Es simbólico -incluso profético- que el gobierno del Frente Amplio termine con el veredicto absolutorio en el caso Gatica. La reacción evidencia que estamos donde empezamos. La respuesta incendiaria de la clase política contrasta con una decisión fundada y razonada de la justicia -que hace una descripción escalofriante de lo ocurrido el 8 de noviembre de 2019-, y que nadie parece haber querido leer. El círculo se cierra: este gobierno nace con el estallido social, solo para terminar volviendo a él.

El caso es sin duda una tragedia. Nadie con una mínima traza de humanidad puede celebrar el fallo como un triunfo. Sin embargo, ni la empatía que pueda tenerse con el sufrimiento de Gustavo Gatica -y otros afectados- ni la condena moral que pueda tenerse respecto de la persona del ex coronel Crespo, pueden alentar narrativas que relativizan los hechos o erosionen la institucionalidad. La justicia no existe para confirmar relatos morales, sino para establecer responsabilidades conforme a derecho. Paradójicamente, en este episodio solo los tribunales parecen haber entendido y asumido su rol institucional.

Desde el Congreso, las recriminaciones dentro de la izquierda por la aprobación de la Ley Nain-Retamal rozan lo absurdo. Se atribuye al régimen de legítima defensa privilegiada una supuesta incidencia en la decisión que simplemente no es tal. Basta leer -en serio- el veredicto para advertir que el Tribunal, si bien invoca formalmente la ley, explica en detalle cómo concurren todos los elementos de la legítima defensa ordinaria. No hubo privilegio alguno. Insistir en lo contrario y repugnar su propia ley no solo es incorrecto, es una admisión de que los legisladores proponen y aprueban leyes sin comprender sus consecuencias. Una confesión devastadora desde el propio Congreso.

Más grave aún es la reacción del Presidente Boric. Invocando un discurso “desde los principios y el corazón” cuestiona abiertamente la decisión como injusta y afirma que el fallo consagra impunidad. Esto es un eufemismo para sostener que los tribunales actuaron sin principios jurídicos y dictaron una sentencia manifiestamente injusta. No es solo una intromisión impropia en otro poder del Estado, sino una deslegitimación directa de la labor judicial.

El derecho, por cierto, no debe prescindir de la necesaria humanidad, a riesgo de convertirse en crueldad institucionalizada. Pero no existe para remediar cualquier situación que se perciba como dolorosa, injusta o contraria a convicciones personales. No puede reemplazar el juicio razonado por emociones. Cuando el Presidente dice hablar desde “sus” principios y corazón, y se alinea incondicionalmente con quien considera víctima, deja de hablar como Presidente. Es una renuncia a su rol institucional y su deber de hacer cumplir y respetar el Derecho.

En la mitología griega, las Moiras eran las personificaciones del destino, que dictaban inexorablemente el curso de la vida de dioses y humanos. Hay algo de esto en esta escena final del gobierno. Como si fuera un designio inescapable, se nos confirma que nada ha cambiado: el gobierno sigue romantizando la revuelta, y parte de la derecha todavía confunde orden con brutalidad. Si el 2019 la erosión a la institucionalidad provino de la violencia en la calle; hoy proviene de un discurso que, bajo el pretexto de la empatía o los principios, no duda en socavar aquello que debería proteger. Todo sigue igual, como si el destino hubiese sido escrito por las Moiras.

Por Diego Navarrete, abogado