EL PRESIDENTE de la República presentó hace unos días la estrategia nacional de seguridad y defensa (Ensyd), que será consultada con el Senado para luego ser sancionada oficialmente, siguiendo la práctica existente en las democracias desarrolladas.

El documento acoge el concepto de "seguridad ampliada", el cual se hace cargo de amenazas que exceden las nociones tradicionales y propias de la defensa y lo militar, para abarcar otras como el narcotráfico, los ciberataques, la desigualdad social, el cambio climático o los desastres naturales. Esta extensión no es incorrecta, pero su formulación parece exceder el ámbito de un documento generado en el Ministerio de Defensa, pues su tratamiento orienta la articulación y coordinación de las políticas sectoriales. Ello transforma a la Ensyd en una "política de políticas". Sería adecuado conocer el nivel de debate que tuvo la propuesta al interior del gobierno y con los restantes ministerios, pues ella recomienda acciones tan concretas como la necesidad de fortalecer la relación con determinados países o acelerar la construcción de embalses. Las políticas para el desarrollo se formulan buscando el bienestar de la población y en función de su factibilidad, eficacia y eficiencia, y no sólo o necesariamente del nivel de seguridad que proveen, factor que eventualmente debe ser considerado.

Para hacer frente a los desafíos que plantea, la estrategia consigna la necesidad de cambios institucionales, creando un comité interministerial de seguridad, dirigido en la práctica por el ministro del Interior, para coordinar y orientar las acciones en la materia, y un consejero nacional de seguridad, autoridad de carácter permanente, que propone acciones e identifica vacíos, superposición de tareas y duplicidad de recursos en el cumplimiento de las tareas previstas por la Ensyd. Es correcto que las facetas que  se relacionan con aspectos de seguridad en las iniciativas gubernamentales sean entregadas en definitiva al Ministerio del Interior y que haya una instancia de coordinación para evitar omisiones o duplicidades, pero la existencia de dicho consejero es discutible, por cuanto es propia de países en que la entidad del factor seguridad es distinta y aquí son abordadas por autoridades con atribuciones suficientes, siendo lo relevante que exista la debida coordinación.

El principal aporte de la Ensyd se encuentra en la defensa propiamente tal, ya que por primera vez se definen con precisión las tareas del sector, lo que nunca se había hecho sistemática y estructuradamente, y que son básicas para fijar las capacidades y medios con que deben contar las instituciones armadas, que además son expuestos con razonable detalle. Entre aquellas, no se encomienda ninguna tarea de orden y seguridad pública que exceda de apoyar a las fuerzas respectivas con capacidades específicas frente a amenazas de delincuencia transnacional, en conformidad con la ley, como corresponde y sucede hoy, de forma que el debate que se ha levantado al respecto no parece tener base.

Cabe ahora al Senado hacer un análisis profundo y llevar adelante un debate enriquecedor en torno a la estrategia consultada por el Primer Mandatario, para contribuir con su dictamen al mejoramiento y decantación de ella.