Finalmente, durante la mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast presentó en Cerro Castillo la anunciada reforma al mercado de capitales, enfatizando que tiene como foco “la casa propia”. De hecho, la iniciativa que ya ingresó al Congreso e inició su tramitación con urgencia suma en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue llamada “proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y financiamiento para la casa propia”.

La iniciativa en cuestión se articula en torno a cuatro ejes, con medidas orientadas a: facilitar el acceso a la casa propia; ampliar las fuentes de financiamiento para empresas de distintos tamaños; modernizar la regulación; y generar mejores condiciones para atraer capital y desarrollar actividad financiera desde Chile.

Además, el gobierno publicó el informe financiero, donde se especifica que el costo fiscal -incluyendo el efecto positivo sobre el crecimiento- sería de $260.677 millones (unos US$281 millones) entre 2027 y 2031.

Esto incluye la capitalización anual de $600.000 millones para los años 2027, 2028 y 2029, lo que suma $1.800.000 millones (unos US$2.000 millones). En tanto, para el periodo que va entre 2032 y 2041, el informe proyecta ganancias por $1.569.376 millones, equivalente a cerca de US$1.696 millones.

Acceso a la vivienda y fomento al ahorro

El foco que más enfatizaron el Presidente Kast y el ministro Quiroz, fue respecto del pilar que apunta a dar mayor acceso a la vivienda. Este es “el proyecto que facilita el ahorro de la casa propia”, dijo Quiroz este miércoles. Kast apuntó a lo mismo: “Hay algo que nos reúne: la casa propia”.

Acá se busca crear el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), un fondo que adquirirá créditos hipotecarios “mediante procedimientos competitivos”, explica una minuta de Hacienda, donde detalla que el monto de las viviendas será de hasta UF6.000.

El Estado podrá aportar hasta US$2.000 millones en un plazo de hasta 36 meses, con un aporte inicial de US$500 millones previo a la constitución del primer fondo, y se podrá apalancar hasta diez veces su patrimonio mediante la emisión de deuda con garantía estatal. Eso significa que el fondo podría alcanzar hasta US$20 mil millones.

El proyecto también propone crear el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), una cuenta destinada exclusivamente a completar el pie de la primera vivienda, nueva o usada, de hasta 6.000 UF. Se requerirá que la persona ahorre durante al menos 30 meses, y se exigirá reunir un 7% del valor de la vivienda; mientras que el Estado aportará un 3% adicional, completando el pie requerido para el financiamiento hipotecario. “Este es el único ítem relevante de costo fiscal de este proyecto”, dijo Quiroz a los parlamentarios.

El AVV comenzará a regir 36 después desde la entrada en vigencia de la ley y por los cinco años siguientes. Además, será administrado por entidades fiscalizadas por la CMF, esto incluye bancos, administradoras de fondos, compañías de seguros de vida, cooperativas de ahorro y crédito, y cajas de compensación.

“Aquí la fórmula es simple: es menos pie, tasas de interés más bajas y más plazo para la deuda hipotecaria. Son los tres conceptos esenciales”, manifestó Kast. Y expuso que el objetivo es conseguir una menor carga financiera para las familias. “Hemos perdido esa posibilidad de tener créditos de largo plazo, bueno, va a mejorar”, puntualizó el mandatario.

También con el objetivo de fomentar el ahorro, el gobierno buscará dar mayor espacio para ahorrar con incentivos en el régimen A del APV, elevando de 6 UTM (unos $433 mil) a 8 UTM ($577 mil) anuales el tope de la bonificación fiscal, actualizando un parámetro que se mantiene sin cambios desde 2008.

Más acceso a capital para empresas

El segundo pilar, que corresponde a dar más acceso a capital para empresas de distintos tamaños, busca ampliar las alternativas disponibles para que puedan acceder a financiamiento las compañías consolidadas, de menor tamaño y proyectos en etapas tempranas.

Acá, la minuta de Hacienda destaca una propuesta sobre bonos empresariales. “Se simplifican las reglas aplicables a los bonos acogidos al artículo 104 y se elimina la retención de 4% sobre sus intereses. Los inversionistas residentes continuarán tributando mediante el Impuesto Global Complementario, pero sin esa retención previa. El objetivo es facilitar nuevas emisiones y mejorar el acceso de empresas chilenas al financiamiento mediante deuda”, puntualiza.

