SEÑOR DIRECTOR:

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 10.336), data del año 1952. En 71 años ha tenido 11 modificaciones, todas ellas de muy poca significación.

Lo anterior explica en buena medida la situación en que nos encontramos ante la ausencia total y absoluta de un sistema nacional de control, materia que fuera ampliamente tratada por el distinguido ex subcontralor general de la república don Jorge Reyes Riveros, recientemente fallecido, como consta en sus escritos.

A lo anterior se agrega la nula existencia de un control de programas en la administración del Estado por parte del ente contralor, lo que viene a explicar las improvisaciones en que este ha debido incurrir en los últimos días, para intentar justificar el no haber advertido a tiempo los graves escándalos que han aparecido y que no fueron detectados oportunamente por la autoridad contralora.

Curioso -cuando no sospechoso- que un órgano del Estado, clave para el funcionamiento de una democracia sana y robusta, siga regido por una ley obsoleta que tiene más de 70 años, y que todo el mundo político no repare en aquello, ni haga nada.

Así las cosas, lo más grave es que el presupuesto de la Nación de US$ 81.500 millones no está siendo bien vigilado y resguardado, mucho menos controlado como es debido. Pruebas sobran.

Estamos en un problema político no menor. ¡Qué duda cabe a la luz de los últimos acontecimientos!

Carlos Bombal Otaegui