En el comedor del apart hotel O’Higgins sólo se ven mujeres. Es de noche, hace frío en Copiapó, y todos los hombres están en sus habitaciones, viendo el partido de Argentina contra Uruguay por Copa América.

Estas mujeres, viviendo en un hotel nuevo, que no se alcanzó a abrir al público debido al aluvión de barro y agua que tapó las calles y casas de casi todo Copiapó, el 25 de marzo pasado, están en una lucha.

Una lucha feroz.

En el resto de Copiapó, este grupo de 77 personas que vive en el hotel -todos de la Villa Pintores de Chile- son conocidos como los “privilegiados”. El Estado les ha pagado hasta ahora una habitación cómoda, con televisión, con servicio de mucama y tres comidas diarias que se sirven en el comedor.  Eso es lo que se ve desde el exterior. Pero la estadía de este grupo en el hotel tiene que acabar. Funcionarios del departamento social de la intendencia ya les han dado tres ultimátum para que desalojen el lugar. La razón es simple: el gasto diario de cada persona viviendo en el apart hotel es de 29 mil pesos, incluyendo las comidas. Es decir, este grupo le cuesta al Fisco unos 70 millones de pesos mensuales. El más reciente ultimátum tenía fecha para este pasado viernes 19 de junio, pero nuevas negociaciones hicieron que la fecha tope se corriera para el 25 de junio.

Justo el día en que todas estas familias cumplen tres meses de perder todo.

Pero el problema de fondo va mucho más allá del deseo de ir o quedarse en el hotel y tiene más que ver con, simplemente, quedar en la calle. Cada una de estas familias tiene acceso al subsidio  para el arriendo entregado por el gobierno, que en el caso de esta catástrofe es de 300 mil pesos mensuales por un año, más el mes de garantía. El problema es que el subsidio de arriendo, o sea el dinero, no está, no ha sido entregado.

-Todas las mañanas salimos a buscar un lugar para vivir-, dice Doris Gómez (56), una costurera que perdió su casa de cuatro habitaciones en Pintores de Chile.

Gómez habla mientras otras cuatro mujeres la escuchan. Todas están emocionadas, dicen que los últimos meses han sido muy fuertes, que aunque estén en el hotel, se sienten humilladas por la presión que existe para que salgan. Gómez prosigue: -El problema es que nadie nos quiere arrendar si no tenemos el dinero, nadie se quiere arriesgar a arrendarnos sin ese respaldo y, por otro lado, nos presionan para que salgamos.

El intendente PS de Atacama, Miguel Vargas, dice que nadie se va a quedar en la calle, a pesar de que, según los vecinos de Pintores de Chile,  funcionarios del área social de su repartición son los que han dado los ultimátum. Y explica que los bonos de arriendo no se pueden tramitar sin un contrato de arriendo firmado. “Lamentablemente, es la única forma de hacerlo. Hago un llamado a los arrendadores a que el Estado va a cumplir depositando en la cuentas de los arrendatarios”.

Una de las mujeres saca un papel. Es un documento que estipula las condiciones del bono de arriendo. Con ese documento salen a buscar una casa para vivir. Pero el documento no tiene el logo del gobierno, tampoco una firma oficial. “Para los arrendadores, ver este papel no tiene ninguna validez”, dice la mujer que, de paso, muestra una foto de su casa destrozada en Pintores de Chile -la puerta reventada por la presión del barro.

-Todos los días en la noche nos volvemos a juntar acá en el comedor-, dice Mirta Varela (54), empleada en una casa particular. -Nos preguntamos si alguien consiguió un arriendo, pero nada. Y se nos caen las lágrimas de impotencia.

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Hace poco menos de tres meses era imposible transitar por Copiapó sin una 4x4. Era imposible caminar por Copiapó sin que el barro llegara hasta la mitad de la pantorrilla. Hoy, el barro se fue, pero lo que queda es el polvo, pegado a las veredas, al pavimento, y que luego se transforma en polvo en suspensión. Buena parte de la población sigue saliendo a la calle con mascarillas y los servicios de urgencia se ven sobrepasados con enfermedades broncopulmonares. Estar en la calle en Copiapó es tener un sabor a tierra permanente en la garganta.

Algo de ese sabor a tierra llegó para quedarse más allá de lo sensorial. Fueron 22 las personas fallecidas en Atacama, dos mil las casas destruidas, y cinco mil las casas con daños mayores. De los 48 mil estudiantes de la región, poco más de 1.900 todavía no regresan a clases. El 90% de este número pertenece a Copiapó.

El senador RN por Atacama, Baldo Prokurica, se muestra crítico de la gestión del gobierno en su región. Prokurica dice: “Con la plata asignada, el polvo ya no debería ser un tema. Tampoco hay plan ni fechas claras de reconstrucción. Se destinaron 1.500 millones de dólares para reconstrucción y esa plata no se sabe adónde va, no se ve en obras. Hemos solicitado a Hacienda el detalle de los gastos efectuados en materia de limpieza y reconstrucción, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Llevamos un mes esperando”.