Otra medida en este pilar, apunta a dar mayor acceso a empresas de menor tamaño al mercado. “Se modifica el beneficio tributario aplicable a la ganancia obtenida por la venta de determinadas acciones. En vez de exigir que esas acciones tengan un alto nivel de transacciones en bolsa, se requerirá que al menos un 15% de la propiedad esté en manos de inversionistas no vinculados al controlador, permitiendo que empresas de menor tamaño también puedan acceder a este régimen”, explica el documento.

La misma lógica de presencia bursátil se replica para las cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos, condicionando el beneficio a que el propio fondo, o al menos el 90% de su cartera, cumpla con dicho estándar de liquidez.

Adicionalmente, hay una propuesta sobre reinversión a través de fondos. “Se permite reinvertir recursos entre fondos mutuos y fondos de inversión públicos sin gatillar inmediatamente el impuesto correspondiente, siempre que los recursos permanezcan reinvertidos. La medida busca facilitar que el capital continúe financiando sectores como pymes, facturas y capital de riesgo”, señala la minuta.

Ahora, además, habrá un segmento junior de la Bolsa. “Se crea un segmento especial para empresas de innovación y crecimiento y proyectos de exploración minera, con reglas proporcionales a su etapa de desarrollo y acompañamiento de un agente patrocinador. Para incentivar la inversión se incorporan beneficios tributarios, entre ellos un crédito equivalente al 35% de la inversión, con un tope de 50 UTA”, afirma.

Actualización de normas y procesos

En el tercer pilar, que se refiere a una actualización de normas y procesos del mercado, el proyecto busca modernizar “procedimientos creados para un mercado distinto al actual, buscando reducir trámites y costos y aplicar reglas acordes con las características y riesgos de cada actividad”.

Acá se propone crear un registro más rápido de valores. “Se corrige el registro automático para que pueda utilizarse en acciones, cuotas de fondos y otros valores, permitiendo su inscripción en un día hábil cuando corresponda”, afirma la minuta.

También hay una propuesta para que se puedan emitir “mini-bonos”. Allí se establece “un registro especial para emisiones de empresas medianas, con información enfocada en los antecedentes necesarios para evaluar riesgo y retorno, creando una alternativa de financiamiento adaptada a su escala”.

Adicionalmente, se propone una regulación proporcional para fondos, es decir, “se faculta a la CMF para ajustar determinadas exigencias según el riesgo efectivo de administradoras y fondos, junto con permitir gestores especializados sujetos a registro y fiscalización”.

Otro tema es la reducción de quorums calificados en las sociedades anónimas. El proyecto señala que “la existencia de un quorum supramayoritario incentiva a que los controladores mantengan una participación mayoritaria amplia, lo que resta profundidad y liquidez al mercado accionario”.

En esa línea, explica que en el mundo, el principal accionista de una empresa listada en promedio concentra alrededor del 35% de la propiedad de la compañía, “en Chile ese promedio supera el 50% de propiedad. Incluso, en Estados Unidos el principal accionista posee en promedio tan solo el 20%”.

Por eso, propone rebajar de dos tercios a mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto el quorum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas para materias como la cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro de Valores, y rebajar de la unanimidad a dos tercios de las acciones emitidas el exigido en el artículo 79 para apartarse del dividendo mínimo obligatorio de 30%, entre otros aspectos.

Squeeze out: este es otro mecanismo contemplado en la propuesta. El proyecto permite a cualquier persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que llegue a poseer más del 90% de las acciones de una sociedad anónima abierta, exigir la venta forzosa del capital que no está en sus manos sin exigir autorización estatutaria previa ni una vía específica de adquisición del control.

“El controlador solo podrá ejercer este derecho una vez transcurridos tres meses desde que informó su posición a la Comisión, y siempre que haya mantenido ese porcentaje de forma ininterrumpida durante ese período, resguardo que evita que el mecanismo se use para consolidar posiciones transitorias”, dice el proyecto.

Por otra parte, la iniciativa propone habilitar al Banco Central para abrir cuentas especiales a intermediarios de valores.

Chile como centro financiero regional

El cuarto y último pilar apunta a “reducir barreras para atraer financiamiento, facilitar inversiones internacionales y desarrollar desde Chile servicios financieros para clientes extranjeros”.

Un primer tema es la exportación de servicios financieros. Esto contempla “servicios de gestión, asesoría y consultoría financiera y administración patrimonial prestados desde Chile a clientes extranjeros podrán acogerse a la exención de IVA, incluso cuando los recursos administrados permanezcan en el país”, señala la minuta.

