Colegios profesionales y tuición ética

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La propuesta del Colegio de Abogados, que busca la obligatoriedad de asociarse a un colegio profesional para ejercer determinadas actividades, afecta libertades fundamentales de las personas, por lo que deberían explorarse otras soluciones.



No dejó de causar sorpresa que fuera el Consejo del Colegio de Abogados la entidad gremial que resolvió proponer a la futura Convención Constitucional el tema de la obligatoriedad de la afiliación como requisito indispensable para el ejercicio de ciertas profesiones, sobre todo porque se trata de una agrupación profesional cuya conducción desde hace décadas -por decisión democrática de sus asociados- ha estado en manos de personas vinculadas a posiciones de centroderecha. Más llamativo aún es el hecho de que habiendo en estos años numerosas oportunidades de reforma al texto vigente de la Constitución, incluso habiéndose discutido el tema, el Colegio haya guardado un silencio susceptible de ser considerado como una aceptación del sistema de asociación vigente. Por ello este salto propositivo requeriría de mayor explicación por parte del gremio.

En efecto, el acuerdo en comento propone, sin eliminar el principio de la libre asociación consagrado en el texto constitucional vigente, suprimir la prohibición constitucional de exigir la afiliación a una organización profesional como requisito para ejercer determinadas actividades o trabajos. Desde luego, no resulta claro entender cómo funcionaría en un estado de derecho una norma que en sede constitucional sostiene la libertad de asociación, con otra que en sede legal establezca la colegiatura obligatoria para ejercer una profesión.

Si el colegio profesional sostiene como fundamento principal para su nueva postura que actualmente el control ético de los abogados no colegiados -que son la mayoría- se encuentra sujeto a los tribunales ordinarios de justicia, y tal situación se ha mostrado en los hechos de un alto grado de debilidad sancionatoria y vinculada solo al ámbito de la litigación -quedando fuera de todo control un cada vez más amplio espacio de ejercicio profesional-, resultaría entonces más pertinente volcarse con urgencia a corregir dichas insuficiencias y no alterar un principio fundamental para la libertad de los individuos.

Tras la decisión del Colegio de Abogados, también se ha conocido que el Colegio Médico pretende formular una propuesta similar a la instancia constituyente, tal de recuperar la tuición ética en la profesión médica, y por tanto la colegiatura obligatoria. Otras entidades gremiales también evalúan propuestas similares. Es un hecho que si se introdujera la excepcionalidad que plantea el gremio de los abogados, será difícil justificarla solo para algunas profesiones, siendo previsible que la mayoría de los gremios sentirá el derecho de reclamar para sí estas mismas prerrogativas. La sola idea de que el ejercicio de una profesión pueda ser condicionado por criterios de terceros genera de suyo una natural resistencia, y es posible que el alto número de profesionales no colegiados sugiera que estas entidades no despiertan suficiente confianza o que los beneficios de pertenecer a éstas no son evidentes, sin perjuicio de que en general los colegios profesionales cumplen un rol relevante en la sociedad.

La preocupación por el cumplimiento de estándares éticos es de primer orden, pero en vez de avanzar en afiliaciones forzosas, deben evaluarse otras soluciones. Las universidades pueden cumplir un rol preponderante en reforzar la formación ética de sus alumnos, y los propios colegios profesionales abocarse a mejorar sus estándares a fin de hacer más atractiva la colegiatura voluntaria.

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