EL RECIENTE fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a casos de mapuches, más las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, han vuelto a poner de actualidad la cuestión de aclarar qué es el terrorismo.

En la historia del terrorismo, actualmente vivimos la versión 4.0. La primera fase se refiere al terrorismo de tiempos remotos; la segunda, a las acciones violentas del anarquismo ruso en el siglo XIX; la tercera consiste en el auge de acciones como el secuestro de aeronaves o la colocación de bombas en zonas pobladas de grandes urbes, que emergió a partir de los años 70; la actual y más reciente se refiere al período post 11 de septiembre de 2001 y a organizaciones tipo Al Qaeda.

Desde 1970 en adelante se han suscrito más de 12 tratados antiterroristas en el mundo. Salvo uno de ellos, en ninguno se contiene una definición o concepto de terrorismo, sino una enumeración de las conductas que se consideran terroristas (secuestro de aeronaves, toma de rehenes, ataque a personas internacionalmente protegidas -como diplomáticos o funcionarios de Naciones Unidas-, sabotaje nuclear, ataques con bombas u otros artefactos mortíferos).

La razón de que se haya optado por no incluir un concepto general en los tratados antiterroristas es que muchos Estados -que en definitiva son quienes discuten y suscriben los tratados- son reticentes a hacerlo, debido a que no justifican "cualquier forma de lucha" en pro de ciertas causas.

La excepción a esta regla general de renuencia a definir el terrorismo en los tratados es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999, que contiene el siguiente concepto general: "Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

En cuanto a los estudiosos y teóricos del tema, hay variedad de criterios. Sin embargo, virtualmente todos coinciden en ciertas características: (i) que se use o amenace con usar la fuerza contra civiles o de modo indiscriminado; (ii) que tal uso o amenaza sea un medio de combate o elemento de una estrategia para lograr ciertos objetivos ideológicos o políticos (incluidos los de inspiración religiosa y también los objetivos buscados por el crimen organizado para conseguir la impunidad u otras concesiones por parte del poder político); (iii) que se busque conseguir dichos fines induciendo un estado de miedo en la población o en sectores de ella y/o procurando una respuesta de las autoridades -sea una reacción débil o excesiva- que se estima favorecerá tales objetivos; (iv) que se busque la más amplia publicidad posible de los actos.

Ciertamente, pueden cometer actos terroristas tanto el Estado como actores privados.