En diciembre de 2001, el país se conmocionó ante las imágenes del acuchillamiento entre barristas de Colo-Colo. Luego, en 2004, en presencia del Presidente Eduardo Frei, integrantes de la llamada “Garra Blanca” quemaron los tablones de la gradería norte del Estadio Nacional. Frente a cada evento se anunciaron modificaciones legales, endurecimiento de medidas, cambio de actitud de dirigentes, de la ANFP, de los clubes deportivos… y aquí estamos. Veinte años más tarde, las autoridades, leyes, mandos policiales y protagonistas de los delitos han cambiado, pero las consecuencias siguen siendo las mismas. La quema del memorial de los detenidos desaparecidos y las butacas del Estadio Nacional a manos de delincuentes denotan que no hemos avanzado lo suficiente en garantizar la seguridad en los recintos deportivos.

¿Dónde fallamos? Probablemente en varios aspectos. El inicial, a mi entender, está en la frivolidad para enfrentar este verdadero flagelo criminal de parte de autoridades y dirigentes deportivos. Se reduce un fenómeno delictual llamando “incidentes” a delitos; humanizando a sus autores denominándolos “hinchas” y no delincuentes, y se justifican los delitos en razón de la “pasión”. El lenguaje muchas veces condiciona las acciones. Chile necesita asumir que estamos frente a una realidad criminal mucho más profunda que tocar un bombo en un estadio. Al hincha hay que defenderlo, al delincuente condenarlo. Para ello se requiere de sistemas de información y análisis que permitan distinguir entre unos y otros. En algunos casos se trata de organizaciones que, de hecho, operan más allá del estadio. Por ello, cualquier estrategia supone autoridades y funcionarios que comprendan la profundidad del fenómeno.

El mundo tiene experiencias derivadas de dramáticos hechos que no queremos ver en Chile. La tragedia de Heysel, Bélgica (1985), obligó a Europa a asumir la gravedad del flagelo llegando a firmar el convenio europeo de violencia deportiva que obliga a los países miembros de la comunidad a cumplir estándares preventivos y operativos bajo riesgo de sanciones que llegan a la expulsión de las competencias internacionales de fútbol.

A mediados de 2001 tuve la oportunidad de conocer y estudiar las medidas operativas adoptadas por el Home Office de Reino Unido. Casi tres pisos de analistas de inteligencia, sociólogos, criminólogos, expolicías, dedicaban su jornada a conocer quiénes eran los hooligans y grupos similares, de donde venían, sus motivaciones, sus redes con otras organizaciones criminales o políticas y a materializar las normas operativas de cada espectáculo. Hay un “sistema” que opera de manera coordinada y eficiente.

En Chile podríamos detallar numerosas fallas, pero la principal es nuestro “not-sistema de seguridad”, que implica que cada institución hace esfuerzos que no están adecuadamente coordinados ni evaluados en función de resultados. Algunos aspectos a corregir podrían ser la falta de especialización; el anonimato en la compra de tickets, la falta de sistemas de reconocimiento facial en estadios; sistemas de televigilancia...

Podemos cambiar leyes, autoridades e incluso los autores de la violencia, pero mientras no exista un “sistema de seguridad” especializado no podremos avanzar en garantizar que los estadios sean lugares de espectáculo y entretención y no de violencia y temor.

Por Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior, investigador Cescro Universidad San Sebastián