ES ILUSTRATIVO que transcurridos casi cinco meses desde la llegada de la Nueva Mayoría al gobierno, algunas de las reformas más emblemáticas que pretende impulsar hayan perdido apoyo a nivel ciudadano. Ello es particularmente evidente en el caso de la reforma educacional, al punto que está siendo objeto de modificaciones sustanciales. Esta falta de sintonía parece ir más allá de desaciertos "comunicacionales" o "matices" entre las fuerzas políticas y, en cambio, emerge con más nitidez que el diagnóstico sobre el cual se construyó el programa del actual  gobierno desestimó un factor relevante: la ciudadanía ha hecho suya la libertad de elección, e incluso está dispuesta a hacer una contribución económica si con ello mejora los estándares en su calidad de vida.

La radicalidad que trasuntan varias de las reformas planteadas al país -centradas en la gratuidad y a entregarle al Estado un rol central en la provisión de servicios esenciales- ha comenzado a chocar con esta preferencia ciudadana, lo que debería ser tomando en cuenta por quienes tienen responsabilidades políticas y de gobierno.  No puede ignorarse que a medida que Chile ha ido creciendo -en casi 30 años ha sido el segundo país del mundo que más ha aumentado su ingreso per cápita-, ello también se ha ido reflejando en mayor bienestar y en la posibilidad de acceder a más y mejores servicios. La posibilidad de escoger el colegio de los hijos, el prestador de servicios de salud o el tipo de vivienda que más se acomoda a las preferencias personales, por ejemplo, es un avance que las personas y sus familias valoran.

El diagnóstico sobre el cual la Nueva Mayoría fundamentó la reforma educacional descansa en que la selección, el lucro y el copago han sido responsables de los insuficientes resultados que arroja la educación chilena en términos de calidad. Se diseñó entonces una reforma que previsiblemente restringiría la oferta de colegios particulares subvencionados, con el fin de privilegiar una educación pública gratuita, sin ningún tipo de copago y sin selección de alumnos. Muchos apoderados han comenzado a advertir el riesgo que significa quedar limitados a la educación estatal, viendo así restringida su libertad educacional, esto es, la posibilidad de elegir un colegio que refleje sus propias preferencias, para lo cual las familias incluso están dispuestas a realizar algún tipo de copago. No sólo quieren mantener la posibilidad de elegir su colegio, sino que les permitan pagar por ello si lo estiman conveniente.

En el fondo, lo que se valora es la igualdad de oportunidades de acceso a los bienes como la educación o la salud, por la vía del subsidio estatal, pero no que sea a costa de traspasar al Estado la libertad de elegir. Lo anterior desafía que la "gratuidad" sea el aspecto más apreciado. Hay estudios que reflejan que más del 90% de los padres valora, por sobre todo, la calidad a la hora de elegir un colegio, y sólo una fracción privilegia la gratuidad. Probablemente, una resistencia similar se comenzará a observar cuando se plantee introducir la gratuidad en el sistema universitario, y ello se logre en la medida que los planteles que quieran recibir fondos del Estado deben congelar sus aranceles o acotarlos a un valor que determine el Estado. Ello también restringiría las alternativas disponibles para la educación superior, y generará nuevas resistencias. Lo mismo ocurrirá en otros ámbitos, como la salud pública, en la medida en que se insista en desconocer la importancia de la libertad de elección.