Según un informe elaborado por el Ministerio de Educación (Mineduc) para el Congreso, de los 6.017 colegios particular subvencionados que hay en Chile, 4.374 tienen lucro potencial, lo que representa un 72% de ese tipo de sostenedores. El documento -elaborado con datos de la Superintendencia de Educación y el Servicio de Impuestos Internos-. además establece que, de los establecimientos que podrían estar retirando utilidades, 980 son dueños de la infraestructura, 1.934 arriendan y 1.460 estarían bajo la modalidad de comodato.

Si se considera el total de colegios particular subvencionados (6.017), el Mineduc informó que 1.676 son propietarios del inmueble donde funciona el establecimiento, 2.274 son arrendatarios y 1.950 estarían en el sistema comodatario.

Al analizar sólo los datos del total de establecimientos que arriendan, se desprende que el 85% tiene potecial lucro (1.934), que 187 corresponden a una persona natural y que 153 no retiran utilidades.

Otro de los antecedentes que se advierte en el informe del Mineduc, es que para el total de 6.017 establecimientos, existen 4.874 sostenedores.

El secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, presentó los antecedentes a la Comisión de Educación del Senado, "con toda la información disponible en el sistema público" respecto de los colegios y su propiedad, entre otros datos. Además, en una caja para cada parlamentario, entregó más de 90 estudios respecto de segregación, selección, lucro y financiamiento compartido.

Esta es la primera vez que el Ministerio de Educación hace públicos los detalles de la composición del sistema particular subvencionado y se concretó en respuesta a un cuestionario elaborado por los senadores de la comisión.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) afirmó que "es un poco tarde para contestar cuestiones que son básicas, les hemos preguntado 20 veces y era clave saber esta situación mucho antes".

El parlamentario agregó que "los datos confirman que los más perjudicados con el proyecto son los colegios subvencionados con fines de lucro, que son los que más arriendan".

Palma reconoció que el Mineduc cuenta con un solo estudio "que habla de la relación lucro y calidad", elaborado por la Universidad Católica, donde se establece que la calidad es mejor en los establecimientos sin fines de lucro, en comparación con aquellos que retiran utilidades.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS), afirmó durante la sesión de anoche, que si se comparan los colegios con y sin fines de lucro "el resultado es que los que retiran utilidades gastan $ 90 mil por alumno en inmuebles, mientras que los segundos sólo $ 50 mil".

El senador socialista afirmó que "hay una inversión que es prácticamente el doble en los colegios con fines de lucro y esto va en desmedro de otras acciones más importantes y en la calidad del aprendizaje".

Rossi planteó que "¿cuánto nos costaría que una corporación adquiera el inmueble? Parece que no nos damos cuenta que si se arrienda con cargo a la subvención, se paga siempre".

Ex ministros

Ayer en la comisión expusieron tres ex ministros de Educación: Ernesto Schiefelbein, Joaquín Lavín y José Pablo Arellano.

Lavín planteó que si la pregunta es si es estrictamente necesario que un sostenedor sea dueño de la infraestructura: "Obviamente no". Y criticó que no se haya comenzado por potenciar la educación pública o al menos que no se hiciera de manera paralela a este proyecto.

Según Palma "la relación de propiedad de la educación tiene que ver con que si el sostenedor es propietario del establecimiento, tienen la garantía de la permanencia en la infraestructura, en cambio, si no es  propietario, no tiene esa garantía".

Respecto de las amenazas de cierre de colegios, Andrés Palma afirmó que "nosotros creemos que nadie debe cerrar, salvo aquellos que consideren que esto es un buen negocio y quieran que siga siéndolo".

Al cierre de la sesión de ayer, Palma anunció que el gobierno va a reponer una indicación -que fue rechazada en la Cámara de Diputados- para que se pueda considerar como antecedente en la apertura de nuevos colegios, "que se trate de un proyecto educativo diferente" y que no solamente esté sujeto a si está o no cubierta la demanda de matrícula en un territorio determinado.