Prokurica pone un ejemplo. Dice que del universo de personas que deberían haber recibido el bono de un millón 200 mil pesos para enseres, hasta el momento lo ha recibido sólo el 60% de los potenciales beneficiarios. “Hay un problema de descoordinación tremenda entre el gobierno central y la intendencia, que es la que reparte el bono. A la gente que no le ha llegado el bono es porque el gobierno no ha mandado los fondos a la intendencia”.

Edith Solar (33), empleada en un hotel de Copiapó, no ha recibido el dinero. El primer piso de su casa en el barrio Llanos de Ollantay quedó totalmente anegado el día del desastre. Perdió todo el living y su cocina. “El bono es lo que estoy esperando para poder armarme de nuevo, comprar una lavadora y muebles”, dice. “Algunos conocidos ya lo recibieron, pero no sé por qué el mío no está listo”.

Miguel Vargas (PS), el intendente de Atacama, dice que la entrega del bono de enseres ha llegado a un 75% de los nueve mil beneficiarios. “La demora pasa por los chequeos que hay que hacer, que esté la ficha EFU, que se mande a Santiago al Ministerio del Interior para que ellos hagan el depósito a la intendencia y luego nosotros depositemos en la cuenta RUT de los afectados. Nuestra meta es tener todos los subsidios entregados el 30 de junio”. Vargas dice que en los casos de los subsidios de emergencia, 600 familias han optado por construir en sitio propio, otras 605 han optado por el subsidio de acogida y 107 al de arriendo.

Daniella Cicardini, diputada PS por Copiapó, reconoce retrasos administrativos a la hora de repartir el dinero y los subsidios. “Es un tema de la administración pública en general, que no actúa lo suficientemente rápido en este tipo de emergencias”, dice la diputada. “Todo está muy concentrado en el nivel central y, en nuestro caso, muchas veces es necesario un ministro para que destrabe las cosas. Dentro de todo, eso es lo rescatable: en algún momento vi a todos los ministros de la Presidenta en Atacama”.

El diputado PC por Copiapó, Lautaro Carmona, dice que este no es un problema del gobierno central, pues los recursos para la reconstrucción ya fueron asignados con rapidez. “La suma asignada fue más que respetable para afrontar la reconstrucción”, dice. “Pero aquí hay un problema de burocracia, de que las autoridades locales, en este caso el gobierno regional, hagan expedita la gestión de hacer llegar los recursos. El dinero está, pero no es lo mismo recibirlo cuando se necesitaba que tres meses después”.

El alcalde PS de Copiapó, Maglio Cicardini, no estuvo disponible para comentar sobre la situación de la ciudad postragedia.

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-Somos los únicos en todo Chile que queremos al ministro Peñailillo-, dice, riendo, Doris Gómez, una de las mujeres que viven en el apart hotel O’Higgins. -Para nosotras es “San Peñailillo”-.

La historia de Rodrigo Peñailillo y del grupo de 77 personas que viven en el O’Higgins es la siguiente. A un mes de la catástrofe, ese grupo de damnificados de la Villa Pintores de Chile se encontraba viviendo en carpas, en condiciones precarias, en un cerro con vista a sus casas destrozadas.

Tenían lo mínimo en la mitad del desastre negro.

Gómez recuerda que pasó dos semanas junto a su hijo, de 22 años, en el segundo piso de su casa, sin poder salir debido al barro, comiendo latas de atún. Al salir, de todas maneras, el barro le llegaba a la cintura. Ese fue el día en que se trasladó para vivir en el cerro.

Peñailillo llegó un mes después del desastre. La desesperación de los vecinos fue tanta que el, en ese entonces, ministro de Interior fue encarado. Dicen que Peñailillo se emocionó al ver el estado de las cosas. Y que ese mismo día, coordinó el traslado de los vecinos al apart hotel O’Higgins.

Por eso, “San Peñailillo”.

Hoy, Pintores de Chile, la villa símbolo del desastre en Copiapó, es un pueblo fantasma. Las casas ya no tienen barro en sus interiores, pero las marcas del fango están por todos lados. Quedan colgadas de los muros cubiertos de hongos y en algunos adornos: fotos de familia, de superhéroes, de Violetta, la estrella infantil.

La preocupación ahora es el futuro, de si la villa va a ser declarada zona roja o no. De serlo, tendrá que ser demolida, lo que significa que sus vecinos tendrán que ser asignados a otros barrios. Alejandro Fritis (47), presidente del comité de emergencia de la villa y que alojó a 56 personas en el patio de su casa por un mes, dice estar de acuerdo con el desalojo. “Pintores está en la cota más baja de la ciudad”, explica. “Buena parte del barro que venía bajando por Avenida Los Carrera entró a la villa, inundándola como si fuera una piscina”. La casa de Fritis se salvó, porque está justo en el comienzo de la ladera de un cerro.

