“Rechazamos tajantemente las indicaciones que el Ejecutivo ha ingresado y queremos hacer un llamado a que recapacite y haga una revisión profunda del proyecto de ley que hoy se está tramitando”. Así de enfática fue la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, frente a los cambios a la Reforma Laboral.

El miércoles pasado ingresó a tramitación un grupo importante de enmiendas a la iniciativa que se discute en el Senado y que han provocado profundas diferencia entre los actores involucrados, incluido parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Los dardos de la multigremial apuntaron a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Trabajo, Ximena Rincón, por lo que consideran un “fracaso” en su afán de detener las intenciones de algunos sectores del oficialismo de “moderar” la iniciativa.

Según Figueroa, las indicaciones presentadas “si bien resguardan aquellos elementos que ya fueron votados en la comisión, es decir, la titularidad sindical y la extensión de beneficios, abren la puerta a debilitar las libertades sindicales por la vía de incorporar reemplazo y descuelgue en la huelga”.

Entre las indicaciones del Ejecutivo se establece que  la prohibición de reemplazo es “de los trabajadores en huelga” y no de los “puestos de trabajo” de los mismos. Adicionalmente, se autoriza al empleador a realizar las “adecuaciones necesarias” dentro de la empresa con el objeto de que los trabajadores que no están en huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.

Para el vicepresidente de la CUT, Arturo Martínez, con estos cambios “se ha vuelto a la idea del reemplazo interno a la huelga. (...)  Esto es un subterfugio y eso le va permitir a la empresa modificar los contratos de trabajo , hacer una cantidad de ajustes dentro de la empresa que al final busca burlar la huelga efectiva”.

Respecto a las enmiendas que permiten la creación de un sindicato con 8 trabajadores, pero con una exigencia de representatividad del 50%, además de la posibilidad de descuelgue al quinto día de huelga, en las micro y pequeñas empresas (Mipes), Martínez dijo que éstas medidas son discriminatorias.

“Aquí hay un problema constitucional. (...) Nosotros no compartimos que en Chile se instale la idea de que hay trabajadores de primera y segunda clase. Creo que ningún parlamentario que votó este proyecto en la Cámara de Diputados puede volver a votar a favor de esta discriminación”.

Durante la conferencia,  Figueroa también hizo referencia a una encuesta realizada por la consultora Mori a mediados de este año y que revela, por ejemplo, que el 70% de los chilenos  está en contra del reemplazo de trabajadores en huelga. Mientras, un 51% apoya la extensión de los beneficios de trabajadores no sindicalizados pero condicionado a un previo acuerdo entre el empleador y el sindicato, para irse nuevamente contra los secretarios de Estado.

“A los ministros timoratos de Trabajo y Hacienda que escuchen esta voz ciudadana, no es una voz de los sindicatos. La inmensa mayoría de los chilenos quiere huelga efectiva, sin reemplazo y sin descuelgue. Ese fue el compromiso de su programa. Eso es lo que la ciudadanía demanda y es por lo que  deben responder”, enfatizó.

Por último, la CUT hizo un llamado a que la Nueva Mayoría se ordene “en función del programa de gobierno”. Asimismo, pidió a los miembros de la Cámara de Diputados que sean “los guardianes de este proyecto de ley que hoy pretende vulnerar el Senado”, de cara al debate  que habrá durante el tercer trámite legislativo y una eventual comisión mixta.

En esa línea, la bancada de diputados DC advirtió que revisarán en forma detallada los cambios que se le efectúen al proyecto en el Senado. “Lo aprobado en la Cámara, al menos para nosotros, constituye el piso de los cambios que se requieren para avanzar hacia relaciones laborales más simétricas, modernas y justas”, aseguraron.