Tras el asesinato del sargento de carabineros Carlos Retamal en San Antonio, Camila Vallejo, la vocera de gobierno, hizo un punto de prensa en donde llamó a los testigos a denunciar a la persona que había cometido el crimen. Necesitaban de su colaboración para dar con el victimario. Vallejo pidió a quienes hubieran estado presentes, denunciar su identidad y su paradero. El llamado de la vocera tenía sentido; era posible que los testigos, que participaban en carreras clandestinas, se sintieran atemorizados de hablar o acudir a la policía a brindar información dado el contexto y la gravedad del hecho. La vocera añadió la siguiente frase en su declaración a la prensa: “no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones, muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos, que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial”. Una oración principal y una subordinada. El objetivo era encontrar al asesino.

El jueves 13 de octubre en la mañana, comenzó a circular por las redes sociales la declaración de la ministra Vallejo editada, encuadrada y tergiversada por comentarios que sugerían que sus palabras tenían un significado muy diferente: exculpar o defender al criminal, justamente por la frase “no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones”. Algo totalmente absurdo, porque la frase era una apelación a los testigos, sin embargo, muchos, demasiados, quisieron interpretar como una defensa al asesino. Enseguida cientos de cuentas replicaron el mensaje, acusando a la ministra Vallejo de estar de parte de los delincuentes y en contra de la policía. Personas comunes y corrientes, dirigentes políticos e incluso académicos hicieron eco de un video manipulado y acusaron a la ministra de proteger al criminal. En Twitter los insultos crecieron exponencialmente y en Tik Tok decenas de cuentas de videos la amenazaban y vapuleaban, crispando el ambiente en su contra. Bastaba solo ver la declaración de la ministra Vallejo entera para darse cuenta que era un video editado maliciosamente para generar lo que generó: rabia y odio en contra de una figura política que estaba cumpliendo de forma impecable el mandato de su cargo. Pese a que la situación era muy fácil de aclarar, nadie de entre quienes la atacaron -dirigentes destacados, comentaristas con tribuna- pidió disculpas o se retractó. Tampoco ayudaba la reacción de la prensa: un medio en particular calificó el asunto como una “polémica”, utilizando una palabra que alude a una discusión o controversia. Pero aquí no hubo tal cosa, la ministra solo intentó lo que todos esperábamos: encontrar al asesino. La noticia era un caso de manipulación y difusión de falsedades. Alguien -¿quién?, ¿quiénes?, ¿por orden de quién?- había tomado las frases y las había ajustado para transformar un asesinato en un arma política. Quien haya sido lo logró. Seguramente muy pocas personas vieron el video completo, o repararon en el absurdo de lo que se sugería con la tergiversación. Como suele ocurrir, eso quedará como un sedimento que ayudará a carcomer nuestra convivencia y la estabilidad política del país.

Las autoridades del gobierno anterior conocen y saben muy bien que la policía uniformada, tal y como funciona hasta ahora, tiene serios problemas para enfrentar el delito y para conducirse en manifestaciones de protesta pacífica. Saben que son dos asuntos que deben abordarse y que no se trata de una disputa ideológica, sino de los hechos avalados por casos de público conocimiento desde hace décadas: desde su capacidad operativa en situaciones de riesgo, hasta la calidad de inteligencia que produce y utiliza; desde la formación de las fuerzas especiales -escasísima y apresurada- hasta el control de su hacienda interna y la fiscalización del poder civil. Los políticos y políticas serios deberían dejar en claro que el intento por tener una mejor policía no es querer destruir una institución, y que poner la situación de crisis sobre la mesa no es estar a favor de la delincuencia, sino justamente abordarla de un modo eficaz y eficiente. Hasta el momento todos esos dirigentes que suelen invocar la polarización y la falta de diálogo como quien habla de un escándalo ajeno, lo que hacen es impedir que los cambios que Carabineros necesita, sean llevados a cabo.

Lo que ha ocurrido desde el triunfo de la opción Rechazo no se parece en nada a la promesa de diálogo y amor que difundían tanto los partidos conservadores como los autodenominados amarillos de centroizquierda. Muy por el contrario, han colaborado con prestancia en la labor de menoscabar gratuitamente a autoridades, incluso sacando provecho de videos como el que tergiversaba las palabras de la vocera. Han contribuido, además, a que las críticas legítimas al gobierno se mezclen con mentiras y falsedades y le han abierto las puertas de las instituciones a sujetos que actúan en montonera, amenazando personas y esparciendo odio. Tomaron palco, pero se dieron tiempo de sentar en la mesa del proceso constitucional a un señor cuya actividad diaria es amedrentar políticos, sin hacerse cargo de las consecuencias que esto puede llegar a tener.

A tres años de un estallido social que movió el eje de nuestra convivencia, la demanda ética que suponía restaurarla no se ha cumplido. La pequeñez y la mezquindad campean. La frivolidad impera. La irresponsabilidad arrasa.