El cumplimiento del fallo de la Corte Suprema con respecto a las Isapres es un punto de inflexión mayor para este gobierno. La Corte Suprema reconoce la tabla de factores del año 2019 como instrumento legítimo y conmina a la autoridad a aplicarla de manera tal que no se perjudique en precio a los actuales cotizantes.

La complejidad del fallo está en la búsqueda del equilibrio entre la protección de los beneficiarios mandatada por Excelentísima Corte Suprema y el financiamiento necesario para alcanzar dicho fin con las nuevas reglas.

El Superintendente de Salud ha declarado que dejar caer las Isapres es una locura y somos muchos los que, compartiendo la misma opinión de la autoridad, estamos preocupados de que las voluntades políticas no sean lo suficientemente generosas para acelerar una solución.

Tenemos evidencia en esta materia pues el fallo del TC del año 2010, sobre la tabla de factores nunca tuvo respuesta a través de la materialización de una ley y sólo fue resuelto por vía administrativa en la adecuación del año 2020. La postergación de las reformas ha sido un catalizador importante de esta crisis terminal.

Otro antecedente que tampoco nos tranquiliza como cotizantes es la existencia del proyecto de ley que propone crear un grupo adicional E en Fonasa, pues esta solución se orienta a resolver la quiebra del sistema y no implementar el fallo de la Corte Suprema.

Este proyecto de ley, cuyo espíritu es dar solución a las personas y especialmente a los adultos mayores, crónicos y personas con enfermedades graves tiene una serie de problemas que la hacen en la práctica infactible. Por muy bien intencionada que sea se transformaría en el cortísimo plazo en una promesa imposible de cumplir por el Estado con dichos cotizantes.

Lo anterior porque buena parte de los contratos que se traspasarían a Fonasa en el Plan E no tendrían equilibrio financiero. Hacerse cargo de estos convenios, generaría una pérdida a Fonasa del orden de 250 mil millones de pesos anuales. Adicionalmente traspasar a los cotizantes a Fonasa costaría otros 200 mil millones por mayor gasto en licencias médicas debido a las diferencias en tasas de rechazo de ambos sistemas.

La quiebra de las Isapres forzaría un fuerte ajuste en el sector salud. Los prestadores privados verían afectados sus ingresos y deberán enfrentar la irrecuperabilidad de parte significativa de sus cuentas por cobrar además de alteraciones en los plazos de éstas. Lo anterior generará problemas de liquidez y en algunos casos la quiebra de prestadores, haciendo imposible la promesa de cobertura en las mimas condiciones del plan de salud

Finalmente, la irrupción de estos pacientes sobre la ya sobrecargada red pública incrementará exponencialmente los incumplimientos y las listas de espera, afectando a los beneficiarios de Fonasa. Lo anterior aun en el caso que una parte significativa de los actuales beneficiarios de Isapres puedan seguir utilizando la red privada de prestadores.

De esta forma un proyecto de ley de esta naturaleza se transformaría en el cortísimo plazo en un problema provocando impacto fiscal y externalidades en los otros cotizantes del Fonasa.

Hoy los cotizantes ya vivimos los efectos de la actual crisis en materia de reembolsos. Esperamos celeridad en resolver el mecanismo para dar cumplimiento al fallo de la Excelentísima Corte Suprema.

Sabemos que además del componente técnico se requerirá de un acuerdo político transversal y esperamos que esta vez los ciudadanos si seamos escuchados y tomados en cuenta poniendo nuestras preocupaciones y anhelos en el centro.

Victoria Beaumont

Directora Fundación Politopedia

Movimiento Ciudadano Salud Libre