Señor director:

Tras la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para la elección democrática de gobernadores regionales, no hay más excusas para no aprobar pronto una buena ley de transferencia de competencias, que permita en los próximos años la instalación de gobiernos regionales y metropolitanos fuertes. Como ratifican estudios de la OCDE, la falta de amplias atribuciones para gobernar regiones y áreas metropolitanas no sólo afecta la democracia y la calidad de vida, sino que reduce en más de 6% la productividad.

Estamos hablando de cómo gobernar ciudades, principales espacios de innovación y desarrollo. En Chile, dos tercios de los ciudadanos y gran parte de los problemas y oportunidades se concentran en ciudades intercomunales y áreas metropolitanas que no cuentan con un gobierno. La solución a sus problemas se reparte en un archipiélago conflictivo de autoridades comunales y ministeriales con facultades parciales y descoordinadas. Además de tener autoridades democráticas, los ejemplos exitosos de gobiernos metropolitanos y regionales tienen un elemento común: existe una visión integrada del desarrollo urbano y territorial, y una autoridad capaz de implementar esa visión.

Por eso la ley de fortalecimiento de la regionalización debe ampliar las atribuciones para gestionar las políticas urbanas. No basta transferir decisiones, sino que se obligará a trasladar todos los servicios a cargo de su implementación.

Todos los senadores exigieron mayores atribuciones para las regiones; llegó el momento de hacerlo, aunque el proceso sea gradual y lleno de aprendizajes.

Luis Eduardo Bresciani L.