El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por La Araucanía, Gonzalo Arenas, afirmó que es necesario destituir a la ministra del Ministerio de Planificación (Mideplan), Paula Quintana y al director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Alvaro Marifil.

Esto, luego de que durante la semana pasada se ordenara la salida de ocho funcionarios de la Conadi y siete del Programa Orígenes por situaciones anómalas en la entrega de tierras a comunidades mapuche y en un intento por mejorar la gestión de estas entidades. Según el ministro 'para La Araucanía', José Antonio Viera-Gallo, el gobierno esperaba que esos fueran "los cambios indispensables… estos son los cambios que nos parecen indispensables para hacer una inflexión en la eficiencia del trabajo y en la transparencia del mismo".

Sobre el caso de Marifil, la máxima autoridad de la Conadi y sobre quien pesa un sumario, el ministro VieraGallo se limitó a aclarar que "tenemos confianza en su buen desempeño" y recordó que el cargo que existe en su contra es que él no tomó los debidos resguardos en su momento para evitar algunas situaciones".

A pesar de que coincidió con la decisión del gobierno en cuanto a las personas de Conadi y Orígenes, Arenas discrepó abiertamente con tal idea y afirmó que no sólo Marifil debe salir, sino que también la ministra del área.

"Aquí no sólo se debe destituir al director nacional de la Conadi, sino también a la ministra del Mideplan, Paula Quintana", sentenció el legislador.

Para justificar su planteamiento, Arenas resaltó que es la ministra "es la superior jerárquica y hace mucho tiempo debió haber sabido, con una mediana diligencia, sobre las millonarias irregularidades que estaban ocurriendo en este organismo".

El parlamentario acusó que "la Conadi y el programa Orígenes son un verdadero foco de corrupción en la zona y que es conocido desde hace mucho tiempo por las autoridades de Gobierno, quienes estaban en conocimiento que las platas destinadas para las comunidades mapuche no llegarán a ese destino, sino se quedarán en los bolsillos de los funcionarios públicos de la Concertación".