la Tesorería para recuperar fondos derivados de las garantías cobradas por los bancos al Fisco abrió dudas respecto de la legalidad del actuar del organismo. Pese a ello, distintos abogados concuerdan en que efectivamente el organismo puede actuar en la línea que lo ha venido haciendo estos días.

Lo anterior, como explica Cristóbal Pérez, abogado tributario y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, porque las normas que regulan el CAE y el funcionamiento de la Tesorería lo permiten.

Una vez que el Fisco paga la garantía a la institución financiera correspondiente, es el propio Fisco quien subroga y pasa a ser el acreedor de los deudores del CAE. Así, la deuda en cuestión pasa a ser un crédito fiscal que puede ser cobrado vía el procedimiento ejecutivo tributario que aplica la Tesorería.

“El procedimiento de cobro ejecutivo está regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, estableciendo que la lista o nómina de deudores en mora constituyen título ejecutivo, y establece que el Tesorero Regional o Provincial actúan como ‘juez sustanciador’ en este procedimiento de cobro. Dicho juez sustanciador tiene la facultad de ordenar la retención de dineros, créditos u otras prestaciones de los deudores”, explica Pérez.

En el mismo sentido, Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica, plantea que desde el punto de vista legal, “parece claro que cuando el acreedor de la deuda del CAE es la Tesorería, se convierte en un crédito fiscal, y por tanto exigible de acuerdo con el procedimiento de cobranza de la propia Tesorería”.

“Una cosa distinta es la discusión de si la ley que faculta el cobro ejecutivo de la Tesorería de cualquier crédito fiscal es constitucional. La Tesorería está ejecutando un procedimiento que fue diseñado para el cobro ejecutivo de deudas tributarias, en que los derechos que puede ejercer el ejecutado se encuentran muy limitados, lo que puede afectar las garantías del debido proceso en un caso concreto”, dice Bravo quien cuenta que esa vía son los recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Es en función de ello que hasta ahora seis afectados han recurrido al TC para que se declare inconstitucional la retención de sus bienes. Lo anterior, de acuerdo con lo detallado por Bravo, porque se estarían vulnerando las normas del debido proceso por permitir al Fisco la ejecución de un título ejecutivo que creó él mismo.

“Aunque el TC aún no se pronuncia sobre la admisibilidad, y menos aún sobre el fondo de estas acciones, la discusión probablemente se centre en determinar si en el caso concreto de los deudores existe algún tipo de defensa que ellos podrían haber presentado en un procedimiento civil que no puedan interponer en el procedimiento de cobro ante la Tesorería, lo que podría generar un privilegio injustificado en favor del Fisco”, puntualiza.

De igual forma, la abogada constitucionalista y académica Claudia Sarmiento, plantea que “este tipo de cobranza es legal (...) La Tesorería cuenta con las atribuciones pertinentes para ejecutarlo. Las nóminas de deudores morosos firmadas por el Tesorero Comunal constituyen título ejecutivo por el solo ministerio de la ley. Ahora bien, el contar con una facultad no es equivalente a un deber de utilizarla, pero sí lo es el explicar o fundamentar por qué lo hace en un determinado momento y no en otro. Es decir, no es arbitrario cómo se ejercen dichas atribuciones”.

“La Tesorería no se está sobrepasando en sus facultades, pero esto no obsta a que sea necesario indicar si se cobrará con igual celo en otras deudas que particulares tengan con el Estado”, insistió, advirtiendo que los deudores embargados tienen poco margen de acción.

Postura disímil manifiesta la abogada constitucionalista María Soledad Molina Osorio, quien estima que la Tesorería si estaría actuando más allá de sus atribuciones. “El ministro Jorge Quiroz, mediante una instrucción ministerial, pretende transformar las deudas del CAE, de naturaleza civil, en obligaciones tributarias, lo que resulta un abuso de atribuciones que infringen la Constitución, así como afectan las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, propiedad y esencia de los derechos”.

“La Tesorería argumenta que no persigue el cobro de la obligación civil primitiva, sino de un crédito fiscal que surge con ocasión del pago de la garantía estatal, el cual se rige por las normas de derecho público aplicables a la cobranza de acreencias fiscales. Dicha interpretación contraviene la ley, ya que el artículo 18 bis de la ley que regula el CAE, realiza una remisión a la norma expresa para efecto de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería, a las reglas de procedimiento generales”, acota la abogada.