A las 9.00 horas de este lunes, en una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast, el gobierno dará a conocer los ajustes de uno de los proyectos que considera prioritarios para este año: la indicación sustitutiva a la iniciativa de Sala Cuna Universal.

La actividad contará con la participación de los ministros del Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín; de Educación, María Paz Arzola, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quienes acompañarán al Mandatario en la presentación de una iniciativa que busca destrabar una discusión que se arrastra desde hace años en el Congreso.

La apuesta del Ejecutivo apunta a resolver uno de los principales cuestionamientos que existían sobre el proyecto: su financiamiento. Junto con ello, incorpora un mecanismo de gradualidad para avanzar hacia la cobertura universal y modifica aspectos del diseño original que, según ha sostenido el gobierno, generaban distorsiones en el mercado laboral.

Los principales lineamientos fueron esbozados este domingo por el ministro Rau en entrevista con El Mercurio. Ahí explicó que la propuesta considera liberar a los empleadores -especialmente a las pequeñas y medianas empresas- de la obligación directa de proveer el servicio de sala cuna.

“Lo estamos liberando de esa responsabilidad”, afirmó el secretario de Estado al referirse a una de las modificaciones que contendrá la indicación sustitutiva. Según explicó, versiones anteriores del proyecto obligaban al empleador a proveer el servicio, lo que representaba un costo particularmente elevado para las pymes.

La iniciativa también contempla una implementación gradual de cuatro años. De acuerdo con el diseño descrito por Rau, durante el primer año ingresarían los hijos de mujeres regidas por el Código del Trabajo y de padres con tutela que trabajen.

En una segunda etapa se incorporaría a hijos de trabajadoras independientes y de casa particular. Posteriormente se sumaría a hijos de padres causantes cuyas madres estudian o buscan empleo. Finalmente, el cuarto año incluiría a hijos de padres causantes cuyas madres no estudian ni trabajan.

“Si implementamos todo al mismo tiempo, puede haber escasez de cupos, pero si lo hacemos gradual vamos a poder generar espacios para la oferta”, sostuvo el ministro.

Respecto del financiamiento, uno de los puntos más debatidos durante la tramitación de la iniciativa, Rau explicó que la cotización para el Fondo de Sala Cuna sería “en torno a 0,3%” y que estaría compensada mediante una reducción en la cotización destinada al seguro de cesantía.

Además, el diseño contempla un aporte fiscal acotado durante la etapa inicial y una garantía estatal para cubrir eventuales déficits derivados de una mayor demanda o de incrementos en los costos del sistema.

Rau aseveró que el esquema analizado por la Dirección de Presupuestos busca evitar que la medida tenga efectos negativos sobre los costos laborales.

La discusión sobre el financiamiento fue precisamente uno de los principales focos de controversia durante el período de transición entre gobiernos. Mientras el entonces equipo entrante cuestionaba la viabilidad económica de la propuesta impulsada por la administración anterior, desde el gobierno saliente defendían que los recursos estaban contemplados.

La entonces ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respondió en ese momento a las críticas señalando que “una cosa es que no les guste el esquema de financiamiento (...), pero desfinanciado no está”.

Aunque la idea de la Sala Cuna Universal ha mantenido un respaldo relativamente transversal en el Congreso, sí se han generado fricciones respecto de su viabilidad financiera.

Una muestra de aquello ocurrió en mayo pasado, cuando durante la discusión del denominado Plan de Reconstrucción Nacional -la principal reforma económica impulsada por el Ejecutivo- la oposición logró aprobar en la Cámara de Diputados una indicación destinada a incorporar la Sala Cuna Universal.

En ese debate, el diputado frenteamplista Jorge Brito defendió la propuesta argumentando que constituía una alternativa más eficiente para fomentar el empleo femenino.

“La sala cuna es una alternativa mucho mejor, que gasta menos dinero, cinco veces menos que la del crédito tributario”, sostuvo entonces.

Sin embargo, la aprobación generó una inmediata reacción del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una reserva de constitucionalidad argumentando que la indicación afectaba las finanzas públicas y vulneraba atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

“El gobierno hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, afirmó en esa oportunidad.

La presentación de la indicación sustitutiva ocurre, además, en medio de una intensa semana legislativa para La Moneda. En paralelo a la discusión de la megarreforma en el Senado, el Ejecutivo busca dar velocidad a una serie de iniciativas consideradas prioritarias y, al mismo tiempo, responder a la ofensiva impulsada por el Partido Comunista para modificar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal.

En ese contexto, el sábado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció el ingreso con urgencia de dos proyectos vinculados a ampliar la protección de las policías: uno para aumentar las penas por atentados contra Carabineros y otro para extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco.

“Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Nain-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías”, sostuvo el secretario de Estado al anunciar ambas iniciativas.

A ello se suma el ingreso del proyecto que crea el denominado Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos, una iniciativa anunciada por Kast durante su Cuenta Pública y que, según confirmó este domingo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez -en diálogo con Mesa Central de Canal 13-, ya fue presentada a través de la Cámara de Diputados con urgencia suma.

La propuesta contempla la creación de un registro para personas condenadas por distintas conductas que afecten la convivencia pública y considera consecuencias accesorias que podrían ir desde restricciones para acceder a determinados beneficios estatales hasta limitaciones para obtener algunos permisos o prestaciones.

Según detalló el subsecretario más tarde, entre ellas se cuentan “la imposibilidad de obtener licencia de conducir o pasaporte, hasta la posibilidad de perder becas de posgrado. La posibilidad de perder el acceso a subsidios de vivienda, la posibilidad de perder beneficios como la pensión garantizada universal o la gratuidad en los casos más graves (...) O, como en otras partes del mundo, (la posibilidad) de acceder a espectáculos deportivos“.