El segundo tema busca incentivar el ingreso de inversionistas extranjeros: “Se elimina la obligación de obtener RUT para inversionistas no residentes que participen exclusivamente en determinados instrumentos de los artículos 104 y 107, eliminando un trámite de entrada al mercado local”.

En tercer lugar, se quiere dar más movilidad para que haya financiamiento desde el exterior. Al respecto, “se amplía la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) para determinados créditos obtenidos por bancos e instituciones financieras en el exterior y destinados al mercado chileno, reduciendo costos asociados a esas fuentes de financiamiento”.

El ministro Quiroz dijo a los parlamentarios que “el impacto tributario de este proyecto es bajísimo. Es menos del 0,02% del producto. Y hay una explicación: porque básicamente, lo que han hecho muchos de estos tributos que estamos cambiando, es reprimir a tal nivel la transacción, que no hay transacción”.

Respecto de la banca, viene un tema particular sobre capital de bancos sistémicos. La legislación actual señala que el requisito de capital para bancos sistémicos implica un mínimi de 1% y un máximo de 3,5%. Además, dicho capital es tratado como parte del patrimonio mínimo del banco por lo que su incumplimiento gatilla restricciones automáticas y graduales a la distribución de utilidades.

El proyecto propone sujetar su cumplimiento al “régimen de restricción escalonada de dividendos del artículo 56 en los mismos términos que hoy rigen para los colchones de conservación y contracíclico. También reduce el piso del rango de la exigencia desde 1% a 0%”.

Ley de Fraudes bajo la lupa

El proyecto también apunta a hacer perfeccionamiento de la Ley de Fraudes. El informe financiero sintetiza la norma de esta forma: “Se sustituye el estándar de dolo o culpa grave, que en la práctica resulta imposible de acreditar por el emisor, por el de culpa leve propio del derecho común, y se incorpora una presunción de falta de cuidado del usuario cuando la operación se realizó con autenticación reforzada, presunción que opera en sede judicial, de modo que el emisor sigue requiriendo autorización del juez para suspender la restitución”.

Además, ahora el proyecto busca permitir que las personas puedan contratar seguros contra fraudes en medios de pago, algo que la ley vigente prohíbe.

“Voy a tocar el único artículo que puede generar cierto debate, creo yo”, comenzó planteando el ministro Quiroz a los parlamentarios. “Este es un tema que va a requerir cierto debate y habrá distintas opiniones, y lo ponemos acá porque esto es parte del costo del sistema. ¿Cuánto cuesta hoy día la Ley de Fraudes? Sabemos que en el pasado lejano, para decir las cosas como son, los bancos no respondían casi por nada, y la culpa siempre la tenía el cliente. Después nos pasamos al otro extremo y la culpa la tiene el banco y entonces hay clientes que la verdad es que han defraudado al banco, ha sido al revés", dijo.

Luego, agregó: “¿Y hoy día dónde estamos? Estamos en una situación donde el sector financiero en 2025 gastó US$202 millones. La plata se reparte, así que este costo al final no lo pagan los bancos, lo pagan los usuarios. Pero lo más relevante, es que la tasa de fraude en Chile versus Europa es cuatro veces más que en Europa, y eso es una señal de atención".

Es más, sostuvo que “en BancoEstado solamente en 2026 este costo ha aumentado en 34%”. Agregó que “desde el Ministerio de Hacienda siempre le pedimos los dividendos, entonces el BancoEstado viene a quejarse, que la ley de fraudes lo hace gastar US$70 millones al año”.

Quiroz aseguró que “Chile es el único que tiene todo eso junto. O sea, culpa grave, sí, hay en muchos países, pero no existen países que tengan las cuatro. Culpa grave, carga de la prueba, prohibición de comercializar seguro y sede judicial. Entonces, lo que estamos haciendo para bajar estos costos, que al final los pagan todos, es pasar de la culpa grave a la leve, mantener la carga de prueba en los bancos, permitir comercializar seguros, seguimos en sede judicial, pero hacemos un cambio muy relevante en la denuncia: convertimos la denuncia en digital y estandarizada”.

Esto último significa que “hay un solo instrumento, digital, estandarizado para todos los bancos, que yo si quiero hacer una denuncia, lo lleno, y esa es la denuncia que es igual para todos”.