Aun así, según el catastro hecho por Fritis, de las 127 familias que viven en Pintores de Chile, sólo 13 se quieren ir. El resto quiere quedarse o buscar una solución alternativa.

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Subiendo por el camino que pasa por Tierra Amarilla y que va cordillera arriba está la parte agrícola de la ciudad. Aquí fue donde el barro arrastró contenedores donde vivían temporeros que escaparon a tiempo. Aquí fue donde cuatro ciudadanos chinos encontraron la muerte arrastrados por el torrente.

Guillermo Baeza (62), agrónomo y asesor de fundos de la zona, cuenta que se perdieron unas 400 hectáreas, principalmente de parrones con uva de exportación, y que existen otras 300 hectáreas que no se sabe si se van a poder salvar. “Ya se perdió un 10% de la producción del próximo año”, cuenta. “Un millón 200 mil cajas a un promedio de 15 dólares por caja”. Unos 18 millones dólares. Baeza dice que de los 20 mil temporeros que llegan a trabajar de noviembre a abril, al menos unos dos mil no encontrarán trabajo. Baeza dice que al sector le costará recuperarse. El gobierno sólo ha comprometido subsidios para los sistemas de riego. Todo el despeje de los terrenos tapados por el barro, además de la inversión de volver a levantar los parrones, correrá, hasta el momento, por parte de los agricultores.

A unos 15 kilómetros al oriente de Copiapó está la agrícola Verchelli. Son 80 hectáreas que parecen un cementerio. En este caso, no se salvó ni una sola hectárea. Sergio Godoy (52), supervisor de terreno, nacido y criado en el lugar, dice que toda la producción del próximo año está perdida. Y que las tierras las van a ir recuperando por paños, ya mirando al 2017 y 2018. Las cerca de 100 personas que debían llegar a cosechar a fines de año tendrán que buscar trabajo en otro lado.

Godoy, quien toda la vida ha vivido en el campo, dice que su familia quedó dañada psicológicamente tras el aluvión, que se tuvo que mudar a Copiapó, a la ciudad, por primera vez en su vida. Su esposa va a terapia en Tierra Amarilla, su hijo en su nuevo colegio de Copiapó.

-¿Y usted?

-Yo no. Yéndose abajo el pilar de la casa, se va abajo todo.

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Paipote, al oriente de Copiapó, fue quizás el barrio más afectado por el barro ese 25 de marzo. Fue en el sector de La Defensa donde se salió el cauce del río, que bajó por dos de las principales arterias, Copayapu y Los Carrera, transportando la ola de lodo al resto de la ciudad.

Es aquí en Paipote donde se instalarán las primeras viviendas por el Desafío Levantemos Chile: 24 casas definitivas de 47 metros cuadrados cada una. El capataz de la obra, Luis Godoy (52), dice que las casas deberían estar construidas de aquí al 16 de julio. Prácticamente, una casa por día. “El problema es que estamos parados con ocho casas esperando un estudio de factibilidad del MOP”, dice Godoy. “Todavía no sabemos si vamos a poder en los terrenos mismos”.

En la calle Caupolicán casi todos se apellidan Bugueño, una de las familias fundadoras, de cuando Paipote era un pueblo fuera de la órbita de Copiapó. Cecilia Martínez (66), una de las que recibirán una casa de Desafío, bota unas lágrimas al hablar de los árboles frutales que perdió cuando pasó la retroexcavadora, cuando recuerda el llanto de su nieta de nueve años, Stefanía, cada vez que piensa en las seis horas que pasaron en el techo de la casa de un vecino. Y, sobre todo, cuando vio a su esposo, José Bugueño (65), llorar por primera vez en su vida después de la tragedia.

Un par de sitios más allá está Manuel Bugueño (69), ex minero, soldador y carruncho. Bugueño, un hombre de piel curtida por el sol y de ojos azules desgastados, abre una caja con sus recuerdos embarrados. Tarjetas de sus hijos, de su esposa, recortes de diarios locales. Toda una vida ahí. Bugueño agradece la casa de Desafío y admite que los vecinos que esperarán subsidios de casas definitivas del gobierno no lo quieren particularmente. “Ellos saben que tendrán que esperar más, quizás cuánto más”.

Aunque se queda en casa de su hijo en Copiapó, Bugueño viaja todos los días a Paipote, a ver sus cosas, a marcar su terreno. Como tantos que lo perdieron todo. En el proceso, recuerda una vida mejor antes del fango, mientras pisa sobre lo que alguna vez fue su casa.

-Aquí encontré mi ropa hecha una miseria-, dice algo ido. -Me daba el gusto de comprar la camisa Bellota, de marca. Ya no.