Esta semana conocimos las enmiendas presentadas por diversos sectores en el Consejo Constitucional. Particular interés se ha generado por las presentadas por el Partido Republicano debido a su contenido y al hecho de que junto a Chile Vamos ostentan mayoría para aprobar sus posturas.

El consejero Luis Silva (PR) sostenía que “la democracia funciona resolviendo los desacuerdos con votación y la decisión que prima no es la de la minoría, sino que la de la mayoría”, y se puede sostener que el principio democrático es justamente ese, el gobierno de la mayoría. Pero, la tentación por aprobar normas apegadas exclusivamente a la posición mayoritaria del Consejo Constitucional puede desdibujar el objetivo constitucional, que es proveer a una sociedad de un marco que posibilite la convivencia en paz de todos los habitantes del país. De modo que construir una Constitución que represente a la sociedad en toda su diversidad se levanta como deber democrático.

Desde este punto de vista, el ideal democrático no está dado exclusivamente por el gobierno de la mayoría, sino que por que dicho gobierno también se ejerza en respeto y consideración de las minorías. Esto se vuelve relevante en la discusión constitucional ya que es donde se definen los bordes de la comunidad política poniendo a prueba las actitudes republicanas de los actores que participan. Esto es reconocer que en democracia la condición de mayoría es esencialmente pasajera lo que obliga al reconocimiento de la legitimidad del adversario político aunque sea minoría circunstancialmente, moderación en el ejercicio del poder, respeto por las instituciones y procesos de la democracia, incluyendo a la sociedad civil y prensa en la deliberación, etc.

Esta disyuntiva se ve bien reflejada en los resultados del reciente proceso de participación ciudadana. En particular el ingreso de 31 Iniciativas Populares de Norma con más de diez mil firmas que reflejan la diversidad de anhelos de la ciudadanía. Al menos 15 de esas propuestas están vinculadas a temáticas que han sido demandadas por sectores relevantes de la sociedad; salud, educación, pensiones, vivienda, paridad, agua, protección a los trabajadores, cuidados, entre otras.

Además de los resultados de la participación, otras recientes mediciones reflejan algo parecido. Como el Informe “¿Cómo vemos el proceso constituyente 2023? Miradas a una segunda oportunidad” de Espacio Público e Ipsos, cuyas estadísticas señalan que el 91% cree que es importante para el país que se incluyan derechos sociales como salud, educación, pensiones y vivienda en la nueva Constitución y 63% cree que se debe incluir la igualdad de género.

Los y las consejeras deben de actuar de una manera republicana para elaborar una Constitución que englobe derechos que han sido exigidos desde el retorno a la democracia y en todos los procesos constitucionales.

El éxito de este proceso radica en que los tomadores de decisiones no hagan la vista gorda a las demandas que han planteado diversos sectores del país y que son fundamentales para construir un pacto social representativo e igualitario. Recoger y garantizar derechos permitirá una Constitución que sea eje de una convivencia democrática y pacífica, que permita dotarnos de estabilidad en los siguientes 30 años.

Por Josefina Correa, coordinadora de Incidencia, Fundación Ciudadanía Inteligente