La tragedia de los incendios se repite cada verano, y nos expone una y otra vez a una realidad incómoda: en Chile, las emergencias no fallan por falta de diagnóstico, sino por debilidades persistentes en la gestión y en la institucionalidad.

Solo el primer mes de 2026, los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble ya están entre los más mortales de nuestra historia, con 21 fallecidos, más de 20.000 damnificados. En promedio, nuestro país enfrenta, al menos, una emergencia de magnitud al año, pero aún no hemos sido capaces de consolidar un sistema que permita gestionarlas para recuperar a las comunidades afectadas.

Tenemos un sistema de emergencias fragmentado, reactivo y con responsabilidades difusas. Cambian los gobiernos, cambian los nombres de las instituciones y las autoridades, pero las deficiencias críticas se mantienen. Por ejemplo, la gestión de evacuaciones se reduce, en la práctica, a un mensaje de celular. Es una herramienta útil, pero no constituye un sistema: depende de la conectividad y no integra adecuadamente otros medios, como la televisión abierta, la radio, los sistemas de altoparlantes comunitarios, las sirenas, una coordinación efectiva con autoridades locales y servicios de primera respuesta. Tampoco una operación de evacuación claramente diseñada e implementada. Incluso ante emergencias dinámicas como los incendios forestales.

En 2010, tras el terremoto y tsunami, la gran falla del sistema de emergencias fue precisamente no alertar a tiempo, no entregar información clara y tampoco ejecutar evacuaciones oportunas. Lo mismo ha ocurrido en tres de las cuatro últimas temporadas.

Tras los incendios de 2023 en estas mismas regiones y el incendio de Viña del Mar de 2024, dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados advirtieron las debilidades de las alertas para evacuaciones, así como la urgencia y responsabilidad de intervenir el sistema. A la fecha no hay cambios. Tampoco rendición de cuentas.

Ya no hay tiempo para debates teóricos ni rediseños institucionales de largo plazo. Hay víctimas que requieren una respuesta humanitaria digna, efectiva y oportuna, algo no logrado en los primeros días de esta emergencia. Aquí surge un dilema clave en el actual momento: ¿seguiremos enfrentando estas catástrofes desde la lógica tradicional centrada en la construcción de viviendas, o avanzaremos hacia una mirada contemporánea de la gestión de emergencias enfocada en la recuperación de comunidades?

Esto no se trata solo de reconstruir viviendas. Se trata de recuperar comunidades, lo que implica abordar la infraestructura, pero, por sobre todo, comprender que el enfoque debe ser integral: recuperar el bienestar emocional, social, físico y económico de las personas y de los territorios afectados. Eso supone, por ejemplo, asegurar apoyo psicosocial oportuno, restablecer servicios básicos y de salud, proteger medios de vida, reactivar economías locales y acompañar a las comunidades en procesos de retorno seguros y dignos. Sin olvidar que entre hoy y el día en que se reconstruyan las viviendas existe un proceso que debe ser abordado con refugio, acogida, protección y bienestar. Esa mirada exige que la autoridad se haga cargo de las falencias de una institucionalidad que ha demostrado demasiadas veces que no da el ancho para desafíos como el actual.

Tenemos la oportunidad de hacer un cambio positivo que impactará directamente en las personas y su entorno. Aprendamos de las experiencias y estándares de países desarrollados y apliquémoslas en Chile. Las emergencias seguirán siendo parte de nuestra normalidad.

Por Michel De L’Herbe, Consultor en Emergency Management