SEÑOR DIRECTOR

No hemos terminado de salir de la pesadilla de las violaciones graves y sistemáticas a los DD.HH. cometidas en Chile a partir del 18-O, cuando nos encontramos con noticias de Colombia, que nos sitúan en un doloroso déjà vu sobre protesta social y DD.HH.

Aunque cada fenómeno tiene sus contornos particulares, saltan a la vista coincidencias alarmantes vinculadas con el déficit de respeto y garantía de ellos, caracterizadas por: (1) un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales ante fenómenos de protesta social, que trae como consecuencia violaciones graves a los DD.HH. de los manifestantes; (2) estas prácticas son amparadas por autoridades políticas que respaldan en sus declaraciones públicas el actuar de las policías, a la vez que no adoptan medidas oportunas para garantizar la protesta social; (3) relativización en el discurso público del valor de los DD.HH., condicionando su respeto y garantía al cumplimiento de deberes; (4) el desarrollo de un relato político que opone seguridad pública a derechos humanos; (5) deshumanización del protestante (con la consecuente negación de sus derechos), aludiendo a su carácter de “enemigo” interno y; (5) cuestionamiento político estatal a la labor de instituciones supranacionales de protección de derechos.

El derecho a la protesta social es consustancial a la democracia y su garantía es un deber ineludible para los Estados. Las coincidencias apuntadas entre Chile y Colombia nos ponen ante la inevitable pregunta de qué hacer frente a este fenómeno. Tenemos, al menos, dos grandes desafíos: profundización de una cultura política democrática que ponga en el centro a los DD.HH., evitando la tentación relativista y, además, volver a abrir nuestra caja de herramientas para encontrar nuevas estrategias para mejorar la eficacia de los sistemas nacionales e internacionales de protección, que han quedado impotentes frente a este tipo de violaciones.

Constanza Núñez Donald

Académica Fac. de Derecho Universidad de Chile