A pesar de que la presencia militar en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío ha logrado reducir el número de atentados incendiarios, los ataques no se han detenido del todo e incluso se han registrado hechos particularmente graves, como la reciente quema de más de 30 viviendas en el Lago Lanalhue, hecho que fue adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche, el cual se encargó de hacer saber al nuevo gobierno que la “lucha continuará”. Una amenaza similar formuló el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quien dijo que se seguirá en la senda de la “autonomía revolucionaria”.

Estos hechos ciertamente constituyen una amenaza directa al estado de derecho, lo que exige prontas definiciones del presidente electo, que en poco tiempo más tendrá la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad en la Macrozona. Sus declaraciones han sido enfáticas en cuanto a que la violencia no es el camino, condenando la acción de estos grupos subversivos, y ha reiterado que la solución pasa por el diálogo y por generar un nuevo trato hacia los pueblos originarios, haciéndose cargo de sus demandas históricas.

Ciertamente un gobierno debe apelar a todas las instancias posibles de diálogo y negociación para asegurar salidas que promuevan los caminos de paz, pero es evidente que cuando estos grupos han declarado que seguirán recurriendo a métodos violentos -como de hecho lo han demostrado por estos días-, es indispensable que la autoridad se haga cargo de ello y explicite ante la ciudadanía de qué forma pretende enfrentar esa realidad.

Si lo que se busca es explorar alternativas de diálogo, Boric debería explicitar si dichos acercamientos serán sin exigencia alguna, o si ello quedará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, como sería el hecho de renunciar a las armas o a la violencia, cuando menos mientras se dialoga. En el pasado estos grupos violentistas no han dado tregua alguna a los gobiernos, ni siquiera a aquellos que han sintonizado más con las demandas de la causa mapuche, por lo que el nuevo Presidente debe estar preparado para el evento de que los intentos de acercamiento no prosperen.

En ese orden de cosas, sería relevante conocer desde ya cuál será el criterio del nuevo gobierno en relación con el estado de excepción constitucional, el cual fue decretado por el Presidente Sebastián Piñera en octubre pasado, y desde entonces ha sido renovado quincenalmente con el concurso del Congreso, tal como lo exige la Constitución. Gracias a esta facultad excepcional que entrega la Carta Fundamental, ha sido posible movilizar personal de las Fuerzas Armadas para apoyar a los cuerpos policiales en labores de vigilancia y protección, lo que ha sido altamente valorado sobre todo por los habitantes de La Araucanía.

La postura de Gabriel Boric como diputado ha sido contraria al estado de excepción, haciendo ver que la violencia no se combate con violencia. Si la acción de estos grupos violentitas no se detiene, y la intención de las futuras autoridades fuera no seguir con el estado de excepción, entonces se debería explicar a la ciudadanía la pertinencia de prescindir del apoyo que hoy prestan las Fuerzas Armadas.