Columna de Daniel Matamala: Matasanos

“Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. Usted, ¿qué hace?”. La frase se atribuye al economista británico John Maynard Keynes, famoso por su fórmula para enfrentar las crisis: en tiempos de recesión, propuso, los gobiernos deben inyectar dinero a la economía para poner en marcha el gasto, la producción y el empleo.

Para los neoliberales, esto es anatema: su credo manda que la intervención gubernamental es dañina, y que los mercados en el largo plazo se ajustarán solos (“en el largo plazo todos estaremos muertos”, respondía con sorna Keynes). En Chile, los Chicago Boys aplicaron esa “política de no hacer nada”, como la describe Patricio Meller, en la crisis de los 80. El desastre resultante lo conocemos.

El keynesianismo volvió en gloria y majestad con la crisis global de 2008, que derrumbó la fe ilimitada en mercados que se ajustan solos, y ha sido norma en la pandemia: inyectar dinero permite mantener el consumo y salvar hogares, empresas y empleos durante las cuarentenas.

En Chile, como sabemos, el gobierno reaccionó tarde y mal. Se empecinó en mezquinar las ayudas sociales, llegando a celebrar que el IFE fuera de sólo 65 mil pesos, limitado y decreciente.

En ese contexto, el primer retiro de las AFP se volvió inevitable. Era una mala política pública, porque obligaba a cada persona a rascarse con sus propias uñas, permitía retirar más recursos a los más ricos, que tenían mayores ahorros, y comprometía las jubilaciones futuras. Pero el primer retiro terminó siendo un mal necesario, que no sólo salvó de la emergencia a millones de chilenos, sino que inyectó liquidez al corazón de una economía agonizante. Los dos primeros retiros aportaron un 2,8% al PIB durante 2020, evitando un desastre aun mayor.

El viejo Keynes vino al rescate.

Pero desde entonces los hechos de los que hablaba Keynes han cambiado radicalmente. Hace un año, para el primer retiro, la mayoría de los chilenos estaba bajo cuarentena; los empleos se destruían a cifras récord; las pymes y los comercios caían en la quiebra, y la ayuda estatal era insuficiente. La economía moría de hipotermia. El segundo trimestre de 2020, el PIB se derrumbó un impresionante 14,2%.

Hoy, cuando se discute el cuarto retiro, todo Chile ya está fuera de la cuarentena; los empleos se recuperan; el comercio reabre sus puertas, y el IFE, que tan necesario era hace un año, ahora sí se entrega, con 15 millones de beneficiados y una inyección de 100 millones de dólares diarios. El gasto en IFE equivale a un hospital nuevo cada tres días y una línea completa de Metro cada quincena.

Es muchísimo dinero, insostenible a largo plazo. Y que puede generar el mal opuesto: una fiebre llamada recalentamiento. En el segundo trimestre de 2021, la economía creció una cifra sin precedentes: 18,1%.

En ese contexto, tan opuesto al de 2020, el cuarto retiro tendría, también, consecuencias opuestas. “Es distinto entregar recursos para alimentar el consumo cuando la economía está en una recesión, a cuando está en riesgo de recalentamiento”, dijo esta semana el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtiendo que este tendría “consecuencias extremadamente graves”.

Por cierto, hay personas que legítimamente esperan ese cuarto retiro para cubrir deudas o hacer inversiones. El problema es que esas decisiones individuales tienen graves efectos colectivos. Uno ya existía con el primer retiro, y ha ido creciendo con los siguientes: cinco millones y medio de personas quedarían sin ahorros con el cuarto retiro, y sus pensiones futuras deberán ser cubiertas solidariamente por todos los chilenos. El segundo efecto es nuevo: el de inyectar una enorme cantidad de dinero (los tres retiros ya suman casi 50 mil millones de dólares) a una economía recalentada.

Es que al pasar de la hipotermia a la fiebre ataca un virus llamado inflación. No hay vuelta que darle: si se suministra demasiado dinero a la economía, los precios suben. Esto puede ser un efecto secundario inevitable en el fondo de una recesión: mejor que el enfermo sobreviva, aunque se afiebre. Pero ese ya no es el caso.

Los que más dinero pueden retirar son los que más fondos tienen en las AFP. Y precisamente los más ricos tienen formas de cubrir sus ahorros de la inflación que generan. Pero los más pobres, que ya no podrán retirar un peso de las AFP, y que viven al día, quedarán a la intemperie: sus escasos ingresos valen cada vez menos cuando suben los productos básicos, la UF y los arriendos.

Ellos recibirán todo el costo y ningún beneficio, agudizando más aún la desigualdad.

Por eso, un keynesiano de tomo y lomo como el economista y premio nacional de Humanidades Ricardo Ffrench-Davis apoyó el primer retiro, pero rechaza el cuarto. “Nos queda una tremenda desigualdad. Otro retiro la agrava”, sostiene.

El presidente de la comisión que discute el proyecto, el diputado PS Marcos Ilabaca, se tapa los oídos. Las advertencias se deben, dice, al “alto nivel de desconexión de la élite económica. Nunca le ha tocado vivir lo que la ciudadanía sufre”.

Es cierto que cuando se tramitó el primer retiro algunos economistas y autoridades gritaron que “viene el cuco”, con una serie de amenazas que fueron desmentidas por la realidad. Dijeron que “Chile se va a incendiar”, que el retiro “es impracticable”, “destruye el mercado” y que las sucursales de las AFP sufrirían una “ola de incendios”.

Pero una cosa es criticar las amenazas catastrofistas y los conflictos de interés de algunos economistas, como hicimos en su momento en esta misma columna, y otra muy distinta es hacerse los lesos frente a una evidencia que hoy es incontrarrestable.

2021 no es 2020. Los hechos, como advertía Keynes, han cambiado. El paciente que sufría de hipotermia, hoy presenta síntomas de fiebre, y ese mal, en forma de inflación, ataca en especial a los más pobres.

Quienes empujan este retiro lo saben. Aunque posen de comprensivos médicos, están actuando como vulgares matasanos.