LA TENSION entre Argentina y el Reino Unido por el diferendo acerca de las islas Malvinas ha venido escalando en los últimos meses. El arribo del príncipe Guillermo al archipiélago y el envío desde Gran Bretaña de un moderno destructor han sido interpretados en Buenos Aires como actos inamistosos. Por su parte, la exitosa iniciativa argentina de promover que sus socios del Mercosur -incluido Chile- nieguen acceso en sus puertos a navíos que porten la bandera de las Falklands es vista en Londres como una medida hostil que, incluso, podría presagiar la posibilidad de un bloqueo marítimo contra el archipiélago.

Es en este ambiente que ambos países se aprestan a encarar la conmemoración del trigésimo aniversario de la guerra que los enfrentó por 74 días entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Parece evidente que, a medida que se acercan esas fechas, la tensión irá creciendo, debido a que se trata de un tema que enciende pasiones y en torno al cual Buenos Aires y Londres buscarán la solidaridad de terceros. Esta situación representa un desafío para los países de la región y en especial para Chile, cuya diplomacia debe evitar verse comprometida un conflicto en el que no tiene parte.

Mientras Londres respalda su permanencia en las islas recurriendo al derecho a la autodeterminación de sus habitantes, quienes desean mantener su vínculo con el Reino Unido, Argentina señala que la presencia británica es un resabio colonialista que debe llegar a su término. La estrategia transandina incluye la búsqueda de apoyos internacionales y el aislamiento de las Malvinas. Para conseguir estos fines, ha buscado el respaldo de diversos países e impulsado acciones que intentan limitar el contacto de las islas con el continente.

Esto último afecta directamente a Chile, país que ha expresado solidaridad con el reclamo argentino de soberanía, pero que, al mismo tiempo, mantiene una histórica conexión con las Malvinas y que constituye un socio comercial natural de las islas. Por razones políticas, la diplomacia nacional ha ido cediendo de forma paulatina, pero sostenida, a las demandas argentinas por limitar o dificultar el contacto con las Malvinas. Esto ha significado aceptar, en nombre de las buenas relaciones con el país vecino, la adopción de medidas cuya legalidad incluso puede despertar algunas dudas. Esta conducta conlleva el riesgo de que, al ir en aumento la animosidad entre Argentina y Gran Bretaña, Chile se vea arrastrado a un conflicto en el que no tiene parte alguna, pues la diferencia acerca de las Malvinas es, ante todo, un asunto bilateral que debe ser resuelto por los dos países que lo protagonizan.

Manteniendo su respaldo a la postura de fondo argentina en torno a la soberanía de las islas, la diplomacia chilena debe actuar con habilidad para tomar distancia de un conflicto que, debido a las encendidas pasiones que inflama y a la cercanía del aniversario de la guerra, seguirá escalando en los próximos meses.

Esta actitud hace aún más sentido si, como se espera, la programada divulgación de los archivos británicos da cuenta de la postura pro británica que Chile mantuvo en 1982, la cual debe ser explicada con serenidad y firmeza como una natural reacción de lógica autodefensa dadas las explícitas ambiciones del régimen argentino de la época.