Por Mauricio Morales, académico Universidad de Talca
La Convención no cumplió con su objetivo, que consistía en ofrecer una Constitución que, al menos, no siguiera dividendo a los chilenos. Si bien concluyó su mandato en el plazo establecido, eso no es motivo de orgullo. A ningún trabajador se le aplaude por terminar a tiempo sus tareas.
¿En qué falló la Convención? Fundamentalmente en tres dimensiones. Primero, diseñando instituciones de espaldas a la evidencia. Segundo, asumiendo que Chile está inmerso en una crisis institucional, e ignorando que -en realidad- la crisis es de representación. Tercero, confundiendo representantes con instituciones, cuestión que quedó de manifiesto con la eliminación del Senado y con el confuso proceso para invitar a los expresidentes a la ceremonia de cierre.
Respecto al primer punto, el nuevo sistema político no está probado en ninguna parte del mundo. La convivencia entre un sistema presidencial y un bicameralismo asimétrico, sumado a un mecanismo de mayoría simple para votar las leyes, reelección presidencial, y autorización para que los legisladores presenten proyectos que irroguen gasto público, anticipa más problemas que soluciones. Sobre esto último, ya sabemos los resultados. Una de las causas de la inflación del Chile pre 1973 fue, precisamente, la irresponsabilidad fiscal derivada de legisladores que hacían explotar el gasto público. En el gobierno del Presidente Frei Montalva se suprimió esta atribución. Sin embargo, la Convención no reparó en esta lección histórica. Lo propio sucedió con la reelección presidencial, una institución eliminada hace 150 años. ¿La razón? En los últimos años de mandato los presidentes se dedicaban a hacer campaña con recursos públicos. Si bien el texto establece límites, es inevitable que el Presidente en ejercicio actúe con las ventajas propias de un incumbente.
El segundo punto corresponde a una confusión de fondo. La Convención trabajó erradamente bajo el supuesto de que Chile vivía una crisis institucional, sin reconocer ni valorar que con esas instituciones el país tuvo los mejores 30 años de su historia, reduciendo la pobreza y, a menor velocidad, la desigualdad. Decidió, entonces, fulminar el sistema político, creyendo que la solución estaba en modificar la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Desafortunadamente, la Convención rascó donde no picaba, pues el problema principal del país radica en una profunda crisis de representación. Cambiar el sistema político no generará mejores representantes ni mejores resultados. El supuesto de la crisis institucional y la ausencia de un debate sobre la crisis de representación explica, en gran parte, por qué los partidos están fuera del nuevo texto.
El tercer punto es la confusión entre personas e instituciones. Bastan dos ejemplos. Para eliminar el Senado no se esgrimió ningún argumento empírico, sino que se catalogó a sus miembros de oligarcas. Por eso mismo, había que eliminarlos. La Convención no reparó en que el Senado es más rápido para legislar mociones que la Cámara. Pasó lo mismo con los expresidentes. En lugar de respetar la institución de la Presidencia, la Convención enredó las cosas al punto de confesar que el problema tenía nombre y apellido: Sebastián Piñera.
Por todos estos errores de fondo, el trabajo de la Convención queda reprobado.
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